Lo arrestaron bajo una ley de Florida bloqueada por una corte; los fiscales anularon los cargos pero ya había sido deportado

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Juan Aguilar manejaba a casa después de trabajar en un suburbio de Jacksonville, Florida, cuando hizo un giro equivocado y chocó a otro automóvil por el costado.

Ese pequeño accidente hizo que la otra conductora se perdiera un concierto de música country y que tuviera que lidiar con la reparación de su carro. Pero para Aguilar, un inmigrante indocumentado de 49 años y padre de tres hijos, puso fin a 30 años de vida en Estados Unidos.

Aguilar fue arrestado y condenado en mayo bajo una reciente y polémica ley de inmigración de Florida que la policía y los fiscales no pueden aplicar porque una jueza federal la bloqueó en abril. El pasajero que lo acompañaba también fue arrestado, aunque no lo condenaron bajo esa ley que convierte en delito ingresar al estado si eres indocumentado.

Ellos están entre al menos 27 personas detenidas en Florida pese a la orden de la jueza.

Tres días después de su arresto el 29 de mayo, Aguilar fue condenado y transferido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Cuando los fiscales corrigieron el cargo ilegal y anularon la condena, Aguilar ya había sido deportado a México.

“Jamás me dieron la oportunidad de defenderme”, dijo a The Marshall Project.

Su arresto y deportación —no reportados públicamente hasta ahora— muestran lo que puede ocurrir cuando la policía y los fiscales locales hacen parte de la red de control migratorio que se expande rápidamente en algunos estados del país. Hace algunas semanas, una batalla legal contra la ley de Florida llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos en días pasados, cuando los magistrados permitieron que la orden que bloqueaba la ley siguiera vigente.

Expertos legales que revisaron el caso de Aguilar aseguran que el sistema de justicia le falló en todo sentido: los agentes de la Oficina del Alguacil del condado St. Johns lo ficharon a él y a su compañero de trabajo, Alejandro Pérez, con un cargo migratorio establecido por el estado incluso después de que ese mismo departamento le dijera a sus funcionarios que no aplicaran la nueva ley. Al día siguiente, cuando Aguilar pidió un abogado en la corte, el juez no le asignó uno. Los videos de la corte muestran que el fiscal —cuya oficina está incluida en una demanda federal— se apresuró a ofrecerle a Aguilar un acuerdo de culpabilidad. Aguilar aceptó de inmediato. Un defensor público asistente que estaba en la audiencia no intervino, y el juez aprobó el acuerdo.

“Se viola su debido proceso al ser juzgado por un crimen inconstitucional”, dijo Brandon Garrett, profesor de Derecho en la Universidad de Duke. “Eso es increíblemente preocupante”.

La Oficina del Fiscal Estatal, que procesa la mayoría de los casos penales en Florida, se negó a hacer comentarios. Un portavoz del juez de la corte del condado Alexander Christine, quien presidió los casos de Aguilar y Pérez, tampoco respondió. Un vocero de la Oficina del Alguacil dijo que los arrestos fueron un error. “Esencialmente esto fue un error y se notificó a la Oficina del Fiscal Estatal. Estamos acatando las instrucciones de nuestro consejero general y la orden judicial”, dijo el sargento George Harrigan.

Matthew Metz, el defensor público electo para el circuito judicial que incluye el condado de St. Johns, dijo que no había escuchado previamente sobre el caso de Aguilar. “Aunque sí parece que al señor Juan Aguilar se le informó que procedería sin abogado en su lengua materna, creo que mi oficina pudo hacerlo mejor y tratar de darle información adicional”, escribió Metz en un correo electrónico.

ICE no respondió a una petición de comentarios.

Quiénes son los detenidos

Cuando la legislatura de Florida aprobó una serie de leyes antiinmigrantes en febrero, los legisladores y el gobernador Ron DeSantis promovieron sus esfuerzos para apoyar la agenda del presidente Donald Trump. Una medida, el proyecto de ley 4-C del Senado, convirtió en delito ingresar al estado después de entrar ilegalmente al país o reingresar tras una deportación. La ley creó un sistema estatal de control migratorio paralelo, aunque los tribunales han insistido en que las leyes de inmigración son competencia exclusiva del gobierno federal.

Los grupos de derechos civiles impugnaron la ley de Florida en un tribunal federal. El 4 de abril, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Kathleen Williams, ordenó bloquearla mientras el caso avanza en los tribunales. Pero el fiscal general de Florida, James Uthmeier, insistió en que los funcionarios estatales continuaran realizando arrestos con fines migratorios. En una carta del 23 de abril a las agencias policiales, Uthmeier escribió que “no existe una orden judicial que expresamente les restrinja” aplicar la ley. La jueza Williams lo declaró en desacato por desafiar repetidamente las órdenes de la corte.

