A contrarreloj: organizaciones piden a la Corte Suprema que bloquee la ley antiaborto de Texas

Si la Corte Suprema no frena la ley antiabortos de Texas, la SB8, este mismo miércoles las mujeres en el estado no podrán realizarse abortos seguros después de las seis semanas de gestación. Esa es solo una de las prohibiciones que incluye el texto, que comenzará a aplicarse como uno de los más restrictivos al derecho al aborto en el país.

Entre 85% y 90% de las mujeres que se realizan abortos en el estado tienen justo ese tiempo de embarazo. Muchas ni siquiera se enteran hasta después de las seis semanas. Si el máximo tribunal no frena esta ley estaría prohibiendo prácticamente todos los abortos en el estado.

Además, permite que cualquiera —inclusive sin ser funcionario o empleado del gobierno— pueda interponer una demanda contra quien se realice un aborto o contra quien supiera que se iba a llevar a cabo. Y pueden hacerlo en cualquiera de los 254 condados del estado, lo que haría que un médico en Houston, por ejemplo, tuviera que viajar a El Paso si una persona presenta una demanda en su contra en los tribunales de esa ciudad.

Si el reclamo sale victorioso, el demandado tendría que pagar no menos de 10,000 dólares por cada aborto del que tuviera conocimiento. La Universidad de Texas anticipa una consecuencia ante medidas como esta: los médicos no darán información a los pacientes sobre las opciones que tienen ante un embarazo no deseado.

Los grupos antiaborto en Texas, se lee en una nota de prensa de Planned Parenthood, ya han creado formularios en línea para reclutar a personas para demandar a cualquiera que crean que está violando la ley. También están motivando a que se envíen "sugerencias anónimas" sobre médicos, clínicas y otras personas a los que indagar.

Organizaciones como el Center for Reproductive Rights, la Federación Planned Parenthood of America, el Lawyering Project, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) nacional y su oficina de Texas, así como el escritorio de abogados Morrison & Foerster y diversas clínicas introdujeron una petición de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos este lunes para que bloquee la ley SB8 de Texas o para que permita que la batalla legal continúe en una corte distrital en Austin.

Dieron el paso después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se negara el domingo a bloquear el texto, una solicitud que había sido hecha por decenas de clínicas y centros de derechos reproductivos.

"Es cruel, inconsciente e ilegal"

Si la ley entra en vigor, las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer anticipan que las más afectadas serán las mujeres con menos recursos, que tendrán que viajar —si es que pueden— de 12 a 248 millas para acceder a un centro de aborto para realizarse el procedimiento de forma segura, concluyó el Instituto Guttmacher, una organización que investiga el derecho al aborto.

Para 2019, en Texas había unas nueve millones de mujeres en edad reproductiva. Para la gran mayoría de ellas, si la ley entra en vigencia, la clínica de aborto más cercana estaría en estados que también tienen políticas restrictivas al aborto, como Louisiana, donde las pacientes ya batallan con restricciones y donde son pocas las clínicas que realizan el procedimiento (solo 4 para 2017). Esas barreras —y requisitos como cumplir con dos visitas médicas— podría hacer que algunas personas que viajen desde Texas tengan que ir incluso a otro estado para poder recibir atención médica.

“Los residentes de Texas, como cualquier otra persona en este país, deben de poder contar con un acceso al aborto seguro en su propio estado. Ninguna persona debe verse forzada a conducir cientos de millas o continuar con un embarazo en contra de su voluntad", dice Amy Hagstrom Miller, presidenta de Whole Woman’s Health and Whole Woman’s Health Alliance. "Le pedimos a la Corte Suprema que proteja el acceso la salud de nuestros pacientes y nos permita seguir proveyendo los cuidados de salud esenciales que los residentes de Texas se merecen", agrega.

Para Nancy Northup, al frente del Center for Reproductive Rights, una ley como esa que, además, obliga a las pacientes a movilizarse del estado en medio de una pandemia, "es cruel, inconsciente e ilegal". De aplicarse, denuncia, derogará un derecho que está contemplado en Roe vs. Wade.

"El daño que causará esta ley será insuperable para demasiadas personas en Texas, particularmente para las personas negras, latinas, indígenas, aquellos con bajos ingresos y personas en áreas rurales que ya enfrentan barreras significativas", dice Alexis McGill Johnson, presidenta de la Federación Planned Parenthood of America. Ella asegura que sus clínicas seguirán abiertas y atenderán a tantos pacientes "como puedan, siempre que puedan hacerlo dentro de la ley".

Kamyon Conner, director ejecutivo del Fondo para el Acceso Igualitario en Texas, cree que la ley que está a punto de entrar en vigencia "codifica la intimidación" y empodera a los extremistas para que usen los litigios "para acosar e intimidar" incluso a quienes sepan que se ha realizado un aborto.

Otros doce estados han promulgado leyes que prohíben el aborto después de las seis semanas; ninguna de ellas ha entrado en vigor.

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