Jueces de inmigración temen perder independencia y convertirse en empleados del gobierno de Trump
“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos años”, dijeron los jueces en agosto del año pasado.
Por:
Jorge Cancino.
La administración del presidente Donald Trump alega que los integrantes de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) no son empleados sino gerencia y, por lo tanto, no tienen el derecho de organizarse colectivamente. Por su parte, los magistrados advierten que esta estrategia del gobierno busca silenciarlos.
Video Casa Blanca presiona para disolver sindicato de jueces de inmigración, crítico de políticas de Trump
Cinco meses después de que el Departamento de Justicia amenazara con descertificar a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y eliminar su sindicato, la entidad se prepara para librar una batalla legal esta semana en Washington DC.
“Nos estamos preparando para (asistir a) la audiencia ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (Federal Labor Relations Authority ) que se realizará esta semana”, dijo a Univision Noticias Dana L.Marks, presidencia honoraria de la NAIJ.
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“La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, una dependencia del Departamento de Justicia) se movilizó para descertificar a NAIJ alegando que los jueces de inmigración son funcionarios de gestión porque hacen (son los encargados de ejercer) la política (migratoria)”, agregó.
Marks recordó que hace 20 años “este mismo desafío lo perdió la EOIR, pero lo están intentando nuevamente afirmando cambios sustanciales en nuestro papel”.
De conseguirlo, “significaría que el sindicato ya no podría existir”, advirtió la presidenta honoraria de la NAIJ. “Cuestionar este nuevo intento es ahora nuestro principal enfoque”, indicó.
En agosto del año pasado el diario The New York Times reportó que el DOJ estaba intentando “descertificar” a la NAIJ, una maniobra que podría “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”.
El ministerio presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados "funcionarios administrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia.
La treta emprendida por el gobierno para dejar sin voz a los jueces de inmigración fue se inmediato cuestionada por abogados del gremio. “Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo entonces Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “La administración está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de los jueces para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.
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Nieblas dijo además que “al forzar su silencio, nos acercamos un paso más al autoritarismo en el campo de la Ley de Inmigración”. Y señaló que “este es otro ejemplo de por qué las cortes de inmigración deben ser independientes del DOJ y el gobierno. No puede ser que el Poder Ejecutivo arreste a inmigrantes y busque su expulsión de Estados Unidos, y que también controle completamente el sistema judicial que promete un juicio justo”, puntualizó.
Para la mayoría de los miembros de la NAIJ los planes del gobierno para descertificar el sindicato son “desalentadores”.
“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos años”, dijo Marks en agosto.
En octubre Un grupo integrado por 80 congresistas, todos ellos demócratas, pidieron al fiscal general, William Bar, que suspenda las acciones emprendidas por el DOJ con el propósito de descertificar el sindicato de jueces de inmigración.
“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación y oposición a la petición que presentó el 19 de agosto, tratando de descertificar el trabajo de NAIJ”, dijo el grupo en una carta.
El pedido de cancelación “busca aplastar los derechos de negociación colectiva de los jueces de inmigración”, y forma parte de “una de las muchas acciones que ha tomado el Departamento de Justicia para socavar sistemáticamente la independencia de los jueces de inmigración y la integridad del sistema judicial”, señaló la misiva.
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Los representantes solicitaron además a Barr que “tome medidas inmediatas para restaurar los poderes que necesitan los jueces de inmigración, y que puedan operar de manera justa y eficiente dentro del sistema de tribunales de inmigración”.
En octubre los jueces de inmigración dijeron estar “profundamente preocupados” por los juicios secretos implementados por el gobierno de Trump en la frontera, y advirtieron graves violaciones al debido proceso de los migrantes que huyen de sus países y llegan a Estados Unidos en busca de asilo.
“La NAIJ cree firmemente que la transparencia, y el acceso público a nuestros procedimientos, son esenciales para garantizar que cada persona que se presente ante nuestros tribunales reciba el debido proceso requerido por la ley”, señaló la asociación.
Los jueces indicaron además que “estamos profundamente preocupados porque los procedimientos acelerados que se llevan a cabo en la frontera han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos, e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.
La NAIJ denunció además que “actualmente, menos del 2% de las personas” que están siendo procesadas bajo el Programa de Protección de Migrantes (MPP) “han podido obtener abogados”, situación critica que les dificulta sus casos de asilo.
El MPP fue implementado por el gobierno de Trump a finales de enero en respuesta a la negativa del gobierno mexicano de declararse Tercer País Seguro, término basado en los principios de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y que permitiría a Estados Unidos negar asilos y remitir a las personas a México.
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Desde que el programa fue implementado más de 56,000 migrantes han sido regresados a México tras pedir asilo a esperar sus citas en una corte de inmigración estadounidense, que en algunos casos pueden demorar meses bajo condiciones de inseguridad y pobreza extrema peores que aquellas que generaron la búsqueda de asilo.
El pasado 20 de diciembre la Fiscal General Adjunta Claire McCusker Murray juramentó a un grupo de 28 nuevos jueces de inmigración durante una ceremonia en la sede central de la EIOR en Washington DC.
En su discurso de bienvenida, tras la juramentación, McCusker Murray dijo que los nuevos jueces “son empleados del Departamento de Justicia, servidores públicos dedicados que trabajarán para cumplir la misión del Departamento de garantizar la administración justa e imparcial de la justicia”.
Y agregó que “como jueces, con su arduo trabajo y dedicación promoverán el estado de derecho y mantendrán la integridad de nuestro sistema de inmigración”, que para el gobierno de Trump se basa en una política de tolerancia cero implementada desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.
McCusker Murray dijo además que cada uno de los 28 nuevos jueces de inmigración había sido seleccionado por el Fiscal General Barr debido “a su capacidad para enfrentar este desafío”, y que el gobierno “les confiaba su autoridad para interpretar y administrar las leyes de inmigración de manera justa, expedita y equitativa”.
“Están asumiendo sus deberes en un momento crítico. Los aumentos significativos en el número de casos en los últimos años han gravado los recursos de EOIR en un grado sin precedentes. Aunque EOIR está completando casos a nivel histórico, el flujo de casos nuevos continúa sin cesar”, puntualizó.
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Durante el gobierno de Trump han sido juramentados casi 250 nuevos jueces de inmigración, elevando el número a 465, “un 85% más que hace cinco años”, dijo el DOJ.
A su vez, las cortes de inmigración acumulan en la actualidad más de 1.1 millones de casos. En enero de 2017 los tribunales tenían un atasco de 530,000, según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