Aguilar y Pérez están entre las 27 personas que fueron arrestadas bajo la ley de Florida pese a la orden del tribunal. El Tampa Bay Times informó previamente que 25 de esos arrestos fueron realizados en su mayoría por patrulleros de camino de Florida. Un análisis de The Marshall Project reveló que entre las personas arrestadas estaban un conductor acusado de pisar brevemente unas pulgadas del otro carril, dos pasajeros en dos accidentes de tránsito distintos y un ciudadano estadounidense que era pasajero en un auto a exceso de velocidad.

En al menos dos casos, los fiscales no desestimaron los cargos hasta finales de junio, casi dos meses después de la orden de la jueza federal. Aguilar es la única persona que encontramos que fue condenada bajo ese cargo entre los casos que analizamos, aunque el resultado de cada arresto no pudo determinarse de inmediato.

En los últimos dos años, los tribunales federales en otros cuatro estados han bloqueado la aplicación de leyes similares que crean delitos de inmigración estatales. Si los tribunales federales eventualmente levantan la orden y permiten que Florida aplique la nueva ley, los expertos dicen que algunas cortes estatales podrían desbordarse con acusados que no hablan inglés y que son llevados rápidamente a través de un sistema que pueden no entender.

The Marshall Project pidió a seis expertos en leyes que revisaran videos de las audiencias en corte de Aguilar y Pérez. Todos dijeron que el defensor público, el juez y especialmente el fiscal tenían el deber legal de detener el proceso.

"Ningún fiscal en el estado puede procesar este nuevo delito que aprobó la legislatura", dijo Eric Fish, profesor de derecho en la Universidad de California Davis, quien estudia la criminalización de la inmigración. "O no lo sabían o no les importó".

El tratamiento en la corte: "¿Quieres aceptar el acuerdo o no?"

Los expertos dijeron que los videos mostraban violaciones potenciales del debido proceso que son endémicas en los tribunales inferiores, que procesan la gran mayoría de casos penales en Estados Unidos.

En sus audiencias, Aguilar y Pérez contaban con intérpretes judiciales pero expresaban confusión sobre los cargos, y los documentos sólo estaban en inglés. Además de la ley de "extranjero no autorizado", Aguilar fue acusado de conducir sin licencia.

Ambos hombres pidieron abogados. Los expertos dijeron que el juez debió haber frenado sus audiencias para asignarles un defensor, pero no lo hizo. El juez permitió que el fiscal ofreciera a los hombres acuerdos de culpabilidad. Aguilar accedió a renunciar a su derecho a un abogado, pensó que esa era su única opción, dijo a The Marshall Project. El juez nunca consideró si Pérez podía pagar un abogado, y en la oficina del defensor público no le ofrecieron representación.

“Fue doloroso de ver”, escribió Fish a The Marshall Project después de revisar el video de la audiencia de Pérez. Dijo que el defensor público en la sala “debió haber hablado y solicitado que se les asignara un abogado”.

Los expertos legales dijeron que el juez tampoco explicó bien las posibles consecuencias de aceptar el acuerdo —como la detención migratoria— y que parecía mas bien como si quisiera presionar a Pérez para que tomara una decisión. "¿Quieres aceptar el acuerdo o no?", preguntó el juez en un punto.

“El enfoque se centra en resolver los casos y la eficiencia procesal, en lugar del debido proceso”, escribió Alisa Smith, profesora de Derecho en la Universidad del Centro de Florida, después de revisar el video de la audiencia de Pérez. “Me da la impresión de que el juez está tratando de que el señor Pérez cambie de opinión y se declare culpable o no impugne, en lugar de obtener un abogado”.

Pérez finalmente rechazó el acuerdo y solicitó una fianza. Quedó en detención bajo custodia de ICE. The Marshall Project no pudo contactarlo para comentarios.

Después de aceptar el acuerdo, Aguilar pasó un día más en la cárcel antes de ser transferido a un centro de detención de ICE, donde estuvo siete días.

Luego de que la jueza federal en la disputa legal sobre la ley estatal declarara a Uthmeier en desacato en junio, ordenó al fiscal general que entregara informes regulares sobre arrestos hechos bajo las leyes de inmigración de Florida. Un día después de que la oficina informó sobre los arrestos de Aguilar y Pérez al tribunal federal, el fiscal del estado pidió anular la condena de Aguilar relacionada con inmigración y desestimar el cargo de Pérez bajo la nueva ley. Aguilar sigue condenado por conducir sin licencia.

En detención migratoria, Aguilar dijo que las autoridades lo visitaban todos los días con documentos en inglés que no podía entender, amenazándolo con la deportación si no los firmaba. Eventualmente firmó, aunque dijo que no sabe qué decían los papeles.

Aguilar contó que estuvo esposado hasta que los oficiales lo trasladaron a la frontera con México, donde fue entregado a las autoridades mexicanas.

Permanece en México, separado de parte de su familia que sigue en Estados Unidos. La experiencia de ser detenido y deportado después de tres décadas en EEUU, dijo, le hace sentir impotencia. Asegura que se siente más seguro en México que en Estados Unidos, donde pasó sus últimas semanas en un estado de pánico constante.

“No todas las personas que estamos allá somos criminales. Somos buenas personas”, dijo Aguilar sobre los inmigrantes. “Pero nos tratan a todos igual”.