Repartían fentanilo en sobres postales: así desmantelaron una organización que traficaba drogas en la cárcel de Guaynabo

Se trata de la única prisión federal que existe en Puerto Rico y tiene una población de poco más de 1,000 reclusos, donde se encuentran reos conocidos como José Figueroa Agosto o Félix Verdejo. Este incidente no es aislado, ya que en años anteriores se han registrado casos similares de contrabando que han involucrado drogas y artículos prohibidos.

Por:
Univision
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Ocho personas fueron acusadas esta semana por un jurado federal por conspiración para traficar drogas dentro del Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Guaynabo, a través de sobres postales que simulaban ser cartas.

Se trata de la única prisión federal que existe en Puerto Rico y tiene una población de poco más de 1,000 reclusos, donde han estado reos conocidos como José Figueroa Agosto y el exboxeador Félix Verdejo.

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Sin embargo, este incidente no es aislado, ya que en años anteriores se han registrado casos similares de contrabando que han involucrado drogas y artículos prohibidos.

¿Qué traficaban y cómo lo hacían?

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico, los imputados conspiraron desde julio de 2023 hasta el 22 de mayo de 2024 para proporcionar buprenorfina, ketamina y fentanilo a los reclusos alojados en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo.

La organización criminal utilizaba el correo para suministrar drogas en las prisiones federales y estatales, mediante sobres que pretendían parecer del correo postal legal.

Las autoridades emitieron en total 14 cargos por los delitos de tráfico de drogas, conspiración para proporcionar contrabando en prisión y conspiración para cometer robo de identidad.

Los ocho acusados fueron identificados como José J. Rodríguez Cumba alias ‘Chambi’, Richard Cruz Monzón, Yarelis I. Colón Ríos, Yarushka M. De León Acosta alias ‘La Secretaria’, Edwin D. González Reyes alias ‘Cotto’, José J. López Pellot, Christina M. Rodríguez Cumba alias ‘Nani’ y Selena Crespo Dumeng.

Una valla rodea el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, Puerto Rico.
Una valla rodea el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, Puerto Rico.
Imagen RICARDO ARDUENGO/AFP via Getty Images


Los imputados podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel, es decir, 10 años por posesión de fentanilo, cinco años por intentar proporcionar buprenorfina en prisión y cinco años por conspiración para proporcionar contrabando en prisión.

Además, podrían enfrentar una sentencia máxima de 20 años por conspiración para cometer robo de identidad, así como una sentencia mínima obligatoria consecutiva de dos años por robo de identidad agravado.

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La División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos está a cargo de la investigación junto al Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

¿Qué se sabe de la prisión federal de Guaynabo?

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Guaynabo se ubica junto al Fuerte Buchanan del ejército estadounidense, y está a sólo seis millas de San Juan.

Fue inaugurada en 1993 y atiende a reclusos masculinos y femeninos de todos los niveles de seguridad, donde los reclusos están alojados en celdas para dos personas.

Es la única prisión federal ubicada fuera de los Estados Unidos continentales.

MDC Guaynabo está catalogada como una prisión de Nivel 2 de Atención Médica, que permite reclusos que requieren evaluación y atención de rutina o trimestral por parte de un médico.

Tras el incidente de contrabando de drogas, los fiscales federales Alberto López Rocafort, Teresa Zapata Valladares, Vance Eaton y Carlos J. Romo Aledo, quienes están a cargo de procesar el caso, señalaron en un comunicado que el el incidente es una amenaza significativa porque puede causar la muerte inmediata tanto a los reclusos como al personal correccional.

¿Qué otros incidentes se han registrado en esta cárcel?

En 2010, una investigación del FBI descubrió una conspiración para distribuir cocaína, heroína, marihuana, Percocet y Xanax a un recluso de esta cárcel.

La conspiración, encabezada por Juan Ríos Ortiz, intentó proporcionar teléfonos celulares, cargadores y tarjetas SIM a un recluso del MDC. Ríos-Ortiz trabajaba para una empresa que tenía un contrato para suministrar productos a la cocina de la prisión.

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Tres años después, el 26 de febrero de 2013, Osvaldo Albarati, teniente del Negociado Federal de Prisiones, fue asesinado a tiros en lo que se cree que es una represalia por sus investigaciones sobre el contrabando de teléfonos celulares en el MDC Guaynabo.

Las autoridades han dicho que su asesinato pudo haber sido cometido por poderosos narcotraficantes retenidos en las instalaciones en represalia por las incautaciones.

El 24 de marzo de 2020, como resultado de la pandemia de COVID-19, la prisión informó que estaba operando con un horario modificado y no se permitían visitas a los reclusos.

