La protesta de los jueces de inmigración contra Trump se va a YouTube
La batalla por la desaparición del sindicato de jueces de inmigración comenzó en agosto del año pasado, cuando el Departamento de Justicia pidió a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que descertifique a la Asociación.
Por:
Jorge Cancino.
El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explica quiénes son los afectados y qué deben hacer las personas que tienen audiencias pendientes.
Video Cortes de inmigración retrasan citas por el coronavirus
En un nuevo esfuerzo por impedir que el gobierno de Donald Trump descertifique la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y los convierta en empleados del gobierno sin la capacidad para discernir en la impartición de justicia, el sindicato publicó un video para advertir lo que sucedería en los tribunales de inmigración si el Departamento de Justicia gana en su intento.
La protesta, publicada en YouTube, muestra escenas de películas clásicas del cine donde aparecen jueces conocedores de la ley y jurados atentos escuchando los alegatos que utilizarán para emitir un veredicto. Pero seguidamente el video publicado por la NAIJ presenta un escenario que a su juicio, si el gobierno descertifica el sindicato, ocurriría con la Corte de Inmigración.
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La entidad señala que si el gobierno gana esta batalla, los tribunales de inmigración quedarían sujetos “a influencias políticas” y reglas fundamentadas en los "caprichos" de quien ejerce el poder en Washington DC, agrega.
El video, además, indica que el plan orquestado por el gobierno eliminaría la posibilidad de ejercer la justicia “ciega” que los estadounidenses esperan.
“La protesta pública es nuestra mayor defensa contra la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración) que valora la pronta eliminación del sindicato en vez de sanear problemas y garantizar la salud y la seguridad de todos (en la pandemia)”, dice a Univision Noticias la jueza Dana L. Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.
“Mientras trabajamos incansablemente en la tarea en cuestión, manteniendo seguros al público, a nuestros miembros y a nuestros compañeros de trabajo, seguimos trabajando diligentemente en la única solución duradera, un tribunal independiente, fuera del alcance de las agendas políticas y la interferencia política”, añade.
La batalla por la desaparición del sindicato de jueces de inmigración comenzó en agosto del año pasado, cuando el Departamento de Justicia (DOJ) pidió a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que descertifique a la NAIJ, una maniobra que podría “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”, dijo en esa ocasión el diario The New York Times.
El DOJ presentó una petición solicitando a la entidad federal que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados "funcionarios administrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia. Pero la treta emprendida por el gobierno para dejar sin voz a los jueces de inmigración de inmediato fue cuestionada por abogados del gremio.
“Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “El gobierno está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de ellos para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.
Diez meses más tarde la batalla continúa. La acción de descertificación permanece pendiente, lo que permite que el sindicato continúe operando como antes”, explica Marks. “El plazo para una decisión es muy incierto, pero seguimos confiando en que seremos reivindicados en el primer nivel de toma de decisiones”.
Sin embargo, advierte “la EOIR tiene derecho a apelar esa decisión y estamos muy seguros de que lo hará si pierde. La decisión será revisada entonces por la FLRA, que es un panel altamente politizado. Se trata de una junta de tres miembros, con dos miembros extremadamente conservadores y pro-gerenciales que han decidido a favor del gobierno más del 95% del tiempo desde 2017. Como puede imaginar, esas probabilidades son extremadamente desalentadoras”.
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Marks dice además que, “mientras tanto, la EOIR ha seguido haciendo todo lo posible para impedir el trabajo del sindicato. Aunque durante la pandemia han surgido innumerables problemas que impactan dramáticamente la salud y la seguridad de los jueces, EOIR se ha negado a venir a la mesa de negociaciones o incluso a involucrarse significativamente con la NAIJ”.
“Los desafíos en diferentes ubicaciones de tribunales varían ampliamente, pero EOIR se niega constantemente a consultar con NAIJ o implementar nuestras sugerencias”, apunta.
En octubre del año pasado un grupo de 80 congresistas, todos demócratas, pidieron al fiscal general, William Bar, que suspenda las acciones emprendidas por el DOJ con el propósito de descertificar el sindicato de jueces de inmigración.
“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación y oposición a la petición que presentó el 19 de agosto, tratando de descertificar el trabajo de la NAIJ”, dijo el grupo en una carta firmada, entre otros, por el congresista Elijah Cummings, quien falleció días antes.
El pedido de cancelación “busca aplastar los derechos de negociación colectiva de los jueces de inmigración”, y forma parte de “una de las muchas acciones que ha tomado el DOJ para socavar sistemáticamente la independencia de los jueces de inmigración y la integridad del sistema judicial”, agregó la misiva.
La Corte de Inmigración operan bajo el DOJ como parte de la rama ejecutiva y los jueces, la mayoría de los cuales tiene una destacada carrera en el gobierno, son nombrados por el Fiscal General de los Estados Unidos, quien también tiene el poder de despedirlos.
La NAIJ argumenta que el sindicato les ha permitido actuar con independencia y no afectar el debido proceso migratorio. Y señala que la descertificación no solo acabaría con esa autonomía al momento de decidir un caso, sino que también debilitaría a otros sindicatos federales”.
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Marks recordó que hace 20 años “este mismo desafío lo perdió la EOIR, pero lo están intentando nuevamente afirmando cambios sustanciales en nuestro papel”.
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Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
