Texas demanda nueva política que agiliza procesos de asilo en la frontera

El estado de Texas demandó este jueves una reciente política del gobierno que otorgó poderes discrecionales a agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) otorgar el beneficio en vez de los jueces de inmigración.

La demanda, la número 27 encabezada por el procurador general de Texas, Ken Paxton, en contra de la política migratoria del presidente Joe Biden, busca suspender la medida y evitar que el gobierno facilite el ingreso de indocumentados que, asegura, “abusan” del sistema de asilo.

“Esta demanda desafía las nuevas regulaciones que modifican fundamental e ilegalmente los procedimientos de asilo y libertad condicional en la frontera”, dijo la oficina de Paxton en un comunicado.

“Las reglas exacerban las lagunas en el proceso de remoción de extranjeros ilegales, priorizan la supuesta eficiencia sobre la seguridad nacional y los impactos costosos para Texas, e ignoran las soluciones de sentido común y las políticas efectivas de seguridad fronteriza”, agrega.

Las lagunas mencionadas por Paxton son las mismas denunciadas por el expresidente Donald Trump quien a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas desarmó la política de asilo autorizada por el Congreso.

Para el exmandatario, al igual que para Texas, el asilo, un recurso legal disponible, está siendo abusado por los inmigrantes. Pero los detractores del sistema no explican que, por ley, un extranjero puede pedir asilo en la frontera o estando dentro del país y son los jueces de inmigración quienes resuelven las peticiones.

La demanda

A juicio de Paxton, el gobierno ha empeorado la situación en la frontera y “lo último que necesita Texas es que esta Administración facilite el ingreso de extranjeros ilegales a Estados Unidos y obtengan asilo a través de reclamos falsos y con menos supervisión” por parte de las autoridades federales.

De acuerdo con la nueva política, anunciada en marzo por los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS), a partir de mayo los agentes de asilo de USCIS podrán utilizar su discrecionalidad para otorgar asilos. Y solo aquellos casos que sean denegados serán remitidos ante un juez de inmigración.

Ambos ministerios señalaron que la nueva regla “asegurará que aquellos que son elegibles para asilo reciban alivio rápidamente, y los que no lo son, sean rápidamente deportados”.

“Hasta ahora las personas que pasan la entrevista de miedo creíble son puestas en un proceso de asilo únicamente ante un juez de inmigración, quien decide su futuro en Estados Unidos", explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Pero Texas asegura que la nueva regla viola la ley y que el cambio permitirá que muchos extranjeros que no califican “permanezcan en el país” y no sean expulsados rápidamente tal y como lo dicta la ley.

Qué dice el gobierno

El gobierno de Biden tiene una visión diferente de la crisis que se vive en la frontera. Durante una comparecencia ante el Congreso el miércoles, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, entregó el plan que será implementado a partir del 23 de mayo, cuando se elimine la vigencia del Título 42.

Mayorkas aseguró que el gobierno se está preparando para procesar hasta 18,000 personas diarias, que acelerará los procesos, continuará con las deportaciones expeditas bajo la Sección 8 de la Ley de Inmigración de todos aquellos que no tienen una causa de asilo válida, ampliará centros de detención y aumentará la vigilancia para frenar los ingresos indocumentados exitosos.

Sin embargo, agregó, el problema de la frontera es parte de un sistema de inmigración heredado que se encuentra roto y el Congreso debe actuar para repararlo cuando antes.

Texas no está de acuerdo con los argumentos del gobierno e insiste en que la nueva política, al igual que otras adoptadas por el gobierno desde enero del 2021, “es arbitraria y caprichosa” y no está “respaldado por ninguna evidencia”.

El gobierno ha anunciado que pondrá fin al Título 42, que permite la deportación acelerada de extranjeros por razones de salud pública debido a la pandemia, el 23 de mayo. Pero una corte de Louisiana detuvo temporalmente su cancelación en espera de una decisión final. La Casa Bñanca respondió que acatará el dictamen, pero que continúa con los planes de desmantelamiento hasta que se produzca una sentencia definitiva.

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Los números de Texas

“La conclusión es que la regla solo reducirá el número de casos remitidos a la Corte de 11,250 a 45,000 casos cada año”, asegura. Y le recuerda al gobierno que el tribunal tiene más de 1.3 millones de casos acumulados, lo que significa que cada caso de asilo en promedio tarda entre 4 a 5 años en ser resuelto.

Paxton también alega que, con la nueva regla y los poderes adicionales otorgados por el gobierno a funcionarios migratorios para otorgar fianzas, permitirá un peligroso aumento de extranjeros deportables que se encontrarán en Estados Unidos en espera de la resolución de sus casos.

Por último, Texas argumenta que, en vez de otorgar poderes discrecionales a los agentes de asilo, el gobierno debería ampliar el Programa de Protección al Migrante (MPP), creado durante el gobierno anterior y que envía a México a peticionarios de asilo a esperar la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.

El MPP fue cancelado por Biden el año pasado, pero fue restituido tras una demanda entablada por varios Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos.

De bloquearse la medida dejaría al gobierno con pocos recursos para descongestionar la Corte de Inmigración, que a finales de marzo tenía 1.7 millones de casos acumulados, 400,000 más de los mencionados por Texas en su demanda.