Estas son las tareas pendientes de Trump para su segundo año en la Casa Blanca

En su vertiginosa campaña electoral, Donald Trump prometió cambios drásticos con respecto al gobierno anterior, en economía y migración, en leyes y relaciones internacionales.

Sin embargo, al final de su primer año, por la lógica de la negociación política en Washington de la cual carecía de experiencia y, aparentemente, de conocimiento, al presidente le quedaron varias cosas en el tintero, particularmente la derogación de la ley de salud Obamacare.

Obamacare

No haber podido derogar la Ley de Cuidados de Salud Asequibles, también conocida como Obamacare, es la gran frustración que dejó 2017 a Trump y los republicanos.

Aunque atravesaron dos intentos fallidos para desmontarla, una promesa permanente de los conservadores desde que entró en vigencia hace 8 años, es de esperar que los republicanos intenten una nueva acción contra la ley que tanto detestan y que consideran que otorga demasiada injerencia al gobierno en la administración en la salud de los ciudadanos.

Trump decretó que el sistema estaba colapsando, aunque lo cierto es que las acciones (e inacciones) de su gobierno han complicado la aplicación de la ley, como el final de algunos subsidios, o el recorte de periodo de inscripción y hasta la promoción de los planes de salud disponibles.

El mayor golpe en ese proceso de desmantelamiento se produjo en diciembre con la aprobación de la nueva Ley de Impuestos que eliminó la obligación individual de adquirir seguros de salud o pagar una multa, base importante de las bolsas de seguros más económicos que son el atractivo de Obamacare.

Inmigración y seguridad fronteriza

El prometido muro con México es el símbolo del reforzamiento de la seguridad fronteriza que el presidente Trump promueve como condición previa a cualquier reforma integral del sistema migratorio, algo que todos en Washington consideran necesario pero que nadie concuerda en cómo acometer.

El presidente ha dado su apoyo a la iniciativa que presentaron los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue en agosto pasado que busca controlar la inmigración de indocumentados y reducir en mucho la que se realiza legalmente.

Ese plan, con alguna modificación, sigue siendo la aspiración de la Casa Blanca, que quiere reducir el número de inmigrantes que se aceptan anualmente en el país, eliminar la llamada “lotería de visas”, reducir los permisos para trabajadores no especializados y reducir la inmigración en cadena, de manera que ciudadanos y residentes solo puedan pedir la entrada de cónyuges e hijos menores de edad.

Un punto delicado es el manejo de los dreamers, los beneficiarios del programa DACA a quienes ambos partidos quieren otorgar una solución permanente, aunque difieran en cuanto a cómo podrían hacer para obtener un status migratorio permanente y eventualmente un camino a la ciudadanía.

Infraestructura

Trump había prometido presentar un ambicioso plan de infraestructura apenas llegar al gobierno, pero pasado un año es todavía un punto pendiente.

Durante la campaña, Trump destacó cómo naciones europeas y asiáticas disponen de mejores aeropuertos o vías de comunicación, mientras que ese sector, que antes era el orgullo de los estadounidenses, está en franco deterioro.

Aunque los detalles del plan no se conocen aún, se estima que la Casa Blanca está preparando un plan que implica una inversión de 200,000 millones de dólares, que serían usados para promover inversiones por parte de los estados de hasta 1,000 millones de dólares, en desembolsos por parte de los gobiernos locales e inversiones privados para reparación de autopistas, carreteras, puentes y canales de navegación.

El costo asociado puede ser difícil de vender entre los republicanos, quienes siempre se han sido renuentes a la expansión del gasto público. Inversiones en obras públicas ha sido siempre una bandera de los demócratas, por lo que algunos consideran que Trump los colocará en una disyuntiva si es que deciden no respaldar el programa que presente.

En este caso hay propuestas de incluir un impuesto adicional a la gasolina para pagar por la factura, pero cualquier cosa que asemeje a impuesto gubernamental genera rechazo entre los republicanos, quienes se ufanan de la reforma de impuestos que aprobaron el mes pasado.

Poder judicial

Es previsible que este año Trump continúe su esfuerzo de cubrir las vacantes de jueces en las cortes federales, no solo en la Corte Suprema, sino particularmente en cortes de apelación. Hasta ahora Trump ha nominado 8 jueces de apelación, la mayor cantidad de un presidente en su primer año de ejercicio desde Richard Nixon.

El mandatario tiene en sus manos la posibilidad de definir 26 puestos (21 heredados de Barack Obama quedaron vacantes por la negativa de la mayoría republicana a considerar sus nominaciones.
y 6 que quedaron vacantes el año pasado)

Con un promedio de 66 años de edad, el mayor del último medio siglo, se estima que 150 jueces de apelaciones pueden optar por el retiro.

La decisión de 2013 de la entonces mayoría demócrata de eliminar la necesidad de 60 votos para confirmar jueces -que tomaron para superar el bloqueo republicano a las nominaciones del expresidente Obama- está funcionando como un bumerang y ahora en la oposición son incapaces de impedir que el ejecutivo de ese giro ideológico a las cortes federales.

Aunque la mayoría tiene sólidas credenciales académicas y notable experiencia como asistentes de jueces, algunos han expresado posiciones políticamente extremas que con los estándares anteriores posiblemente no habrían recibido el visto bueno de los senadores.

Algunos se quejan de que Trump está haciendo a las cortes federales menos diversas, y apuntan el hecho de que de los 18 nominados que ha presentado hasta ahora, 16 son blancos y 14 son hombres.

Los magistrados para las cortes de apelación no son sometidos al mismo escrutinio que reciben los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, pero esos circuitos procesan decenas de miles de casos al año y en la gran mayoría zanjan las soluciones. Menos de un centenar de pleitos llegan al Supremo, por lo que podría decirse que las cortes menores tienen mayor influencia en la vida de los ciudadanos.

Un poder judicial más conservador puede revertir algunos avances preciados por los liberales, como los derechos de la mujer, particularmente el acceso al aborto y la salud reproductiva, la protección de las minorías, la promoción de derechos políticos y hasta algunas protecciones para las minorías.