Jueces de inmigración: el fiscal general “no ha tomado ninguna medida para revertir ataque” de Trump
Mientras el gobierno batalla para revertir la crisis del sistema, que tiene acumulados más de 1.3 millones de casos en la Corte de Inmigración, los encargados de impartir justicia advierten que, mientras sigan descertificados, carecen de poder para emitir decisiones razonadas.
Por:
Jorge Cancino.
La vicepresidenta de Estados Unidos realiza en Guatemala y México su primer viaje internacional, con la crisis migratoria en la frontera como telón de fondo. Expertos consideran que este encuentro no tiene un objetivo a corto plazo, sino llegar a las verdaderas causas de la migración en la región y atenderlas.
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Mientras el gobierno batalla para revertir la crisis del sistema migratorio, que tiene acumulados más de 1.3 millones de casos, los encargados de impartir justicia advierten que, mientras sigan descertificados, carecen de poder para emitir decisiones razonadas.
Preocupados por la falta de respuesta por parte del gobierno a sus reclamos, el Sindicato Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) dice que el Departamento de Justicia no ha tomado decisión sobre el pedido de anular un fallo emitido en noviembre del año pasado que descertificó la Unión y eliminó poderes discrecionales a los magistrados.
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“En pocas palabras, el secretario de Justicia, Merrick Garland, aún no ha tomado ninguna medida para revertir el ataque lanzado del gobierno de Donald Trump (2017-2021) a nuestro sindicato”, dijo a Univision Noticias la presidenta honoraria de la entidad, jueza Dana Marks.
Explicó que el asunto de la descertificación “se encuentra actualmente en litigio ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA)”, instancia que el 2 de noviembre del año pasado revirtió una sentencia previa favorable y les quitó el derecho a sindicalizarse.
“NAIJ ha presentado una moción de reconsideración y suspensión que sigue pendiente”, agregó Marks, “Nuestra posición es que la FLRA emitió una decisión, en vísperas de las elecciones presidenciales que, según sus propios términos, no es autoejecutable”.
“Debido a que el Director Regional aún no ha emitido una orden que efectúe esta decisión, que es la acción legal correcta porque hay un litigio pendiente contra este fallo injusto, no estamos descertificados”, apuntó.
El impase tiene a la NAIJ y a los miembros del sindicato con las manos atadas. “El miembro disidente de la FLRA en la decisión de descertificación caracterizó acertadamente la decisión de la mayoría como ‘la antítesis de la toma de decisiones razonada’, y declaró que ‘está muy claro que el único objetivo de la mayoría es despojar a los [jueces de inmigración] de sus derechos de estatuto’”, apuntó Marks.
El fallo del 2 de noviembre, emitido por un panel de tres miembros de la FLRA (dos de ellos nombrados durante el gobierno de Trump), revirtieron la decisión adoptada por la Dirección Regional (RD) de la Autoridad, negaron la petición de la NAIJ y excluyó a todos sus miembros de pertenecer a un sindicato bajo el argumento de que se trata de “funcionarios de la gerencia” y, por lo tanto, “no son miembros apropiados para sindicalizarse según el Estatuto de Relaciones Laborales-Gerenciales del Servicio Federal”.
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El sindicato argumenta que la descertificación no solo les quita el derecho a tener un sindicato, sino que convierte a los jueces en empleados del Departamento de Justicia que deben seguir las órdenes del Fiscal General quien, a su vez, actúa bajo los lineamientos de la política migratoria dictada por el gobierno de turno.
Ante tal escenario, exigen la restitución del derecho a sindicalizarse y reiteran un llamado al gobierno para que descentralice la Corte de Inmigración (EOIR), y los jueces ejerzan justicia de manera independiente tal y como lo hacen los demás sistemas (civil y criminal).
“El asesor jurídico de la FLRA ha tomado una determinación de mérito que indica que la EOIR violó la ley laboral federal al no cumplir con nuestro estatus sindical y el acuerdo de negociación colectiva mientras se mantiene este asunto pendiente, subrayando que el Departamento de Justicia y la Corte de Inmigración no están cumpliendo con la ley en su tratamiento actual respecto al sindicato”, dijo Marks.
Los reclamos de los jueces de inmigración hallaron eco en la Cámara de Representantes. El viernes un grupo integrado por 36 legisladores enviaron una carta al fiscal general Garland y a la fiscal general adjunta, Lisa Monaco, instándoles a “rescindir la petición del ex fiscal general William Barr ante la FLRA para excluir a los jueces de inmigración del derecho a sindicalizarse.
La misiva recuerda que la NAIJ ha sido reconocido para fines de negociación colectiva desde 1979, “defendiendo en nombre de los jueces de inmigración en temas que incluyen evaluaciones de desempeño y disciplina, seguridad judicial, respuesta al COVID-19 y gestión eficiente de expedientes”.
