SAN JUAN, Puerto Rico.- Un puertorriqueño que trabajaba como gerente de almacén fue una de las personas detenidas durante la redada que realizaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) en un negocio mayorista de mariscos de Newark, Nueva Jersey. El hombre es ciudadano estadounidense y veterano militar,
Puertorriqueño y veterano militar: es ciudadano uno de los detenidos durante redada sin orden judicial en Nueva Jersey
La redada de ICE en Newark generó denuncias de discriminación al enfocarse en trabajadores hispanos mientras ignoraba a empleados blancos. Un gerente puertorriqueño y veterano militar fue detenido, provocando críticas por violar derechos constitucionales y cuestionar su ciudadanía.
El alcalde de Newark, Ras J. Baraka, condenó la redada, calificándola de “atroz” y denunció que los agentes de ICE actuaron sin una orden judicial, lo que constituiría una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
“Uno de los detenidos es un veterano militar estadounidense que sufrió la indignidad de que se cuestionara la legitimidad de su documentación militar”, señaló el alcalde en un comunicado. “Newark no se quedará de brazos cruzados mientras las personas son aterrorizadas de manera ilegal”, agregó.
El alcalde Baraka también subrayó que la operación ignoró derechos fundamentales y utilizó tácticas que calificó como “terrorismo” hacia las comunidades inmigrantes y de minorías raciales.
El detenido en cuestión, un puertorriqueño que gestionaba el almacén del negocio, fue identificado por su jefe como un veterano del ejército estadounidense. La detención fue arbitraria debido a que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.
El operativo ocurrió el jueves en Ocean Food Depot, según informó su propietario, Luis Janota.
“Pregunté (a los agentes) qué documentación estaban buscando, y dijeron que era una licencia o un pasaporte. Pensé, ¿quién anda con un pasaporte?”, declaró Janota al canal PIX11. También destacó que los agentes no solicitaron documentación a sus empleados blancos o portugueses, pero sí a los trabajadores hispanos. “Parecía que iban específicamente tras cierto tipo de personas”, agregó.
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Por su parte, ICE defendió sus acciones en un comunicado, donde explicó que los agentes pueden “encontrarse con ciudadanos estadounidenses durante sus operativos de campo” y que tienen la potestad de solicitar identificación para verificar la identidad de las personas. Sin embargo, no abordaron específicamente las acusaciones sobre la falta de una orden judicial ni las denuncias de discriminación racial.
El caso también ha llamado la atención de líderes políticos nacionales. El senador Cory Booker (D-NJ) expresó su “profunda preocupación” por los reportes y aseguró que solicitará respuestas al Departamento de Seguridad Nacional. De manera similar, la representante LaMonica McIver, cuyo distrito incluye Newark, declaró estar en contacto con las autoridades federales para exigir explicaciones.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU, por sus siglas en inglés), ICE no puede ingresar a propiedades privadas, incluidas áreas restringidas de negocios, sin una orden judicial válida y causa probable. Además, ICE está legalmente obligado a respetar el debido proceso y la protección contra registros y detenciones arbitrarias. No obstante, no está claro si los agentes de ICE permanecieron en las áreas públicas de Ocean Food Depot o también ingresaron en zonas reservadas para empleados.
Este incidente se produce en el contexto de una promesa de Trump de deportar hasta 10 millones de inmigrantes indocumentados. Desde el inicio de su campaña de reelección, el expresidente hizo de la inmigración una prioridad, firmando un memorando que otorgó a ICE el poder de deportar a 1.4 millones de personas que, aunque ingresaron al país de manera legal, ya no tenían un estatus migratorio válido.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y activistas han renovado sus llamados para que el gobierno federal supervise más estrictamente las operaciones de ICE y garantice que las comunidades vulnerables no sean injustamente victimizadas. “Esto no es solo un problema de inmigración; es un problema de derechos humanos y constitucionales”, concluyó un vocero de la ACLU.
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