De qué se trata el proyecto de reforma migratoria republicano que cuenta con el respaldo del presidente Trump
El plan criminaliza la estadía indocumentada, cancela la lotería de visas y otorga una residencia provisional a los dreamers protegidos por DACA, quienes después de tres años podrán tramitar la green card, pero bajo el actual sistema migratorio.
Por:
Jorge Cancino.
El presidente se reunió con unos 25 representantes y senadores de ambos partidos. Se espera que los legisladores y la Casa Blanca encuentren una solución para los cerca de 800,000 jóvenes indocumentados que estaban protegidos por DACA.
Video Congresistas, hijos de inmigrantes, piden a Trump una reforma migratoria integral
Un grupo de legisladores republicanos encabezados por los congresistas Bob Goodlatte (Virginia) y Raúl Labrador (Idaho), presentaron el miércoles el proyecto de ley Securing America’s Future Act (Asegurando el Futuro de América H.R. 4760), un plan de reforma migratoria basado en un fuerte componente de seguridad y que cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump.
La iniciativa incluye legalizar a los dreamers protegidos por DACA y propone que los beneficiarios de la Acción Diferida de 2012 accedan primero a un permiso migratorio que les autorice a permanecer en el país sin ser deportados durante tres años.
Al término de ese plazo, los beneficiarios podrán renovar indefinidamente la autorización de permanencia, pero no habla de una green card o residencia legal permanente que les permita convertirse en ciudadanos estadounidenses.
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“Los destinatarios solo pueden hacer uso de los caminos existentes (no habrá un camino especial) hacia la tarjeta verde”, se lee en la propuesta.
El proyecto también propone autorizar $30,000 millones para construir el muro con México y la seguridad fronteriza, una cantidad aproximada a la que él solicitó recientemente al Congreso.
Goodlatte y Labrador también proponen convertir en un delito federal el cruce indocumentado de la frontera, permanencia que en la actualidad constituye una falta de carácter civil no criminal.
En ese encuentro el mandatario prometió que, una vez resuelto el futuro de los miles de dreamers protegidos por DACA, podría abrirse el debate de la legalización del resto de indocumentados.
“La (reforma migratoria) integral será la fase dos”, indicó. “Aprobaremos esto (el tema de los dreamers y el presupuesto) y después nos meteremos con la (reforma) integral, al día siguiente”, añadió.
Además de Goodlatte, quien preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y Labrador, presidente del Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza, el grupo lo integran los congresistas Michael McCaul (Texas), presidente del Comité de Seguridad Nacional del Comité Judicial de la Cámara, y Martha McSally (Arizona), presidenta del Comité de Seguridad de la Subcomisión de Seguridad Marítima y Fronteriza.
Eliminar la lotería de visas, sorteo creado por el Congreso en 1990 y que entrega 50,000 green cards por año entre países de baja admisión.
Reducir la inmigración en cadena. Los ciudadanos y residentes solo podrán pedir la entrada de cónyuges e hijos menores de edad.
Visa temporal para familiares. Crea una visa para que ciertos padres de ciudadanos a quienes no se les pueda pedir la residencia, puedan obtener un permiso temporal sin costo para los contribuyentes.
Reducir la cuota anual de extranjeros inmigrantes de 1,060,000 al año a 260,000.
Aumentar la cuota anual de residencias para trabajadores cualificados de 120,000 a 175,000.
Crear un nuevo programa de trabajadores agrícolas invitados.
Endurecer los controles para la entrega de visas. Enviar agentes de ICE adicionales a las embajadas de alto riesgo para examinar a los visitantes e inmigrantes que piden autorización para entrar al país.
Construir el muro en la frontera con México.
Utilizar tecnología avanzada adicional en la seguridad de las fronteras.
Aumentar la seguridad en los puertos de entrada.
Contratar 10,000 nuevos agentes para ICE y la Patrulla Fronteriza.
