Más de 100 organizaciones proinmigrantes piden al Gobierno extender plazo para comentar nuevas reglas de asilo
Activistas, abogados, universidades y organizaciones advierten que los cambios sugeridos son profundos y causarán un cambio dramático en la política vigente.
Por:
Jorge Cancino.
Mientras el presidente Trump busca a toda costa cerrar la puerta a quienes huyen de sus países desesperados por la violencia y la falta de oportunidades, la frontera está saturada por la llegada masiva de familias y organizaciones civiles y religiosas tratan de atender la emergencia humanitaria.
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Un grupo integrado por más de 100 grupos y organizaciones, entre ellos religiosos, abogados, universidades y de derechos civiles, pidieron al Gobierno de Donald Trump que extienda el plazo para comentar una nueva regla que endurece los requisitos para pedir asilo.
El plazo para comentar la norma vence el 21 de enero, pero el grupo dice en una carta dirigida al Fiscal General, William Barr, y al director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Chad Wolf, que el plazo de 30 días fijado tras la publicación en diciembre del reglamento en el Registro Federal es demasiado corto para analizar y opinar sobre “cambios complejos y sustanciales al sistema de asilo existente”.
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El 19 de diciembre, el Gobierno anunció que impondrá, en breve, nuevas trabas para obtener asilo. La lista de faltas que afectarán el proceso incluye manejar borracho o ser acusado de un delito de violencia doméstica, aunque el imputado no reciba una condena y/o el caso sea desestimado.
El Servicio de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) fijo entonces un plazo de 30 días (hasta el 21 de enero del 2020) para que el público envíe sus comentarios, los que serán tenidos en cuenta al momento de redactar el reglamento final.
El grupo –integrado entre otros por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Catholic Legal Immigration Network, el Center for American Progress (CAP) y la escuela de leyes de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans– advierte en una carta que el plazo concedido debe ser extendido inmediatamente a 60 días para poder revisar la totalidad de los cambios sugeridos por el gobierno.
Una de las tres nuevas secciones al reglamento presentadas incluye una lista con siete nuevas barreras que afectarán la elegibilidad de un solicitante de refugio por parte del Gobierno.
Entre las faltas se incluyen manejar bajo los efectos de alcohol o drogas (DUI) y haber sido acusado de un delito violencia doméstica, aunque luego el cargo haya sido desestimado.
La propuesta también deja sin efecto la reconsideración de un caso, restringiendo severamente la discrecionalidad de los jueces de inmigración.
El grupo señala que, dado el amplio alcance de los cambios sugeridos “y las posibles implicaciones” de aplicarse la nueva regla, “un plazo de 60 días para comentar, como mínimo, es necesario para garantizar que la oportunidad de comentar sea significativo”.
En la carta, el grupo advierte que la nueva regla requiere “investigación y examen de áreas complejas, y superpuestas de derecho y política”.
Señala que las modificaciones impactarán e implicarán “obligaciones” de Estados Unidos con el derecho internacional, “incluida la Convención de Refugiados y la Convención contra la Tortura, y la forma en que estos los tratados se incorporan al derecho interno”.
Las organizaciones también temen que las nuevas barreras debiliten la legítima defensa y saque de la fila a muchos inmigrantes que llegan al país en busca de este beneficio legal disponible.
“Implica preguntas complejas con respecto a la autoridad del juez de inmigración para examinar evidencia y documentos relevantes a los hechos que rodean la pregunta conducta criminal, lo que sugiere una desviación del enfoque categórico de larga data para determinar el impacto de una condena penal en un tribunal de inmigración, y elevar cuestiones importantes de eficiencia judicial y equidad”, se lee en el documento.
Los críticos del nuevo plan del gobierno de Trump para limitar el asilo advierten que la complejidad de las implicaciones legales y políticas de la regla “es masiva”, y que el impacto en las comunidades vulnerables merece suficiente tiempo para su estudio y consideración”.
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“Aquellos individuos que cumplen con la definición de refugiado, pero no son elegibles para asilo bajo la nueva regla, sufrirán daños reales”. Y aunque la regla conjunta discute formas alternativas de alivio conocido, como retención de deportación y protección bajo la Convención contra la Tortura, las formas de ayuda requieren una mayor carga de la prueba que el asilo, lo que significa que muchos solicitantes de asilo serán excluidos de la elegibilidad”, indican.
Temen, además, que el alto número de rechazos se traducirá en un alto número de deportaciones de personas que huyen de sus países para salvar sus vidas.
“Es necesario un período mínimo de 60 días para garantizar que las organizaciones y las personas tengan oportunidad real y significativa de participar, y comentar sobre la lista” de nuevas barreras”, añade el documento.
La nueva lista de faltas que frenarán una petición de asilo incluye:
Un delito grave bajo la ley federal o estatal;
Un delito menor relacionado con contrabando o brindar refugio a un extranjero;
Un delito de reingreso ilegal (re-entry, volver al país sin autorización después de ser deportado);
Un delito federal, estatal, tribal o local que involucra actividad criminal de pandillas callejeras;
Ciertos delitos federales, estatales, tribales o locales relacionados con manejar un vehículo motorizado bajo la influencia de un intoxicante (manejar borracho o drogado);
Un delito de violencia doméstica federal, estatal, tribal o local, o que un juez determina que ha cometido actos de agresión o crueldad extrema en un contexto doméstico, incluso si no se produjo una condena; y
Ciertos delitos menores bajo la ley federal o estatal por delitos relacionados con la identificación falsa; el recibo ilegal de beneficios públicos de una entidad federal, estatal, tribal o local; o la posesión o tráfico de una sustancia controlada o parafernalia de sustancias controladas.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
