Una cancelación del TPS pone en riesgo a casi 300,000 niños estadounidenses

Si el gobierno de Donald Trump decide cancelar el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protection Status, TPS) de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, cerca de 300,000 niños y jóvenes estadounidenses podrían quedar sin el cuidado de sus padres al perder estos el amparo que los protege de ser deportados.

Se trata de ciudadanos de hogares mixtos cuyos padres, al perder los beneficios del programa, podrían quedar al borde de ser deportados de Estados Unidos si el gobierno cumple sus amenazas de poner fin al programa humanitario.

Informes del Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress, CAP) advierten que estos jóvenes y menores se enfrentarían a un panorama crítico, e incluso podrían quedar atrapados entre dos opciones dramáticas: “ser separados de sus padres o ser forzados a regresar a un país que para ellos es desconocido”.

La advertencia de Kelly

Las voces de alarma sobre el futuro inmediato de miles de indocumentados centroamericanos y caribeños con TPS se alzaron en mayo, cuatro meses después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. El entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, anunció en aquel tiempo que el gobierno otorgaba una última prórroga de seis meses al TPS de Haití, concedido en 2010 tras un terremoto que destruyó gran parte del país.

Luego que Kelly dejara el mando del DHS y asumiera como jefe de gabinete de la Casa Blanca, se reunió a puertas cerradas con el caucus hispano demócrata para hablar de inmigración y seguridad fronteriza. Al término del encuentro, el congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, advirtió a Univision Noticias que Kelly había proporcionado “claras indicaciones” de que el TPS sería cancelado.

Si eso llega a ocurrir, miles de menores que conviven en familias de estatus mixto se verían obligados a salir adelante solos, o a ser repatriados a un país desconocido, teme el CAP.

Beneficios del TPS

El TPS ampara de la deportación a indocumentados que no constituyen una amenaza para la seguridad nacional, además de concederles una autorización temporal de empleo. El amparo se otorga por razones humanitarias cuando Estados Unidos designa que una nación enfrenta conflictos extremos, desastres u otras situaciones críticas.

El TPS a El Salvador fue aprobado en 2001 tras los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de ese año, mientras que la protección a Honduras y Nicaragua fue concedida tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica a finales de octubre de 1998.

Los tres países con las mayores poblaciones de TPS en Estados Unidos son El Salvador, Honduras y Haití, con un total de más de 300,000 beneficiarios, indica el CAP. Los nicaragüenses protegidos bordean los 5,000, dice el gobierno de Managua.

“Con el tiempo, estas personas se han convertido en miembros integrales de la sociedad estadounidense. Contribuyen a la economía local y nacional, tienen cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos y participan cívicamente en sus comunidades”, apunta el centro.

Fechas clave

Por ley, el gobierno estadounidense debe notificar con 60 días de anticipación la prórroga del amparo. El plazo para Honduras y Nicaragua vence el 10 de noviembre, mientras que para El Salvador el DHS debe pronunciarse a más tardar el 9 de marzo. De no hacerlo, las protecciones se cancelan automáticamente en la fecha señalada luego de publicarse la última prórroga.

“No está claro si el gobierno de Trump extenderá el TPS. Si sus protecciones caducan, los beneficiarios del programa enfrentarán la difícil opción de regresar a países que todavía enfrentan muchas de las mismas condiciones extraordinarias que llevaron a la concesión inicial de TPS, o permanecer en Estados Unidos sin un estatus legal y la capacidad para trabajar legalmente”, agrega el CAP.

El centro dijo además que la agenda antiinmigrante de Trump “compromete la seguridad económica de las familias de inmigrantes con niños, lo que puede afectar negativamente los resultados de los niños”.

Agregó que “separar a las familias y deportar al principal sostén del hogar puede llevar a las familias inmigrantes a una profunda turbulencia emocional y económica: remover a los residentes sin autorización de los hogares con status mixto, podría reducir el ingreso medio anual de esos hogares en casi un 75%, de $33,000 a $9,000”, agregó.

“El miedo y la ansiedad que los niños están sintiendo a causa de las políticas de inmigración del presidente Trump no se desvanecerán cuando una nueva administración asuma control. Las experiencias actuales de esta generación de niños seguirán afectándolos por el resto de sus vidas”, previno el CAP. “Es crítico que el gobierno considere cuidadosamente el verdadero derroche de una agenda de deportación masiva. Mientras tanto, todos tienen el deber de fomentar un ambiente de apoyo para todos los niños, independientemente del estatus migratorio de su familia”, concluyó.