Autorizar a la Guardia Nacional para que proporcione apoyo aéreo y de inteligencia en la frontera.
Crear un nuevo sistema biométrico para controlar el ingreso y salida de individuos en los puertos de entrada aéreo, marítimo y terrestre.
Convertir en obligatorio el sistema de verificación de empleo E-Verify.
Autorizar al Departamento de Justicia para que suspenda la entrega de fondos a las ciudades santuario.
Permitir a las víctimas de crímenes cometidos por extranjeros demandar a las ciudades santuario.
Facilitar la cooperación de las policías locales con el gobierno federal.
Establecer nuevos estándares de causa probable para que ICE pueda detener a individuos.
Indemnizar a las ciudades que colaboran con el gobierno federal para arrestar a inmigrantes.
La aplicación relajada de la política de inmigración durante años "ha causado estragos en nuestras fronteras”, dijo Goodlatte en un comunicado publicado en la página de Twitter del congresista Labrador. “A millones de personas se les ha permitido incumplir nuestras leyes de inmigración. No podemos permitir que estas políticas peligrosas y tontas continúen”, añadió.
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Goodlatte dijo además que con la presentación de la ley Asegurando el Futuro de América, “tenemos una oportunidad histórica para arreglar nuestro sistema de inmigración roto”. Y subrayó que “la única manera de reducir la inmigración ilegal, es abordar la aplicación de nuestras leyes de inmigración en el interior de nuestro país y asegurar nuestras fronteras”.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes indicó además que el plan está dirigido a garantizar la permanencia solo de los “inmigrantes respetuosos de la ley” para “restablecer el estado de derecho”.
Por su parte, McCaul definió el actual sistema inmigratorio como una crisis, donde los “narcotraficantes, traficantes de personas y pandilleros transnacionales como la Mara Salvatrucha (MS-13) han explotado nuestras vulnerabilidades en nuestras fronteras”.
El congresista por Texas indicó que la propuesta de ley “endurecerá las medidas contra quienes quebranten nuestras leyes de inmigración”, dejando entrever que en este grupo estarían todos los 11 millones de indocumentados.
Por su parte, Labrador recalcó que el plan “creará empleos mediante la transición a un sistema de inmigración legal basado en el mérito que priorice las necesidades del pueblo estadounidense”.
Legisladores demócratas de ambas cámaras del Congreso aseguraron a Univision Noticias que no apoyarán el plan republicano de reforma migratoria que apoya el presidente Trump.
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“Absolutamente no”, dijo a Univision Noticias la oficina del senador Bob Menéndez (Nueva Jersey). “El senador está preparado para trabajar arduamente para que este proyecto de ley antiinmigrante nunca sea considerado en el Senado”, subrayó.
En el 2013 Menéndez formó parte del Grupo de los Ocho que redactó y logró la aprobación en la cámara alta de un proyecto de reforma migratoria que incluía un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados que llevan tiempo en el país y carecían de antecedentes criminales.
El plan no avanzó porque fue detenido en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.
A su vez, el Caucus Congresional Hispano dio un rotundo 'no' a la iniciativa encabezada por Goodlatte y Labrador.
La oficina del líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), ha dicho en reiteradas ocasiones que apoya un plan de reforma migratoria similar al del 2013, con una vía para legalizar a millones de indocumentados y que también incluya un programa de seguridad fronteriza.
Schumer, al igual que Menéndez, formó parte del grupo o Pandilla de los Ocho.
Nancy Pelosi, por su parte, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, apoya un proyecto integral de reforma migratoria que, además de incluir una vía de legalización para millones de indocumentados que viven en el país y garantice la reunificación familiar, proteja las fronteras y repare un sistema de inmigración que, como señalan también los republicanos, se encuentra roto.
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Para aprobar una reforma migratoria se necesitan 218 votos en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con 241 asientos. En el Senado se requieren 60 votos y los republicanos, que tienen la mayoría, sólo cuentan con 51.
