Cerca de 80,000 comentarios públicos recibió la nueva política de asilo publicada por el gobierno en junio en el Registro Federal (diario oficial), cuyo plazo para el envío venció el jueves.
Nueva política de asilo de Trump recibe miles de comentarios en contra y se avizoran demandas
De entrar en vigor la nueva regla de asilo propuesta por Trump, miles de refugiados que huyeron para salvar sus vidas no serán aceptados en Estados Unidos y deberán regresar a sus países de origen. Abogados, jueces y fiscales rechazan los cambios.

Los detractores de la medida esperan que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la redacción de la regla final y se preserven normas vigentes, que acumulan un registro histórico de 40 años.
El plazo para enviar las opiniones era de 30 días. Unos 20,000 comentarios fueron entregados en las últimas horas del período habilitado de acuerdo con la ley.
La nueva regla cambia la estructura que desde 1980 ha sido construida para proteger los derechos humanos de personas que huyen de sus países.
La actual política se fundamenta en la palabra o testimonio de los inmigrantes que solicitan asilo. Pero desde enero de 2017 el gobierno, a golpe de órdenes ejecutivas y memorandos, ha ido minado este recurso al punto que, el pasado 22 de abril con el argumento de la pandemia del nuevo coronavirus, detuvo la entrada de extranjeros que llegaban a la frontera en busca de protección.
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Jueces y fiscales en contra
Las nuevas reglas propuestas “son inadmisiblemente arbitrarias y caprichosas”, concluyó una mesa redonda integrada por 46 exjueces y exfiscales de inmigración (Round Table of Former Immigration Judges), alarmados por la política que trata de imponer el gobierno por medio de un nuevo reglamento que no contó con la participación del Congreso.
“Intentan superar, en lugar de interpretar, el claro significado de nuestros estatutos de asilo”, apuntó el panel. “En lugar de interpretar los puntos de vista del Congreso, las reglas propuestas buscan reemplazarlos en apoyo de los puntos de vista fuertemente antiinmigrantes del gobierno al que sirven y buscan hacerlo en un año electoral para beneficio político”.
Los exjueces y exfiscales advierten que, cuando fungieron sus cargos, “entendimos que, estuviéramos o no de acuerdo con la intención del Congreso, estábamos obligados a seguir la ley. Y lo mismo debe ocurrir con el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional (DHS) y el Presidente”.
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Los principales cambios
La nueva regla propuesta por el gobierno “restringe radicalmente la capacidad de las personas que huyen de la persecución para obtener asilo en Estados Unidos", advierte el profesor Stephen Yale-Loehr, de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
Entre otras medidas, la propuesta del gobierno:
- Impone nuevas barreras al asilo, entre ellos no haber pagado impuestos;
- Pide elevar la definición de “persecución” para cubrir solo los daños “extremos”;
- Pide redefinir los motivos de asilo tal como membresía a un "grupo social particular". Abogados temen que esto deje fuera a personas que huyen de la persecución de pandillas o por violencia doméstica.
- Restringe la capacidad de pedir asilo por motivo de género. También limita a las mujeres que huyen de la esclavitud sexual.
El plan también plantea “revisar las reglas de procedimiento para permitir que los jueces de inmigración denieguen las solicitudes de asilo sin una audiencia si carecen de cierta evidencia”, agregó Yale-Loehr. “Esto perjudicaría particularmente a los solicitantes sin un abogado”.
“Esta regla propuesta es el sueño de quien odia el asilo”, añadió. “Destriparía el sistema de asilo y, en definitiva, muy pocas personas podrían obtenerlo”, indicó.
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Contrario al estatuto
Los exjueces y exfiscales advierten, además, que la regla publicada, además de no considerar al Congreso, “anula muchas decisiones pendientes relacionadas con el asilo en tribunales de apelación del circuito federal” y reemplazarían “ciertas interpretaciones [existentes] de las leyes de inmigración de los tribunales federales de apelaciones”.
La mesa redonda le señala al gobierno que sus integrantes fueron nombrados y trabajaron tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas, y que todos ellos acumulan “siglos de experiencia combinada en la adjudicación de solicitudes de asilo y apelaciones”.
“Nuestros miembros incluyen expertos respetados a nivel nacional en derecho de asilo” y muchos de los 46 integrantes del panel dan conferencias regularmente en facultades de derecho, dictan conferencias y escriben artículos sobre el tema.
“Las regulaciones propuestas expresan erróneamente la intención del Congreso detrás de nuestras leyes de asilo”, puntualizan. “Desde 1980 las leyes de asilo de nuestra nación no son una expresión de política exterior, ni una afirmación del derecho a proteger recursos o ciudadanos”, puntualizan.
“La intención del Congreso al promulgar la Ley de Refugiados de 1980 era poner las leyes de asilo de nuestro país de acuerdo con nuestras obligaciones de tratados internacionales, específicamente mediante la eliminación de prejuicios”, indicaron. Y añaden que, durante los últimos 40 años, “nuestras leyes nos obligan a otorgar asilo a todos los que califican independientemente de la política exterior u otras inquietudes”.
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Plan excluyente
Abogados comparten las preocupaciones expresadas por exjueces y exfiscales de inmigración. “La nueva regla va en contra de la Ley de Refugiados y se opone radicalmente a la definición de refugiado”, señala una carta enviada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la Campaña por la Justicia a la Corte de Inmigración (EOIR).
“Al reducir radicalmente las definiciones de ‘grupo social particular’, ‘opinión política’ y ‘persecución’ (tres de las cinco causas de asilo vigentes), la regla propuesta prohibirá efectivamente una gran cantidad de solicitudes de asilo”, advierten.
Otra de las preocupaciones de los abogados puntualiza que la nueva regla “tiene la intención de excluir, como un asunto categórico, los reclamos de persecución a causa de
violencia doméstica, violencia de pandillas y violencia generalizada, entre otros. Este barrido del enfoque es antitético a la intención del estatuto, que proporciona un análisis independiente y específico basado en hechos en las circunstancias particulares de cada solicitante de asilo”.
“La implementación de la regla propuesta dará como resultado que los solicitantes de asilo sean devueltos a países en
que enfrentarán persecución, en contravención directa de los estatutos y tratados internacionales que Estados Unidos ha suscrito y está obligado cumplir”, precisan.
AILA y la Campaña por la Justicia concluyen que se “oponen” a las nuevas regulaciones propuestas “porque expondrán a las personas vulnerables que merecen protección al peligro potencial de perder la vida” al ser deportadas.
“Estas y otras políticas están obstaculizando el acceso al asilo y están socavando fundamentalmente el compromiso de Estados Unidos de proteger a los que huyen de la persecución y el daño. Instamos a las agencias a reconsiderar la regla propuesta y retirarla de consideración”, indicaron.
Tanto jueces como fiscales y abogados no descartan que, en caso de ser publicada y entrar en vigencia la regla final, será demandada en los tribunales de justicia.









