Juez da luz verde a inmigrantes con TPS cancelados para demandar al gobierno de Trump

El gobierno del presidente Donald Trump sufrió este lunes un revés judicial en su intento por conseguir que una corte desechara una demanda interpuesta contra su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

El juez federal Edward Chen ha determinado en su fallo que los tribunales tienen la autoridad para revisar la demanda con la que se pide restablecer el TPS a las personas procedentes de estos cuatro países, y señala que podría haber motivaciones de índole racista detrás de la decisión de cancelar el programa.

El Estatus de Protección Temporal permite que inmigrantes provenientes de naciones que sufren graves disturbios o desastres naturales vivan y trabajen temporalmente en Estados Unidos y renueven regularmente su estatus migratorio. La administración del presidente Trump ha puesto fin a los programas que benefician a ciudadanos de estos cuatro países, alegando mejores condiciones en esas naciones. En total, más de 300,000 indocumentados de esos países, sin contar a Sudán, quedarían sin protección.

En marzo nueve inmigrantes de los cuatro países mencionados y cinco niños ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda contra la decisión de la Casa Blanca, que pidió al juez desecharla, argumentado que el Congreso prohibió a los tribunales revisar las decisiones de la Secretaria de Seguridad Nacional para otorgar o cancelar el TPS.

Pero el juez Chen señaló que la ley no impide las reclamaciones o los desafíos constitucionales a las "políticas o prácticas generales".

Chen, citado en por la televisora local de CBS en San Francisco, también dijo que tres reclamos en la demanda eran cada uno lo suficientemente fuerte como para justificar mantenerlos en curso por el momento.

El juez no dictó una decisión final sobre las reivindicaciones pedidas por los inmigrantes, sino que dijo que parecían lo suficientemente plausibles como para proceder al juicio. La próxima audiencia sería en agosto o septiembre.

En la querella interpuesta en marzo ante una corte de Massachussettts se argumenta que Trump hizo declaraciones que podrían interpretarse como prueba de prejuicio racial y que enturbiaron el proceso de decisión del gobierno sobre el TPS, afirmó Chen.

Se refiere exactamente a lo planteado por Trump en una reunión bipartidista con legisladores en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que señaló a ciertos países como "un hueco de mierda (shithole)" cuando se estaban discutiendo las protecciones migratorias que Estados Unidos brinda a ciertos ciudadanos de Centroamérica y de países africanos. "¿Por qué tenemos aquí a estas personas de países que son un hueco de mierda?", expresó el presidente según afirmaron fuentes presentes en la reunión.

Pero también incluye los comentarios de Trump cuando en la campaña llamó a los mexicanos "violadores", "criminales" y "traficantes de drogas".

La demanda apunta que la cancelación del programa deja a los hijos estadounidenses de los inmigrantes ante una “decisión imposible” en la que deben dejar el país con sus padres o quedarse sin ellos.

El gobierno canceló en enero de este año el TPS de El Salvador, poniendo en riesgo de deportación a casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos. El programa fue activado por primera vez en marzo de 2001 como parte de la respuesta humanitaria del gobierno federal estadounidense a los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero que ese año azotaron al país centroamericano.

En noviembre del año pasado una medida similar recayó sobre ciudadanos nicaragüenses radicados en EEU, a quienes el programa amparaba desde 1999.

También en noviembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó el programa para inmigrantes provenientes de Haití, dándole a los cerca de 60,000 beneficiarios del programa hasta el 22 de julio de 2019 para abandonar el país.

En mayo, la Administración Trump puso fin al programa que beneficiaba a más de 56,000 hondureños, a quienes dio plazo de 18 meses para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país, aunque los ciudadanos se este país centroamericano no están mencionados en la demanda.

Un portavoz del Departamento de Justicia citado por la AP declinó hacer declaraciones sobre el fallo del juez Chen.