Facebook y Google permiten más que nunca que el gobierno espíe a usuarios

Los gigantes del internet Facebook, Twitter y Google fueron bombardeados en 2020 con solicitudes de agencias del gobierno de Estados Unidos buscando obtener información de miles de usuarios.

Tenían bajo el radar a más de 104,000 cuentas privadas y, en la mayoría de los casos, esas tres empresas terminaron compartiendo al menos un poco de la información que les pedían.

Es la cifra más alta desde que estas compañías fueron creadas. Las autoridades logran su objetivo a través de órdenes judiciales, de registro y para escuchas telefónicas. También obtienen lo que piden advirtiendo que tratan de prevenir un ataque terrorista, un tiroteo escolar, un secuestro o un suicidio.

Facebook ha recibido más pedidos de este tipo en Silicon Valley: 399,330 en los últimos seis años, de los cuales 61,528 ocurrieron entre enero y junio de 2020, según el reporte más reciente de la compañía.

Le sigue Google, que suma 39,536 solicitudes de información de usuarios en el primer semestre de 2020, un aumento del 850% desde 2011. Un informe de la compañía indica que desde 2015 suma más de 230,000 trámites para otorgar datos de sus clientes.

Cada vez que Google abre esa puerta, el gobierno tiene acceso a Gmail, YouTube, Google Photos y otros servicios. Significa que puede revisar los correos electrónicos de esa persona, todas las búsquedas que hizo en internet, los videos que miró y hasta las fotos que almacenó en su celular.

Lo que obtienen es muy valioso: ubicación, rutina y evidencia que los fiscales pueden usar en un juicio.

El buscador más grande del internet también reveló esa información en otros países. Recibió más de 2,300 solicitudes de agencias del gobierno de México desde enero de 2015 y hasta junio de 2020.

¿Google colabora con ICE?

Google no especifica con qué dependencias gubernamentales en EEUU ha colaborado, aunque una nota del diario Los Angeles Times señala que cooperó con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Protegemos enérgicamente la privacidad de nuestros usuarios al tiempo que apoyamos el importante trabajo de las fuerzas del orden”, dijo un portavoz de Google a Univision Noticias.

La empresa señala que notifica a usuarios por correo electrónico cuando las fuerzas del orden piden su información, publica un informe semestral y rechaza “solicitudes demasiado amplias”.

Si el gobierno tiene bajo la lupa a una organización, Google le avisa al administrador de esa cuenta. Pero nadie se entera si se lo prohíben legalmente o corre en riesgo la vida de alguien, explica la compañía.

Algunos consideran problemático que Google se deslinde indicándoles a sus clientes que tiene un plazo de siete días para impugnar en un tribunal federal las acciones de las autoridades.

“Lo mejor sería que Google no pase esta responsabilidad a sus usuarios”, dijo Kevin Herrera, abogado de la organización Just Futures, a Noticias Univision.

ICE accedió a cuentas de Facebook

ICE no respondió a las preguntas de este medio sobre cuántas veces ha pedido información de usuarios de Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales. La agencia solo afirma que no envía habitualmente citaciones administrativas a empresas de tecnología en casos migratorios ni criminales.

En meses recientes, ICE informó que había enviado órdenes judiciales a corporaciones policiales regidas por leyes ‘santuario’. En un caso, en enero de 2020, forzó legalmente al Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York para que le entregara información sobre varios indocumentados bajo su custodia. Uno de ellos era un mexicano acusado de intento de homicidio.

“Como cualquier agencia policial, estamos acostumbrados a modificar nuestras tácticas a medida que los delincuentes cambian sus estrategias”, señaló ICE al respecto.

Acusaciones federales mencionan que la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que es parte de ICE, ha logrado espiar las comunicaciones en Messenger, el servicio de mensajes privados de Facebook, en casos criminales sobre miembros de la Mara Salvatrucha.

Uno de esos procesos penales concluyó en 2018 con el arresto de 25 pandilleros y asociados de dos células de la MS-13 en Mendota, California. Los vinculan con al menos 14 asesinatos en esa región.

La investigación incluyó el registro de más de 50 cuentas de Facebook, así como escuchas telefónicas y la colaboración de un infiltrado. Todas esas acciones fueron aprobadas por un juez.

Los detectives interceptaron las conversaciones en Messenger de Lorenzo Amador, quien junto a otros mareros apuñaló por la espalda a un miembro de la banda enemiga 'Bulldogs' en 2018. Una declaración jurada describe que dos horas después de atacar a la víctima, que sobrevivió en un hospital, Amador les escribió en Messenger a otros pandilleros: “Desplumamos a un pollo”.

Facebook tampoco especificó a qué agencia policial le ha compartido información.

A través de un comunicado enviado a esta redacción, la red social más popular del mundo explicó que la mayoría de las solicitudes que recibe están relacionadas con “casos penales, como robos y secuestros”. Aclaró que estas pasan por “procesos estrictos” basados en las leyes y su política de privacidad.

Señala que otras razones para cerrarle la puerta a la policía es que su pedido no identifique al usuario en cuestión, que haya “deficiencias legales” o recibir solicitudes “demasiado amplias o vagas”.

Esta compañía indica que también les notifica a sus subscriptores que están siendo investigados.

Una cooperación habitual

En el primer semestre de 2020, Facebook cooperó con las autoridades en casi el 90% de los pedidos que fueron hechos a través de un procedimiento legal. Google, por su parte, lo hizo en el 83% de los casos.

Twitter recibió 3,429 solicitudes gubernamentales entre enero y junio de 2020 en EEUU, esto es una cuarta parte de los 12,600 pedidos que recibió en todo el mundo en ese período.

Su vocera Katie Rosborough dijo a Univision Noticias que la empresa “no tenía más que compartir que el reporte de transparencia” y su política, la cual es similar a la de otras empresas de tecnología.

La Cuarta Enmienda de la Constitución y la Ley de Privacidad en las Comunicaciones Electrónicas (ECPA) restringen la capacidad del gobierno para obtener información de una cuenta, correos electrónicos, documentos o fotografías. Como mínimo, deben emitir una citación o una orden judicial.

Pero cuando se trata de investigaciones relacionadas con la seguridad nacional, basta que el gobierno envíe una carta mencionando la llamada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), la cual abre una ventana que permite la vigilancia física y electrónica de sospechosos de terrorismo y espionaje.

Otra herramienta que usa el Departamento de Justicia es la llamada Ley CLOUD, que obliga a mostrar datos requeridos por una corte federal, aunque estén almacenados en servidores en otros países. Uno de sus reclamos era que una empresa divide los datos de una cuenta y los coloca en distintos lugares, lo cual requería de una complicada colaboración internacional en investigaciones sobre tráfico sexual.

Silicon Valley también ha sido presionada por grupos que se oponen, en particular, a que agentes de ICE reciban ayuda tecnológica que les facilite realizar “deportaciones masivas”. En ese sentido, una coalición de organizaciones ha pedido que la dependencia revele cuántas solicitudes de información de clientes ha enviado a Google, Facebook y Twitter. Aún no le responden.

En dicha solicitud, presentada por la Universidad de Boston y las organizaciones Just Futures y Mijente Support Committee, se argumenta que esas plataformas guardan “grandes cantidades de datos personales sobre sus usuarios, incluidos tiempo, ubicación, dirección y datos de comunicación”.

Kevin Herrera, de Just Futures, advierte que no bajarán la guardia. “Tenemos que poner presión con la comunidad en esas compañías para proteger nuestros datos personales y también nuestra información privada”, señaló.