La Cámara de Representantes no tiene prisa por llegar a un acuerdo en inmigración (y esto amenaza los esfuerzos del Senado)

WASHINGTON DC .- Cuando se trata de reforma migratoria, por estos días en el Capitolio de Washington DC se corre una carrera contrarreloj, pero solo en el Senado porque en la Cámara de Representantes no parece haber ningún apuro.

El problema es que ambas instituciones deberían marchar al mismo ritmo si los legisladores pretenden lograr un acuerdo en inmigración que garantice que el gobierno tendrá dinero para funcionar más allá del 9 de febrero.

A juzgar por la frenética actividad de los últimos días, los senadores demócratas quieren hacerle cumplir su palabra al líder republicano Mitch McConnell de presentar a consideración de la Cámara Alta un acuerdo migratorio que saque del limbo a los dreamers, la oferta que aceptaron para aprobar fondos que permitieran reabrir el gobierno federal.

La Casa Blanca aprovechó para tomar la iniciativa al anunciar que presentaría un “marco legislativo” para la reforma el próximo lunes. Y aunque los “cuatro pilares” anunciados del plan (asegurar la frontera y cerrar los huecos legales, terminar la migración en cadena de familias extendidas, cancelar la lotería de visas y dar una solución permanente a DACA) no son nuevos para quienes llevan tiempo en esas negociaciones, parecen indicar que hay ganas de llegar a un acuerdo entre demócratas, republicanos y Trump.

Pero mientras los senadores se reúnen en grupos bipartidistas y tratan de acercar posiciones, en la Cámara de Representantes no hay todavía señales de movimiento. Y eso es un importante detalle, considerando que el próximo paso para lograr una ley pasa por sus manos.

Déjà vu 2013

Fuentes demócratas en el Congreso han dicho a Univision Noticias que temen estar viviendo la dinámica del 2013 otra vez. Se refieren al acuerdo que logró aquel año la llamada ‘Banda de los 8’ en el Senado, que permitió la aprobación por 68 votos a favor (18 de ellos republicanos) y 32 en contra de la Ley Modernización de la Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas e Inmigración.

Pero esa ley no llegó nunca al escritorio del presidente Barack Obama para su firma porque los representantes nunca discutieron una versión del texto, inhibidos por los sectores más conservadores que la bloquearon y de paso aceleraron la salida de John Boehner como presidente de la Cámara.

Ese temor a una rebelión entre los más conservadores capitaneados por el llamado Freedom Caucus también estaría paralizando a su sucesor, Paul Ryan, quien ha asegurado que no presentará ninguna iniciativa migratoria a la consideración del pleno si no cuenta con el voto de la mayoría de los republicanos.

Es la llamada 'Regla Hastert’, una norma no escrita introducida en 2003 por el entonces presidente de la Cámara Dannis Hastert (hoy preso por usar fondos de su oficina para intentar cubrir un caso de abuso de menores) que exige que “la mayoría de la mayoría” (121 de los 241 republicanos de la Cámara Baja) esté de acuerdo con la propuesta a discutir para presentarla a votación.

“No tenemos garantías de que el presidente de la cámara Paul Ryan nos dará la oportunidad de un voto (en el pleno) con el compromiso de McConnell. ¿Cómo vamos a tener garantías de que Ryan va a cumplir lo que dice, si depende de lo que diga la conferencia ultraconservadora?”, aseguró a Univision Noticias Carlos Paz, portavoz del Caucus Hispano en el Congreso.

Ese temor que se refuerza por opiniones como la del representante republicano Steve Scalise, quien tras resolverse el impasse por el cierre del gobierno federal, aseguró que “la Cámara (de Representantes) no fue parte de ese acuerdo”, dando a entender que lo que se considere en el Senado no será necesariamente seguido por la Cámara Baja.

Más allá de los lineamientos que envíe la Casa Blanca, no es que los representantes no tengan cosas sobre las que discutir. Hay al menos dos propuestas presentadas a consideración de la cámara: una del republicano Will Hurd y el demócrata Pete Aguilar, y otra del conservador Bob Goodlate.

Pero ninguna parece contar con esa mayoría que los republicanos se han autoimpuesto.

Secuelas del 2013

Lo aprobado por los senadores en 2013 incluía un camino a la ciudadanía a las 11 millones de personas que se estimaba entonces vivían en el país sin papeles, una ruta que, en promedio, tomaría unos 13 años.

También aprobaron 46,000 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera, entre inversión en tecnologías de vigilancia, continuación de las vallas ya existentes en la frontera con México y la contratación de unos 20,000 nuevos agentes para la patrulla fronteriza.

En aquel momento el financiamiento para la seguridad saldría de las multas y tarifas que tendrían que pagar los inmigrantes en su proceso de regularización.

Por seductor que pueda parecer hoy a los fiscalmente más conservadores que los fondos no salgan de los impuestos que pagan los contribuyentes, la piedra de tranca sigue siendo ‘de principios’. La premisa de que "el muro lo pagará México" se queda corta.

Y esto se debe a que muchos conservadores siguen considerando que las soluciones planteadas equivalen a una “amnistía” para quienes violaron las leyes de inmigración. Dar ciudadanía a los que fueron traídos ilegalmente por sus padres es una concesión demasiado amplia para los más conservadores.

Hay que considerar el peso que pueda tener la opinión del presidente Donald Trump, quien antes de salir de viaje a Davos, habló de dar la ciudadanía a los dreamers en un lapso de 10 o 12 años. Aunque esa opción estaba en la propuesta que le fue presentada la semana pasada y que terminó rechazando y acelerando la crisis que llevó al cierre del gobierno.

Así, entre la regla Hastert y la dificultad en acercar las posiciones radicalizadas, una solución para el problema de los dreamers se complica. En el Capitolio muchos consideran que el fundamento de la solución del problema migratorio radica en ellos y que, si la situación que atraviesan no es atendida, no hay posibilidad de un acuerdo bipartito amplio.