Mira también:

<b>Julia Keleher</b>, la exsecretaria del departamento de Educación bajo Ricardo Rosselló fue arrestada en julio de 2019 y se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos en el 2021. Keleher fue condenada a seis meses de prisión, un año bajo arresto domiciliario, y el pago de una multa de 21,000 dólares, más servicios comunitarios.
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El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), 
<b>Nelson Del Valle Colón</b>, se declaró culpable a nivel federal por un esquema de sobornos el 31 de marzo. Dos de sus empleadas también se declararon culpables tras ser acusadas junto al exfuncionario en el año 2020. Del Valle Colón tendrá que devolver $190,000 al gobierno de Puerto Rico y
<b> fue condenado a 57 </b>meses de prisiuon por una jueza federal.
<b>María Milagros ‘Tata’ Charbonier</b>, exrepresentantes del Partido Nuevo Progresista, fue arrestada por el FBI en agosto del 2020. Las autoridades federales también arrestaron a su esposo, su hijo y una empleada de su oficina identificada como Frances Acevedo Ceballos. Todos enfrentan cargos por robo de fondos federales, fraude en sus servicios honestos, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. El caso está pendiente. 
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El representante PNP, 
<b>Néstor A. Alonso Vega</b>, presentó su renuncia a su escaño legislativo en la Cámara de Representantes tras ser acusado criminalmente por un presunto esquema de soborno y fraude electrónico. Las autoridades federales arrestaron en mayo de 2020 al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP). Acusado por un Gran Jurado de nueve cargos, entre estos 'kickbacks'. el 6 de junio, el exfuncionario fue encontrado culpable de corrupción por un jurado federal y se expone hasta 20 años de cárcel.
En enero de 2021 el FBI arrestó al productor de radio y televisión, 
<b>Sixto George</b>. Este fue acusado de intentar sobornar por sobre $300,000 a funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló, en un esquema vinculado a la publicación del chat de Telegram durante el verano de 2019. El caso está pendiente.
<b>Felix 'El Cano' Delgado</b>, exalcalde de Cataño del Partido Nuevo Progresista, se declaró culpable de conspiración, soborno y de un patrón de fraude denominado “kickbacks” en un foro federal en diciembre de 2021. Según la fiscalía federal, Delgado recibió 
<b>más de 100,000 dólares de forma ilegal</b>, así como cinco lujosos relojes, 
<b>cuatro de ellos Rolex</b>.
<b>Oscar Santamaría</b>, es el
<b> </b>contratista en medio de la mayoría de los casos y arrestos de corrupción pública en los últimos dos años
<b>. </b>Enfrenta hasta cinco años de cárcel, luego de que el 29 de noviembre de 2021 se declarara culpable por varios esquemas de corrupción. Estos, relacionados con los pagos y regalos que hacía a exalcaldes alrededor de Puerto Rico, a cambio de contratos para las empresas Waste Collection, INC., 
<b>Island Builders Corp.</b> y 
<b>VIP Healthcare Solutions.</b>
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Al igual que Santamaría, 
<b>Raymond Rodríguez</b> se declaró culpable el 30 de noviembre por esquemas de corrupción, relacionados a pagos, regalos y sobornos a funcionarios electos a través de la compañía de asfalto, JR Asphalt. También enfrenta una pena máxima de cinco años de cárcel, una multa de hasta $250,000 y libertad supervisada de tres años.
El 
<b>excontratista Mario Villegas</b> era el copropietario de JR Asphalt, junto a Raymond Rodríguez, y enfrenta los mismos cargos que su exsocio. 
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El analista político, Luis Pabón Roca, lamentó que funcionarios del PPD celebraron que no fueron dos alcaldes de la Pava los que fueron arrestados por el FBI.
El 9 de diciembre de 2021, agentes federales acudieron a la residencia del alcalde de Guaynabo por el PNP, 
<b>Ángel Pérez</b>, donde fue puesto bajo arresto. Pérez Otero se expone a cinco años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años por el de soborno y 20 años por el de extorsión. El exalcalde recibió 
<b>pagos en efectivo mensuales de 5,000 dólares.</b>
Tras el arresto, las autoridades publicaron imágenes de 
<b>Ángel Pérez</b> recibiendo sobornos en forma de efectivo por parte de 
<b>Oscar Santamaría</b>.
<b>Radamés Benítez</b> fue arrestado el pasado 9 de diciembre, el mismo día en que arrestaron al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Este fue acusado de conspiración para cometer fraude mediante 
