"Si tuviera un TPS no estaría afrontando esto": 25 detenidos en la megarredada de ICE en Dallas son venezolanos que huyen de la crisis

ALLEN, Texas.- Alejandra * y los esposos Marjorie Ferrer y Valmore Vera son tres de los 25 venezolanos arrestados el miércoles 3 de abril en la megarredada de ICE en la empresa de teléfonos CVE Technology Group en Allen, Texas.

Ferrer fue la última en ser liberada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), a las 10:00 de la noche del viernes, y el sábado asistió a una reunión en un centro de ayuda familiar de Dallas donde decenas de abogados les ayudaban a entender qué puede pasar con ellos ahora.

Todos llegaron a la empresa por recomendación de otros amigos venezolanos que habían trabajado allí sin documentos por unos meses, y luego volvían a su país con dólares para afrontar una hiperinflación que el Banco Mundial estima en 10,000,000% para 2019.

"Nos pusimos a trabajar para tener un poquito de calidad de vida, ese fue nuestro pecado", dice Ferrer, aún afectada por el arresto inesperado y dos días de encierro en tres centros de detención de ICE.

Ferrer y su esposo huyeron de Venezuela en septiembre de 2018. El gobierno de Nicolás Maduro les decomisó toda la mercancía de su negocio familiar de venta de frenos para carros acusándolos de especular con los precios y en medio de su política de "combate" a una supuesta "guerra económica" contra su gobierno.

El miedo de la familia llegó al límite cuando los colectivos —bandas armadas por el chavismo— llegaron un día a su comercio y tumbaron el portón para saquear lo que quedaba: una estantería vacía. Ya se lo habían llevado todo en camiones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de la militar Guardia Nacional. "A nosotros nos saquearon, nos robaron todo", dice él.

En el caso de Alejandra fue una decisión de vida o muerte que tomó hace un año: su papá sufre de diabetes tipo 2 y debe inyectarse diariamente una insulina impagable con un sueldo en Venezuela y el plan de esta joven de 31 años era trabajar unos meses para ahorrar algo de dinero y pagar el tratamiento.

Lo que ganaba en Caracas en sus trabajos como freelance de diseño no era suficiente. Y su padre, empleado en una empresa de insumos médicos, tenía meses sin trabajar porque no había nada qué vender ante tanta escasez y si lo había, los pagos de los proveedores se demoraban meses.

Al final, los tres entraron a Estados Unidos con sus visas de turista buscando una solución temporal para escapar de la fuerte crisis a todo nivel que los afectaba. Y los tres querían volver a Venezuela, pero no esperaban que fuera empujados por un proceso de deportación.

Desde hace unos años, cuando la crisis arreció en Venezuela no solo por la economía sino por el arresto y tortura de la disidencia, los venezolanos comenzaron a escapar por aire y tierra de su país.

Alarmados por el aumento sin precedentes de la migración venezolana a Estados Unidos, senadores de ambos partidos plantearon la necesidad de un Estatus de Protección Temporal (TPS) para estos ciudadanos. Pero el gobierno de Donald Trump no termina de dar ese paso a pesar de que ha impuesto duras sanciones al régimen de Nicolás Maduro, a la empresa petrolera —única fuente de ingresos en divisas— y asegura cada vez que puede que en Venezuela se vive una dictadura.

Mientras tanto, muchos han huido y se han establecido en Estados Unidos en las sombras porque se ha vencido el tiempo de sus visas y están tan expuestos a una deportación, como es el caso de los 25 venezolanos que este miércoles fueron arrestados en CVE Group Technology.

"Todos estamos haciendo sacrificios"

"No sabes lo que yo he llorado", dice Alejandra. Y llora otra vez, porque si la deportan está segura de que su padre se muere.

"Migración me preguntó que si tenía miedo de volver a Venezuela y les dije que sí, que mi papá se muere sin sus medicinas". Recuerda que mientras le contaba al funcionario de ICE su situación y la fuerte escasez de casi cualquier medicina, el hombre le preguntaba a su otro compañero si lo que ella decía era cierto. "Y el muchacho le respondió: 'Sí, en Venezuela están en guerra'", cuenta.

Mientras espera su turno para ser atendida por uno de los abogados, no deja de repetir el terror que le da la idea de perder a su padre en el caso de que la deporten. Su madre ya murió años atrás, y él solo la tiene a ella y ella a él. "Todos estamos haciendo sacrificios: el mío es tener a mi padre lejos, pero sé que le voy a poder dar salud si me quedo aquí. Mi sacrificio de trabajar aquí es para que mi papá esté vivo".

Alejandra no ha pedido asilo. Dice que intentó hacer las cosas bien cuando llegó, pero que los abogados le cobraban hasta 2,500 dólares solo por ayudarla a recaudar los documentos para hacer la petición. Y para ella, en ese momento, el tratamiento era la prioridad.

Cuando llega su turno, el abogado que la atiende en el centro familiar este sábado le explica que con esos argumentos no ve muchas posibilidades de asilo para ella. No le borra todas sus esperanzas porque quisiera escucharla más en otra reunión. Por ahora, cree que podrían pedir una detención de su proceso de deportación.

Cuando llega el turno de los esposos, la abogada le explica a Marjorie Ferrer que el asilo es una posibilidad. La pareja tiene dos hijos. Uno de ellos vive en Estados Unidos desde hace cuatro años y también pidió asilo luego de ser perseguido políticamente por ser militante de Voluntar Popular, el mismo partido del encarcelado líder opositor Leopoldo López.

Movida por la situación, cree que seguirán adelante con ese proceso porque volver a Venezuela tampoco es una opción para ellos.

En EEUU y sin ingresos

Alejandra tiene algo de dinero ahorrado. Ella espera que eso le alcance para seguir ayudando a su papá en Venezuela y mantenerse en Estados Unidos. "No puedo trabajar, sería demasiado arriesgado", dice. Esa es una conclusión en la que todos coinciden en sus conversaciones. El mal rato que pasaron para ellos fue suficiente.

"Nunca estuve preso en mi país y venir aquí y que me pusieran las esposas... me sentí defraudado del sueño americano", dice Vera.

A pesar de que aún tienen presente esa sensación de las esposas atándoles las manos y el frío de la detención, los tres sienten que merecen una oportunidad. Ni en Venezuela ni en Estados Unidos tienen antecedentes penales y aunque han estado poco tiempo, aseguran que pagarán sus impuestos.

"Estados Unidos defiende los derechos humanos y debería ponerse en los zapatos de nosotros", dice Alejandra. "El presidente Donald Trump sabe todo lo que pasa en Venezuela y podría darnos aunque sea un TPS, algo que nos facilite a los venezolanos quedarnos aquí mientras pasa esta crisis. Eso sería increíble. Si yo tuviera un TPS no estaría afrontando este proceso".

*Alejandra es un pseudónimo. Ella pidió no revelar su nombre por temor.