“Los jueces de inmigración, como todos los trabajadores del sector público, merecen el derecho a estar representados por un sindicato”, se lee en la carta.
“El gobierno anterior fue ideológicamente hostil a la negociación colectiva, pero creemos que las agencias federales deberían actuar en consonancia con las directivas del presidente Biden en apoyo del derecho de los empleados a organizarse y afiliarse a un sindicato”, añade.
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“La NAIJ ha promovido las causas del debido proceso, transparencia, responsabilidad, eficiencia y profesionalismo en la Corte de Inmigración”, precisaron los congresistas. “Instamos al Fiscal General a revertir esta petición anti-laboral de inmediato”.
La presidenta de la NAIJ, Amiena Khan, agradeció la carta de los representantes a nombre de los miembros del sindicato.
“La administración anterior se enfocó en NAIJ por su apoyo abierto a la independencia judicial en los tribunales de inmigración de nuestro país y los derechos al debido proceso para los no ciudadanos que comparecen ante el tribunal”, indicó.
“Instamos al Fiscal General a que retire la petición de descertificación presentada por la administración anterior y restablezca la capacidad de NAIJ de abogar en nombre de nuestros jueces y del debido proceso”, dijo.
La NAIJ reitera además que, en los últimos cuatro años el gobierno de Trump dictó una serie de “políticas equivocadas” que han afectado el debido proceso migratorio. Y asegura que sus miembros seguirán trabajando para la creación de un sistema de justicia migratoria “independiente”.
A mediados de mayo el periódico San Francisco Chronicle publicó una entrevista al juez de inmigración William Hanrahan, quien renunció al cargo de juez principal en el tribunal de inmigración en San Francisco (California).
Hanrahan denunció la existencia de una "burocracia demoledora" en el tribunal , y dijo haberse sentido “frustrado” por el sistema dirigido por el Departamento de Justicia y “sujeto a sus caprichos políticos” (del gobierno de turno).
Denuncio además una modernización “a paso lento” dentro del sistema y lo que definió como “una desconcertante proximidad a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”, cabeza de la fuerza nacional de deportaciones del expresidente Trump.
“Los abogados encargados de hacer cumplir la ley actuaban como fiscales del tribunal”, dijo Hanrahan.
Tras 14 meses como gerente principal que tenía bajo su cargo a 25 jueces y codenas de empleados del tribunal, el exjuez denunció decisiones de gestión desconcertantes y fallas de la administración judicial, exacerbado por "absurdos" aparentemente diarios.
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El Departamento de Justicia no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre preocupaciones de Hanrahan consultadas por el periódico.
El 13 de mayo la EOIR anunció que el gobierno de Biden nombró a los primeros 17 jueces que se agregan a la lista de otros 500 que decidirán el futuro de poco más de 1.3 millones de casos acumulados, entre ellos cientos de miles de solicitantes de asilo.
La noticia no debió haber despertado mayor curiosidad, excepto que la totalidad de los nuevos titulares fueron nombrados por el exgobierno de Donald Trump bajo el marco de la política migratoria de 'tolerancia cero'.
Tras el anuncio, Greg Siskind, uno de los integrantes de la Junta de Gobernadores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), escribió en su cuenta de Twitter que “14 de los 17 jueces de inmigración recién nombrados provienen de la fiscalía o de ICE”. Y seguidamente preguntó: ¿Sigue Stephen Miller a cargo”.
14 of 17 newly appointed immigration judges come from prosecutorial or ICE backgrounds. Is Stephen Miller still in charge?https://t.co/qIVFy0hmAA
Miller fue el principal asesor político de Trump y uno de los principales autores de la política de 'tolerancia cero', una controvertida política que no solo estuvo enfocada en atacar y restringir la inmigración indocumentada, sino también limitar y afectar la inmigración legal a Estados Unidos.
Para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes el nombramiento de los 17 nuevos jueces es un error que debe ser enmendado por la Casa Blanca.
“Creo que fue un fallo tremendo. No prestaron atención y actuaron como si fuera un proceso normal, apolítico”, dijo Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste -NWIRP-) en Seattle (Washington).
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Nueva York. Cualquier persona residente en el estado, de 16 años o más, puede solicitar una licencia de conducir no comercial sin importar su estatus migratorio. Todos los solicitantes deben proporcionar 6 puntos de documentos que prueben la identidad, y también la fecha de nacimiento y la residencia. Además, una prueba de residencia. Si nunca se le ha concedido un número de la Seguridad Social, deberá firmar una declaración jurada en la que conste este extremo y llevarla consigo cuando presente la solicitud.
Puede encontrar más información sobre cómo solicitarlo en el
sitio web del DMV del Estado de Nueva York.