<i>kickbacks</i>, soborno y extorsión de las compañías JR Asphalt y Waste Collection. Benítez obraba un soborno mensual de $17,250 vinculado a la otorgación de un contrato a la empresa Waste Colleection Corp. de Santamaría. Radamés era el vicealcalde del municipio bajo el alcalde del PPD, Luis Cruz Hernández, quien también es investigado por las autoridades.
<b>Luis Arroyo Chiques</b>, exalcalde de 
<b>Aguas Buenas por el PPD</b> se declaró culpable el 16 de diciembre de 2021 ante un foro federal por participar en un esquema de soborno en el cual recibió dinero en efectivo a cambio de otorgar un contrato municipal de 10 años por el servicio de recogida de desperdicios sólidos, inclusive hasta después de salir de la alcaldía.
El exalcalde de Guayama por el PPD, 
<b>Eduardo Cintrón Suárez</b>, se delcaró culpable el 8 de abril de 2022 en un caso de corrupción por recibir comisiones ilegales a cambio de la contratación de una empresa de asfalto JR Asphalt de Oscar Santamaría. El mismo día de su cita en corte, Cintrón renunció a la alcaldía.
<b>Joseph Fuentes</b>, recaudador de fondos para la campaña del 
<b>gobernador Pedro Pierluisi</b>, se declaró culpable de haber violado la Ley Electoral de EEUU en el foro federal en 5 de mayo de 2022. Fuentes, a través del Comité Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, ocultó de dónde provenían cientos de miles de dólares depositados en dos organizaciones fantasmas que hacían donaciones. El 26 de agosto de 2022, el amigo de Pierluisi fue sentenciado a 14 meses en prisión por el 
<b>el juez Joseph Laplante.</b>
<b>Javier García Pérez</b>, alcalde de Aguas Buenas por el PNP, fue arrestado el 5 de mayo por el FBI en su residencia. Este fue acusado de recibir pagos ilegales de compañías dedicadas al recogido de basura, así como al asfaltado de carreteras. Según informó la fiscalía federal, García estuvo involucrado en los actos de corrupción desde el 2017 a 2021, y acumuló unos $32,000 en sobornos.
El alcalde 
<b>Humacao por el PNP, Reinaldo Vargas Rodríguez</b>, fue arrestado este jueves por agentes del Buró Federal de Investigaciones
<b> (FBI)</b>, y enfrenta cargos de corrupción pública. Según el informe de las autoridades, Vargas recibió alrededor de 
<b>$15,000</b>, y comenzó la actividad criminal a dos meses de haber juramentado como alcalde.
El exfiscal federal y abogado, Osvaldo Carlos, dijo que ha tenido acercamientos, en los pasados meses, con otros alcaldes tras la ola de arrestos por corrupción pública.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), an unció que someterá cargos contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique 'Quieue Questell, por el nombramiento de Carmen Rivera Torres como directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel. Además, la Oficina de Ética Gubernamental lleva dos investigaciones contra el exalcalde.
Al igual que el Cano Delgado, exalcalde de Cataño, el
<a href="https://www.univision.com/radio/puerto-rico-wkaq-am/wkaq-580-am/abel-nazario-se-refirio-al-sonado-caso-de-felix-el-cano-delgado-video"> exdirector de Obras Públicas del municipio de Cataño</a>, Pedro Marrero Miranda, se declaró culpable el 9 de junio de una conspiración de sobornos en la que recibió pagos en efectivo a cambio de la distribución de proyectos de remoción de asfalto y la certificación de facturas para pagos del municipio a una empresa de 
<b>asfalto y pavimentación</b>.
José Luis Cruz, exalcalde de Trujillo Alto, se va a declaró culpable de corrupción pública ante un foro federal el 21 de junio de 2022, tras recibir 'kickbacks' de dos individuos y compañias de asfalto y recogido de basura. Su amigo y mano derecha en el municipio, Radamés Benítez Cardona fue arrestado el 9 de diciembre de 2021.
Jorge Droz Yapur, subdirector de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) bajo el PNP, enfrenta cargos federales por un fraude relacionado a la Ley de Quiebras tras ser acusado por un gran jurado federal. Droz fue director ejecutivo de la agencia y actualmente gozaba de un puesto de 'ayudante especial'.
Wanda Vázquez fue arrestada por el FBI bajo cargos de corrupción pública el 4 de agosto de 2022.
El 30 de agosto de 2022, el empresario
<b>José Bou Santiago</b>, de 50 años, se declaró culpable hoy en el Tribunal federal de
<b>sobornar con un reloj Rolex</b>al exalcalde de Cataño, Felix 'El Cano' Delgado a cambio de contratos en el municipio.
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Julia Keleher, la exsecretaria del departamento de Educación bajo Ricardo Rosselló fue arrestada en julio de 2019 y se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos en el 2021. Keleher fue condenada a seis meses de prisión, un año bajo arresto domiciliario, y el pago de una multa de 21,000 dólares, más servicios comunitarios.
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