Legisladores republicanos redactan ley que castiga con al menos cinco años de cárcel el reingreso de indocumentados al país
El plan propone, entre otras medidas, obligar a los padres de menores indocumentados lleven un grillete electrónico, contratar más jueces para acelerar las deportaciones, y aumentar la capacidad de ICE para encarcelar indocumentados.
Por:
Jorge Cancino.
El senador John Cornyn (republicano por Texas).
Imagen Getty Images
Dos legisladores republicanos de Texas redactan un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Congreso, castigaría con al menos cinco años de cárcel a los indocumentados deportados que regresen sin autorización al país.
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El plan, del senador John Cornyn y el representante Michael McCaul, va dirigido específicamente a las ciudades santuario, e incluye una medida que obligaría a los padres de adolescentes indocumentados llevar grilletes electrónicos en sus tobillos para que no falten a sus audiencias judiciales de deportación, reportó el diario The Washington Post este martes.
La iniciativa de ley, que todavía está siendo redactada, también incluiría aumentar los espacios en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal encargada de las deportaciones que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según el Washington Post, dos importantes legisladores republicanos, entre los que se encuentra el senador John Cornyn, estarían proponiendo castigar a las ciudades santuario y obligar a los padres de los adolescentes indocumentados a llevar grilletes de monitoreo en el tobillo para que no evadan las audiencias de deportación.
Video El proyecto de ley migratorio que obligaría a llevar grilletes electrónicos en los tobillos
Más detenciones
Al 20 de enero, cuando el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la capacidad diaria de detención de ICE era de 39,000 camas.
El plan Cornyn-McCaul agrega una cláusula para aumentar la cantidad de jueces en las Cortes de Inmigración y acelerar las deportaciones. Agrega otra para reembolsar a los estados el dinero invertido por los estados que convoquen a la Guardia Nacional para patrullar la frontera.
La Casa Blanca se negó a comentar el proyecto de ley el lunes, dijo The Washington Post.
La iniciativa asoma casi cuatro meses después de la toma de posesión de Trump, quien durante su campaña prometió que deportaría hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales, y unos cuatro millones de extranjeros que dejaron expirar sus visas.
El 25 de enero, Trump firmó dos órdenes ejecutivas (una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro) donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional, y fijó nuevas prioridades de deportación.
No es la primera vez que Cornyn trabaja en un proyecto de ley para castigar a la inmigración indocumentada. En 2005, junto con el senador Jon Kyl, (republicano por Arizona), patrocinó la iniciativa ‘Ley para una mejor acción policial y reforma migratoria’, que entre otros pasos proponía la repatriación de todos los indocumentados. Y que una vez fuera, los repatriados pidieran permiso a través del consulado de Estados Unidos para regresar con una visa.
Una idea similar propuso Trump el 30 de agosto del año pasado en Arizona, pero no advirtió que cuando un indocumentado pone un pie fuera de Estados Unidos le cae encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera la presencia ilegal en el país.
El plan de Cornyn del 2005 fijaba un plazo de cinco años para que los indocumentados se fueran del país. Aseguraba que quienes se marcharan en el primer año no pagarían multas, pero los demás serían castigados con $2,000 dólares por cada año de permanencia indocumentada. Una vez fuera, el plan Kyl-Cornyn recomendaba darles a los inmigrantes repatriados una visa temporal de dos años siempre y cuando se inscribieran previamente en un programa de trabajadores temporales.
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Indicaba además que el indocumentado, una vez fuera, debía esperar un mínimo de 365 días para poder gestionar la visa. Y que el gobierno de su país le proveyera de un seguro médico, o el patrono que lo empleara en Estados Unidos.
El proyecto fue desestimado por el pleno que, al final de cuentas aprobó una iniciativa demócrata que incluyó un camino a la ciudadanía pero que luego fue frenada por el liderazgo republicano cuando se encontraba siendo armonizada por un comité de conferencia.
The Washington Post señala que el plan Cornyn-McCaul tiene escasas probabilidades de sobrevivir en el Senado porque no contaría con los votos necesarios por parte de los demócratas. Los republicanos controlan el senado con 52 asientos y necesitan 60 votos para aprobar una ley.
En Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados, la mayoría de ellos de origen latino.
Además de solicitar fondos para aumentar las redadas y acelerar las deportaciones –sobre todo de indocumentados con antecedentes criminales-, Trump ha ordenado revisar los programas de visados para extranjeros y promete penas severas para indocumentados indocumentados deportados que regresan al país sin autorización.
Trump también ha intentado en dos ocasiones frenar la entrada de inmigrantes procedentes de seis países de mayoría musulmana, pero en ambos intentos sus órdenes han sido frenadas por los tribunales de justicia.
El presidente también ha puesto en la mirilla a las ciudades o jurisdicciones santuario, quienes se resisten a compartir sus bases de datos con el gobierno federal para arrestar a indocumentados que han cometido crímenes.
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El senador Cornyn figura en la lista de candidatos para suceder al despedido James Comey en el cargo de director del FBI.
Actualmente el senador de Texas preside el subcomité del Comité Judicial del Senado sobre seguridad fronteriza e inmigración. El representante McCaul encabeza el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
