Reporte del Senado: Trump ignoró advertencias de diplomáticos de no cancelar los TPS de El Salvador, Haití y Honduras
El reporte denuncia que altos funcionarios en todos los niveles del Departamento de Estado (bajo el mando del entonces canciller, Rex Tillerson) y de tres embajadas estadounidenses, “documentaron ampliamente la gravedad de las consecuencias humanitarias de terminar las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití”.
Por:
Jorge Cancino.
Ahora, al igual que los salvadoreños, el estatus temporal y el permiso de trabajo para los amparados bajo del programa se extenderá hasta el 4 de enero de 2021. Sin embargo, para los activistas que luchan por un estatus permanente el anuncio no es necesariamente una victoria. La administración Trump dejó claro que la extensión de los beneficios es solo válida mientras los frenos judiciales se mantengan en efecto.
Video Cerca de 58,000 hondureños y nicaragüenses se beneficiarán con la extensión por un año del TPS
Un informe del Senado publicado este jueves revela que el presidente Donald Trump ignoró las recomendaciones funcionarios del Departamento de Estado de no cancelar los Estados de Protección Temporal de El Salvador, Hairí y Honduras, para evitar un daño humanitario que afectaría a unos 400,000 inmigrantes indsocumentados, algunos de ellos con más de dos decadas viviendo en Estados Unidos.
El reporte, entregado por senadores demócratas, contiene docenas de documentos internos del Departamento de Estado que muestran “maneras” en la que funcionarios del gobierno utilizaron a manera de “consideraciones políticas” para que la Casa Blanca no renovar los TPS de los tres países.
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El senador Robert Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, solicitó al Inspector General del Departamento de Estado que investigue lo que definió como “la politización de las determinaciones del TPS por parte de altos cargos políticos en el Departamento de Estado, así como el papel del asesor presidencial Stephen Miller”.
Miller es uno de los principales asesores de Trump y uno de los artifices de la política migratoria de tolerancia cero, que incluye las separaciones forzadas de familias en la frontera y severas restricciones a la política de asilo y refugiados.
El reporte denuncia que altos funcionarios en todos los niveles del Departamento de Estado (bajo el mando del entonces canciller, Rex Tillerson) y de tres embajadas estadounidenses, “documentaron ampliamente la gravedad de las consecuencias humanitarias de terminar las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití”.
Los funcionarios advirtieron explícitamente que, de cancelarse la protección, “cientos de miles de receptores de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses quedarían vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones criminales transnacionales violentas, y que las pandillas criminales, como la Mara Salvatrucha MS-13, podría fortalecerse ampliando su membresía”.
Añaden los senadores que entre las advertencias, los funcionarios diplomáticos le advirtieron al presidente que “estos riesgos de seguridad obligarían a muchos receptores de TPS a abandonar su hijos en Estados Unidos, lo que equivaldría a una nueva ola de separación familiar forzada de facto”.
“Sin embargo, el gobierno de Trump procedió imprudentemente, sin tener en cuenta el potencial impacto en las familias estadounidenses o la vida y la seguridad de casi 400,000 receptores de TPS, y un estimado de 273,000 niños ciudadanos estadounidenses”, precisa el reporte.
Los diplomáticos también previnieron al presidente que poner fin a las designaciones de TPS para los tres países “probablemente provocarían una nueva ola de migración irregular en la región”, pero que el mandatario finalmente ñprocedió a caducar las protecciones “a expensas potenciales de su propio objetivo declarado, de poner fin a la inmigración no autorizada”, una de sus principales promesas de campaña.
“El informe documenta algo que ya hemos visto en varias ocasiones, que el gobierno utiliza repetidamente la política exterior de nuestro país para promover los objetivos políticos del presidente por encima de nuestros intereses como nación” dijo Menéndez.
El senador por Nueva Jersey agregó que “la imprudencia y vacío moral de su agenda antiinmigrante no conoce límites. En su frenético intento por despojar a casi 400,000 personas de protecciones humanitarias, la Administración estaba dispuesta a jugar con nuestra seguridad nacional y la seguridad de los beneficiarios de TPS y sus hijos estadounidenses”.
Los TPS de El Salvador, Haití y Honduras fueron cancelados por Trump el año pasado, pero una corte federal de California restituyó los programas argumentando que el gobierno procedió a cancelarlos arbitrariamente y no teniendo en cuenta el daño que causa a miles de migrantes conb hijos estadouniodenses.
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La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la extensión por un año de lops beneficios del TPS para Honduras y Nicaragua, mientras las cortes resuelven el debate jurídico, que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia en el 2020.
El reporte del Senado, titulado “ Politizando las protecciones humanitarias”, incluyó una compilación de más de 80 páginas de comunicaciones internas –entre ellos cables de embajadas estadounidenses y memorandos internos– los cuales llevaron al presidente Trump a cancelar las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití.
En los documentos aparecen instancias específicas de los funcionarios con cargos políticos del gobierno en el Departamento de Estado, en donde hacen referencia explícita a las elecciones presidenciales de 2020 en sus recomendaciones al Secretario de Estado Tllerson.
Menéndez dijo que había enviado una carta al Inspector General del Departamento de Estado, Steve Linick, “solicitando que abra inmediatamente una investigación para determinar en qué medida los cálculos electorales desempeñaron un papel en las decisiones de TPS, así como cualquier coordinación entre funcionarios políticos y çfuncionarios de la Casa Blanca, incluido Miller”.
El informe, además, revela los siguientes hallazgos:
Hubo consideraciones electorales acerca de las elecciones del 2020 en la decisión de poner fin al TPS para El Salvador, Honduras y Haití;´
El gobierno anunció la terminación del TPS para los tres países después de ignorar intencionalmente los riesgos para las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos;
Al recomendar el fin del TPS, funcionarios del gobierno sabían que los beneficiarios del TPS, y cualquiera de sus hijos estadounidenses acompañantes, enfrentarían crímenes y violencia si fueran repatriados a El Salvador, Honduras y Haití;
Al finalizar el TPS para los tres países, la Administración Trump tomó una decisión a sabiendas que podría acelerar la migración irregular a los Estados Unidos.
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Activistas y políticos protestaron en la capital del país. El gobierno dará a los que tienen el beneficio migratorio hasta el mes de septiembre de 2019 como plazo para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación.
