Organizaciones católicas piden extender el TPS de Honduras, Nicaragua y El Salvador "por razones humanitarias"
Los religiosos le piden a la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, que firme una nueva prórroga y ampare de la deportación a unos 300,000 inmigrantes indocumentados.
Por:
Jorge Cancino.
El Departamento de Seguridad Nacional debe anunciar su decisión 60 días antes del vencimiento del programa, algo que tiene en vilo a los beneficiarios de Nicaragua y Honduras ya que su amparo termina el 5 de enero de 2018.
Video El futuro del TPS entra en cuenta regresiva
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), junto a otras organizaciones religiosas, enviaron el lunes una carta a la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, para pedirle una nueva prórroga del Estado de Protección Temporal (Temporary Protection Status, TPS) de Honduras, Nicaragua y El Salvador.
"Terminar el TPS en este momento sería inhumano e insostenible", señalaron los religiosos en la misiva, entregada siete días antes del vencimiento del plazo para que el gobierno del presidente, Donald Trump, anuncie si concederá un nuevo amparo o dará por terminado el programa humanitario.
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Las organizaciones definen el TPS como un estatus migratorio temporal, renovable y legalmente autorizado, que permite a ciertos indocumentados permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un período en el que se considera inseguro para los ciudadanos de un país regresar a sus hogares.
El TPS de Honduras y Nicaragua fue otorgado por el gobierno de Washington tras el paso del huracán Mitch a finales de 1998, mientras que el de El Salvador fue concedido por razones humanitarias en respuesta a los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001.
Las preocupaciones asomaron a mediados de julio, cuando el entonces secretario del DHS, John Kelly, dijo que los eventos que habían activado la respuesta del gobierno habían “concluido”.
En la misiva, los obispos, junto con representantes del Catholic Relief Services (CRS), el Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) y el Catholic Charities USA (CCUSA), explicaron a Duke que los países receptores del TPS “actualmente no están en posición de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales que tienen en beneficio”, y que el programa representa una “pieza vital de la protección y prosperidad centroamericana”.
Una extensión de TPS para estos países “es crucial por razones humanitarias, de seguridad regional y de estabilidad económica”, agregaron. En consecuencia, instaron a Duke a extender el TPS “hasta que los individuos puedan regresar y reintegrarse a sus países de manera segura”.
El grupo reiteró el compromiso de la Iglesia Católica de "estar preparados” para apoyar medidas para proteger el bienestar y la dignidad de las familias amparadas mientras los países están en vías de reforma, abordando la seguridad ciudadana y construyendo infraestructura de protección.
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También dijeron que la cancelación del programa “provocaría la separación familiar y causaría que el DHS gaste innecesariamente recursos en individuos que ya están registrados con nuestro gobierno”.
El TPS de Honduras y Nicaragua, que protege a poco más de 60,000 inmigrantes indocumentados, vence el 5 de enero de 2018. Por ley, el DHS debe anunciar 60 días antes del término si prorroga o no el amparo. Si no lo hace, el programa expira el último día señalado en la última extensión.
El programa para El Salvador, que beneficia a poco más de 220,000 indocumentados, vence el 9 de marzo de 2018.
El segundo llamado
El pasado 20 de octubre la USCCB le hizo un llamado al presidente Donald Trump pidiéndole extender el TPS, pues los beneficiarios “no pueden regresar con seguridad a su país de origen en este momento”, indicaron.
Los obispos señalaron que una delegación de la Oficina de Servicios de Migración y Refugiados viajó a Honduras y El Salvador del 13 al 19 de agosto. Durante esa visita examinaron la capacidad de ambos países “para recibir e integrar adecuadamente el posible retorno de los beneficiarios del TPS existentes”.
“La realidad actual es que tanto Honduras como El Salvador, debido a la violencia, no tienen la capacidad para repatriar adecuadamente y lograr una integración sostenida de los destinatarios de TPS en este momento de una manera que no socave la estabilidad económica, cree una re-migración y tenga tal vez un impacto en la seguridad regional”, indica el reporte.
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“Como indica este informe, hay amplia evidencia que sugiere que los actuales beneficiarios del TPS provenientes de Honduras y El Salvador no pueden regresar con seguridad a su país de origen en este momento”, escribió Vásquez.
El TPS, además de otorgar un amparo de la deportación a inmigrantes indocumentados, concede un permiso temporal de trabajo que vence en la misma fecha de la protección.
Paulina, beneficiaria de DACA de 26 años, al momento del anuncio de la eliminación del programa por el fiscal general. La joven es egresada de UCLA y llegó a los EEUU cuanto tenía seis años. Varios activistas se reunieron para escuchar el anuncio oficial en la sede de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), en Los Ángeles, California.
