Inmigrantes de bajos recursos tendrán acceso a fianzas de acuerdo con su capacidad de pago
Una corte del centro de California avaló un acuerdo que permitirá a indocumentados de bajos recursos tener acceso a fianzas para esperar en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración.
Por:
Jorge Cancino.
Gracias a un acuerdo entre la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ICE y los jueces de inmigración, ahora será más fácil que los migrantes que permanecen en centros de detención puedan pagar la fianza para recuperar su libertad. Los montos irán desde los $1,500 hasta los $20,000 dependiendo de cada caso. Te contamos cuáles son los factores que determinarán cuánto deberá pagar cada indocumentado. Más noticias aquí.
Video ICE y ACLU llegan a un acuerdo para imponer fianzas menos costosas a los inmigrantes detenidos en el sur de California
Una corte de California avaló un acuerdo que permitirá a indocumentados pobres tener acceso a fianzas para esperar en libertad la resolución de sus casos de inmigración.
El juez Jesús Gilberto Bernal, de la Corte de Distrito del Distrito Central de California, aprobó el lunes de esta semana el acuerdo entre los demandantes, Xochitl Hernández y César Matías, y el Departamento de Justicia que había sido alcanzado en octubre del año pasado.
PUBLICIDAD
El convenio judicial impide que las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Distrito Central de California retengan bajo fianza a extranjeros que están indocumentados en el país sin tener en cuenta su capacidad de pago.
Abogados consultados por Univision Noticias y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) esperan que el acuerdo se amplíe a nivel nacional.
"Abre las puertas para que las personas que en verdad tienen casos fuertes para pelear en los tribunales y no tienen recursos, puedan hacerlo. Es una oportunidad humana. Muchos no salen libres porque no tienen familiares aqui (en Estados Unidos) que los ayude"; dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigrtación que ejerce en Los Ángeles, California.
En muchos casos inmigrantes en proceso de deportación que no tenían otra falta que la permanencia indocumentada en Estados Unidos (un asuntoi de carácter civil no criminal) , han permanecido detenidos durante meses porque no podían pagar la fianza que los colocaba en libertad.
El anuncio de la corte es una “importante victoria legal para los derechos de los inmigrantes”, dijo la ACLU en un comunicado. “El tribunal federal aprobó un acuerdo que prohíbe que ICE y los jueces de inmigración establezcan fianzas irrazonables para los inmigrantes detenidos por no considerar sus recursos financieros”, agregó.
ACLU explicó que antes de este caso “el gobierno no estaba obligado a considerar la capacidad de pago al establecer la fianza para las personas que enfrentaban la deportación”.
Agregó que “muchos inmigrantes permanecieron encarcelados durante meses o incluso años simplemente porque no podían pagar la fianza”.
Citando un fallo emitido en 2017 por el fallecido juez del 9º Circuito, Stephen Reinhardt, el grupo de derechos civiles dijo que “si bien la detención temporal de no ciudadanos a veces puede justificarse por preocupaciones sobre la seguridad pública o el riesgo de fuga…, ninguna persona puede ser encarcelada simplemente por su pobreza".
El acuerdo alcanzado entre las partes y respaldado por la corte, puso fin a la demanda colectiva conocida como Hernandez v. Garland, que fue presentada originalmente en 2016 y litigada por la ACLU, la Fundación ACLU del Sur de California y abogados pro-bono de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Mayer Brown LLP.
Tras conocer la determinación de la corte, Michael Kaufman, abogado principal de Sullivan & Cromwell Access to Justice en ACLU SoCal, dijo que “el acuerdo pone fin a la práctica vergonzosa del gobierno de encarcelar a inmigrantes sin siquiera considerar su capacidad para pagar una fianza”.
“La Constitución prohíbe el encarcelamiento basado en la pobreza, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos”, indicó.
Cesar Matías, uno de los demandantes en el caso, es un originario de Honduras y trabajaba como peluquero en una fábrica de ropa. Fue detenido en 2012 y llevado a un centro de detención de ICE ubicado en Santa Ana, California.
“Estoy orgulloso de haber participado en esta demanda para ayudar a otros inmigrantes”, dijo Matías. “Espero que ninguna otra persona se vea obligada a permanecer detenida durante años porque no pueden pagar su fianza”, señaló.
PUBLICIDAD
Matías buscó asilo en Estados Unidos porque sufrió una severa persecución en su país de origen por ser gay, según documentos judiciales. Se le permitió salir en libertad después de pagar una fianza de $3,000, pero Matías no tenía el dinero, lo que lo obligó a permanecer en la cárcel durante cuatro años.
Tras la presentación de la demanda, Hernández fue liberado con una fianza de $5,000 que se pagó con la ayuda de una organización comunitaria, y se le ordenó usar un monitor de tobillo. La demanda fue certificada como demanda colectiva en 2016.
Tras conocer el aval de la corte de Distrito sobre el acuerdo, Stephen Yale-Loher, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York, señaló que este viernes la Corte Suprema “escuchará argumentos orales en dos casos sobre si los inmigrantes que han estado detenidos por más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza para ser liberados”.
“Dos tribunales inferiores sostuvieron que, en ciertos casos, los inmigrantes tienen ese derecho. La mayoría conservadora de la Corte Suprema puede estar en desacuerdo”, indicó.
Yale-Loher dijo además que “en uno de los casos, Antonio Arteaga-Martínez argumentó que, para evitar una violación del debido proceso, él y algunos otros inmigrantes deberían tener derecho a una audiencia de fianza después de seis meses de detención”.
Sin embargo, el año pasado la Corte Suprema dictaminó 6-3 “que los inmigrantes que regresan ilegalmente a Estados Unidos después de ser deportados deben ser retenidos sin derecho a fianza mientras esperan una segunda audiencia de deportación”.
PUBLICIDAD
“Los casos son importantes, en parte debido a la gran acumulación de casos en la Corte de Inmigración. Más de 1.7 millones de inmigrantes tienen casos pendientes”, situación que puede “llevar años para obtener una decisión”, dijo.
“Si los inmigrantes deben ser detenidos todo ese tiempo, los costos monetarios y sociales serán inmensos”, apuntó.
1 / 13
José Hernández. A pesar de todas las trabas que le significó ser un inmigrante mexicano en Estados Unidos, logró hacerse astronauta. Antes de estudiar ingeniería eléctrica y computación en la Universidad de California, cuando niño, tuvo que aprender junto a sus hermanos el inglés. En este reportaje
con la CNN confiesa que solo hasta los 12 años logró un inglés fluido.
