Sessions prohíbe a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes penales
El fiscal general dijo que la práctica del "cierre administrativo", que se hace desde 1980, carece de base legal. Abogados y defensores de los inmigrantes alertan que al menos 350,000 inmigrantes tendrán más dificultades para regularizar su estatus y las cortes quedarán saturadas con más casos.
Por:
Jorge Cancino.
En los últimos cinco años, unos 200,000 casos de deportación han sido cancelados por las cortes de inmigración, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia. El cierre administrativo, una herramienta que tienen los jueces para decidir cuáles casos están listos, se encuentra ahora en la mira del fiscal general.
Video El plan de Sessions para revertir fallos de jueces que han frenado miles de casos de deportación
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, prohibió este jueves a los jueces de inmigración la práctica de cerrar casos de deportación que involucran a miles de inmigrantes sin antecedentes criminales, que no representan una amenaza para la seguridad nacional y tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplica desde la década de 1980.
El llamado "cierre administrativo" o "cancelación de deportación" permitió a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.
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Sessions emitió la orden a raíz de un caso en el que un juez de inmigración había otorgado el cierre administrativo para un menor no acompañado originario de Guatemala.
"La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada con la decision del Fiscal General de quitarnos una herriemeinta para controlar nuestros expedientes", dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la entidad. "Hemos aconsejado sobre ese asunto y dado a conocer el punto de vista de las cortes explicando que el cierre administrativo es un metodo útil para nosotros y poder arreglar nuestros expdientes en una manera más eficaz , especialmente en la epoca de tantos casos atrasados".
"Es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve a los intereses del debido proceso y una administración inteligente", agregó.
“El último movimiento del fiscal general erosiona aún más la independencia de los jueces de inmigración”, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un comunicado.
Sessions anunció el jueves que los jueces de inmigración y los miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ya no tienen la autoridad para cerrar casos, excepto aquellos que cumplen criterios muy estrechos.
El fiscal general había anticipado esta decisión a finales de marzo, poniendo en alerta a inmigrantes, abogados y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
La herramienta, que en algunos casos frena indefinidamente una deportación, se encontraba desde hacía meses en la mira del fiscal general. "Básicamente (los jueces) legalizaron a la persona que acudía a los tribunales porque se encontraban ilegalmente en el país", dijo Sessions durante un discurso en diciembre del año pasado.
Bajo la presidencia del demócrata Barack Obama (2009-2017) hubo un esfuerzo por cerrar administrativamente ciertos procedimientos como una forma de permitir que los jueces se centraran en asuntos de mayor prioridad y redujeran el atraso en los tribunales de inmigración. Más de 350,000 casos fueron cerrados a fecha de 31 de marzo de este año.
Los cierres se aplicaban rutinariamente a personas sin antecedentes penales que habían vivido durante muchos años en Estados Unidos, a menudo con hijos o cónyuges que ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, tras el cierre esos inmigrantes podían postular a obtener permisos de trabajo y una licencia de manejar.
AILA dijo además que “con esta medida, el fiscal general ha eliminado una herramienta crítica de gestión de expedientes, asegurando efectivamente que el sistema judicial de inmigración seguirá siendo gravado con enormes atrasos de casos en el futuro”.
"Con esta decisión, el fiscal general malinterpreta groseramente la ley y hace caso omiso de la regulación federal existente y décadas de práctica en el tribunal de inmigración", dice Annaluisa Padilla, presidenta de AILA.
Para tomar esta decisión, "el fiscal general escogió un caso que no refleja el universo de casos administrativamente cerrados y con su firma descartó la autoridad inherente de los jueces para gestionar los procedimientos judiciales de inmigración, una autoridad que ha sido reconocida por más de 30 años y que la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración apoya fuertemente como una cuestión de eficiencia judicial", agregó.
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Abogados temen que las revisiones y las decisiones que está tomando el fiscal general pongan riesgo los derechos del debido proceso migratorio y la integridad de los tribunales de inmigración. “Demuestra que, por ejemplo, la corte de apelaciones de inmigración no tiene ninguna independencia y eso es algo bastante extraordinario”, advierte Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facuñtad de Leyes de la Universidad de Texas.
Las cortes de inmigración funcionan bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia. El fiscal general puede emitir opiniones en casos de inmigración que permitan establecer un precedente legal para los jueces en todo el país y laJunta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Según Sessions, los jueces "no tienen la autoridad general para suspender indefinidamente los procedimientos de inmigración por cierre administrativo" y los cierres administrativos “carecen de base legal”.
"Esta decisión es otro esfuerzo de esta administración para socavar el debido proceso en los procedimientos de inmigración", dice Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, "El debido proceso exige que mantengamos un sistema de tribunales de inmigración con jueces independientes que tienen la autoridad y flexibilidad para tomar decisiones que no son solo legalmente correctos, pero también basados en la equidad fundamental".
"Los jueces de inmigración usan el cierre administrativo por muchas razones legítimas, incluida la eficiencia judicial", agregó.
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La autoridad de los jueces les permite usar la herramienta de cancelación de deportación “para actuar ante varias situaciones en las que hay otros tipos de remedios bajo las leyes de inmigración o los estados donde viven”, explica la Marks. “Dentro del debido proceso migratorio, la gente califica para un beneficio de acuerdo con lo que estipulan las leyes de inmigración”.
“Los jueves no queremos seguir un caso de inmigración cuando esos otros pasos todavía se tienen que resolver. Tal vez un caso no está listo para una decisión porque hay otra avenida que resolver. Es entonces cuando se emplea esa herramienta”, añade.
Qué hacer
Los abogados consultados por Univision dijeron que, por ahora, los afectados deben hablar con sus abogados para revisar nuevamente sus casos y prepararse.
“En lo posible busquen al mismo abogado que les cerró el caso porque conoce todos los detalles”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“Ellos sabrán evaluar las posibilidades y determinar el menor camino a seguir”, agregó. “Hay algunos que tienen mejores casos que otros, llevan más años, tienen familia estadounidense, raíces. Todo eso vale en estos momentos”.
“Lamentablemente habrá otros que se encuentran en la misma situación que cuando les cerraron el caso”, apuntó. “Y estudiar otras vías legales posibles para permanecer legalmente en Estados Unidos”.
Respecto a cómo se enterarán que sus casos han sido reabiertos, “el Departamento de Justicia les enviará una carta notificando a la persona que si caso fue reabierto y una citación a la corte”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.
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“Antes de que reciban las notificaciones, es bueno comenzar a buscar un abogado para preparar nuevamente sus casos y luchar por sus permanencias en Estados Unidos”, indicó.
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97 arrestados. Algunos detenidos por ICE en la gran redada del 5 de abril se dan las manos antes de presentarse en las oficinas del gobierno para un trámite. Algunos llevaban varios años trabajando en la planta procesadora de carne en situación muy precaria, pero las detenciones han unido todavía más al grupo. Morristown, el pueblo en el este rural de Tennessee, también ha reaccionado a la redada. Cientos de vecinos han ayudado a los afectados, aunque otros también han celebrado en redes sociales que se cumplan las leyes migratorias. En este condado, Donald Trump ganó las elecciones con un 73% de los votos.
