Trump nombra como director de ICE al jefe de la fuerza de deportaciones de Obama

El presidente Donald Trump nombró este lunes a Thomas D. Homan como director en funciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), una de las principales agencia federales encargada de ejecutar la ley de inmigración estadounidense.

Desde 2013 Homan desempeñaba el cargo de director ejecutivo ERO, la maquinaria de deportaciones de Obama que en los últimos ocho años registró más de 2.6 millones de expulsiones de extranjeros, la mayoría de ellos de origen latinoamericano.

El nuevo jefe de ICE reemplaza en el cargo al director interino Daniel Ragsdale.

"Homan dirigió los esfuerzos de ICE para identificar, arrestar, detener y expulsar a los extranjeros ilegales, incluidos los que representan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública", dijo John Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado donde se anunciaba el nombramiento.

Kelly agregó que Homan también dirigió las operaciones para detener y deportar a los inmigrantes que entran indocumentados a Estados Unidos o "socavan la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestros esfuerzos de control fronterizo".

Homan es un veterano de 33 años en la agencia. Antes de ingresar a esta dependencia fue agente de policía de Nueva York, agente de la Patrulla Fronteriza y agente especial del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

El DHS explicó que el nuevo director de ICE tiene una licenciatura en justicia criminal y en 2015 fue galardonado en la Presidencia por su liderazgo y logros en el ámbito de la ejecución de la ley de inmigración.

"Estoy seguro de que va a continuar sirviendo con un liderazgo fuerte. Espero trabajar junto a él para asegurar que haremos cumplir las leyes de inmigración en el interior del país en consonancia con el interés nacional", dijo Kelly.

El nombramiento de Homan ocurre cinco días después de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas migratorias, una sobre las ciudades santuario y otra sobre la construcción de un muro en la frontera con México.

Ambas ordenanzas pusieron a los 11 millones de indocumentados que viven en el país en riesgo y establecieron nuevas prioridades de deportación.

Al principio de su campaña por la Casa Blanca, Trump prometió que deportaría a los 11 millones de indocumentados que viven en el país, pero luego ajustó al número hasta tres millones que, según dijo, tenían antecedentes criminales. Del resto de indocumentados, el mandatario dijo que tomaría una decisión una vez asegurada la frontera.

En una de sus ordenes ejecutivas de la semana pasada, Trump dijo que activaría la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración, que permite al gobierno federal establecer acuerdos con las policías locales para darle poderes extraordinarios a los agentes para que arresten a indocumentados. Esto le permitiría contar con una poderosa fuerza nacional de deportaciones.

Para garantizar que en estas tareas participen todas las fuerzas policíacas del país, Trump también firmó una orden ejecutiva que amenaza con quitarle fondos federales de ayuda a las ciudades o jurisdicciones santuario, que protegen a los indocumentados y se niegan a compartir la información de sus bases de datos con el gobierno federal.

Tanto en la orden ejecutiva de las ciudades santuario como en la del muro, el mandatario decretó que la inmigración indocumentada, tanto la que entra sin permiso al país como aquellos extranjeros que se quedaron más allá del tiempo permitido por sus visas, constituyen una amenaza para la seguridad nacional y pública.

También dijo que los infractores deberán ser arrestados, puestos en proceso de deportación expedito y expulsados del país de forma acelerada.

El viernes el mandatario firmó otra orden ejecutiva cancelando por 120 días el programa de refugiados, y eliminando el programa de refugiados sirios. La medida desató una oleada de protestas en varias ciudades dentro y fuera del país.

La orden también canceló la totalidad de las visas de inmigrante y no inmigrante para siete países: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.

La medida no solo ha afectado a viajeros con visa sino también a residentes legales permanentes, a pesar de que una corte de Nueva York ordenó que los viajeros con visa que llegaron al país no pueden ser deportados.

Abogados consultados por Univision Noticias han avertido que las órdenes ejecutivas y la nueva lista de prioridades de deportación también pueden afectar el ingreso de cualquier residente legal permanente que tenga un problema con la justicia. Recomendaron que antes de viajar fuera del país, busquen la asesoría de un experto para no poner en riesgo sus permanencias en EEUU.

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