Revés judicial para Biden: juez bloquea la orden que paralizaba nuevos permisos de petróleo y gas en tierras federales

Un juez federal de Louisiana bloqueó este martes la orden de suspensión de nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras y aguas federales dada los primerios días del gobierno de Joe Biden, con lo cual los estados pueden continuar desarrollando planes energéticos que se habían retrasado para las aguas del Golfo de México y Alaska "y todas las propiedades terrestres elegibles".

La decisión del juez de distrito, Terry Doughty, da un duro golpe a los esfuerzos del presidente Biden por impulsar la transición de los combustibles fósiles a energías limpias, para evitar peores efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones e incendios forestales catastróficos.

La sentencia de Doughty, un juez nombrado por el expresidente Donald Trump en 2017, respone a una demanda presentada en marzo por el fiscal general republicano de Louisiana, Jeff Landry, y respaldada por Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia Occidental.

Doughty dijo que su fallo se aplica en todo el país. Concede un mandato judicial preliminar, es decir, frena la suspensión de los arrendamientos a la espera de nuevos argumentos sobre el fondo del asunto.

"La omisión de cualquier explicación racional en la cancelación de las ventas de arrendamiento, y en la promulgación de la suspensión, hace que este tribunal dictamine que los Estados Demandantes también tienen una probabilidad sustancial de éxito en el fondo de esta demanda", escribió.

El fiscal de Louisiana dijo en un comunicado que la sentencia de Doughty es una victoria "no solo para el Estado de Derecho, sino también para los miles de trabajadores que producen energía asequible para los estadounidenses".

El Departamento del Interior señaló en un correo electrónico enviado a la AP por la directora de comunicaciones Melissa Schwartz: "Estamos revisando la opinión del juez y cumpliremos con la decisión".

"El Departamento de Interior sigue trabajando en un informe provisional que incluirá las conclusiones iniciales sobre el estado de los programas federales de energía convencional, así como el esbozo de los próximos pasos y recomendaciones para que el Departamento y el Congreso mejoren la administración de las tierras y aguas públicas, creen puestos de trabajo y construyan un futuro energético justo y equitativo", añadió el comunicado.

Estados argumentan que no fueron consultados

El 27 de enero de este año, a escasos días de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, Biden firmó órdenes ejecutivas que imponían la moratoria de los arrendamientos de petróleo y gas con el propósito de luchar contra el cambio climático.

Posteriormente, el Departamento del Interior canceló las ventas de arrendamiento de petróleo y gas en tierras públicas hasta junio, lo que afectó a Nevada, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, estados cuya economía depende fuertemente de la industria de combustibles fósiles.

Las órdenes de Biden incluían un llamamiento a los funcionarios de Interior para que revisaran si el programa de arrendamiento beneficia injustamente a las empresas a costa de los contribuyentes, así como el impacto del programa en el cambio climático.

Los 13 estados que demandaron dijeron que la administración se saltó los períodos de comentarios y otros pasos burocráticos necesarios antes de que se puedan llevar a cabo tales retrasos, y que la moratoria costaría a los estados dinero y puestos de trabajo. Doughty escuchó los argumentos del caso la semana pasada en Lafayette.

Los abogados federales argumentaron que el período de notificación y comentarios públicos no se aplica a la suspensión, que las ventas de arrendamientos no son obligatorias por ley y que el secretario de Interior tiene amplia discreción en las decisiones de arrendamiento.

"No se ha cancelado ningún contrato de arrendamiento como resultado de ninguna de las acciones impugnadas aquí, y la actividad de desarrollo, desde la exploración hasta la perforación y la producción, ha continuado a niveles similares a los de los cuatro años anteriores", argumentaron los abogados de la administración en sus escritos.

Pero Doughty se puso del lado de los abogados de los estados demandantes, que argumentaron que el retraso de los nuevos arrendamientos costó a los estados ingresos por alquileres y cánones.

"Están en juego millones y posiblemente miles de millones de dólares", escribió Doughty en su decisión.

"Están en juego los fondos de los gobiernos locales, los empleos de los trabajadores del Estado y los fondos para la restauración de la costa de Louisiana", añadió, en alusión a una posible pérdida de ingresos por petróleo y gas que pagan los planes para restaurar los humedales costeros.

Unos contentos y otros no

El senador republicano por Louisiana, Bill Cassidy, celebró el fallo. "Esta es una fantástica noticia para los trabajadores de Louisiana, cuyo sustento se ve amenazado por la irreflexiva política energética de la administración", dijo en un comunicado.

Pero no todos apoyaron la decisión del juez.

"La orden del juez hace oídos sordos a la contaminación climática descontrolada que está devastando nuestro planeta", dijo Randi Spivak, directora del programa de tierras públicas del Centro para la Diversidad Biológica. "Seguiremos luchando contra la industria de los combustibles fósiles y los políticos que están comprados por ellos".