Cómo afecta a Nueva York el recorte de servicios sociales del gobierno federal: esto dice la demanda de Letitia James

NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, está encabezando una coalición de 20 fiscales generales estatales en una demanda contra el gobierno federal para detener lo que consideran un intento ilegal de desmantelar programas esenciales de salud, educación y servicios sociales para familias de bajos ingresos.

A principios de este mes, la administración federal emitió nuevas directivas que prohíben a muchos programas de seguridad social atender a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, lo que representa un cambio significativo en las operaciones de las agencias federales durante décadas.

Qué programas sociales están en riesgo

Los cambios amenazan el acceso a servicios fundamentales como Head Start, Meals on Wheels, programas de bienestar infantil, refugios para víctimas de violencia doméstica, asistencia para vivienda, tratamiento de salud mental, bancos de alimentos y centros de salud comunitarios.

"Durante décadas, estados como Nueva York han construido sistemas de salud, educación y apoyo familiar que atienden a cualquier persona necesitada", declaró la Fiscal General James.

"Estos programas funcionan porque son abiertos, accesibles y basados en la compasión. Ahora, el gobierno federal está eliminando esa base de la noche a la mañana, poniendo en peligro exámenes de detección de cáncer, educación infantil temprana, atención primaria y mucho más. Este es un ataque sin fundamento a algunos de los programas públicos más efectivos e inclusivos de nuestro país, y no permitiremos que continúe".

Redefinen la forma de operar

A partir del 10 de julio, cuatro agencias federales –los Departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS), Educación (ED), Trabajo (DOL) y Justicia (DOJ)– emitieron un conjunto coordinado de reglas y documentos de orientación que reinterpretan la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA), una ley de 1996 que regula el acceso a beneficios públicos.

Durante casi tres décadas, bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, las agencias federales interpretaron PRWORA de manera que permitía a los estados ofrecer una amplia gama de servicios esenciales sin considerar el estatus migratorio.

Esto cambió drásticamente con los nuevos avisos emitidos bajo la orden ejecutiva presidencial "Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders".

Las nuevas políticas redefinen amplios sectores de programas financiados federalmente como "beneficios públicos federales" restringidos, ahora sujetos a verificación migratoria.

Estas reglas entraron en vigor de inmediato o con poco aviso, sin contemplar aportes públicos e ignorando consecuencias prácticas

A quiénes afectan estos cambios

Las políticas se aplican no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a personas con estatus legal, incluidos titulares de visas de estudiante, trabajadores temporales y visitantes de intercambio.

Los fiscales generales advierten que incluso ciudadanos estadounidenses y residentes legales podrían ver denegados servicios, ya que muchas personas de bajos ingresos carecen de identificación emitida por el gobierno.

Cómo afectan los recortes de servicios sociales a Nueva York

En Nueva York, las consecuencias son particularmente graves para diversos programas importantes, según James:

• Centros de Salud Comunitarios: Los 850 centros de salud comunitarios de Nueva York proporcionan atención primaria y preventiva a 2.4 millones de residentes de bajos ingresos. Sin financiamiento federal o reembolso por tratar a pacientes cuyo estatus no puede verificarse, muchos centros podrían verse obligados a cerrar.

• Clínicas de Planificación Familiar Título X: Estas clínicas brindan atención reproductiva, pruebas de ETS, exámenes de detección de cáncer y exámenes de bienestar a más de 300,000 neoyorquinos cada año. En 2024, el estado recibió más de $11 millones en financiamiento de Título X, ahora en riesgo.

• Programas contra la Pobreza: Nueva York recibe aproximadamente $65 millones anuales a través de la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios. En 2023, las Agencias de Acción Comunitaria del estado atendieron a más de medio millón de neoyorquinos y distribuyeron 1.5 millones de cajas de alimentos.

• Educación Infantil Temprana: Head Start proporciona educación temprana a 43,000 niños de bajos ingresos en casi 1,000 sitios en todo el estado y recibe aproximadamente $700 millones en financiamiento federal.

• Salud Mental: Nueva York recibe casi $180 millones anuales en financiamiento federal para salud mental y tratamiento de abuso de sustancias, apoyando programas como equipos de intervención en crisis y servicios de salud mental en escuelas.

• Servicios de Educación para Adultos: Más de 80,000 neoyorquinos utilizan los Servicios de Carrera para Adultos y Educación Continua (ACCES) cada año para mejorar su alfabetización, obtener diplomas de equivalencia de escuela secundaria y recibir capacitación profesional.

De qué acusan al gobierno federal

Los fiscales generales argumentan que el gobierno federal actuó ilegalmente al emitir nuevos mandatos sin seguir el proceso de reglamentación requerido, violando la Ley de Procedimiento Administrativo.

También sostienen que la administración del presidente Donald Trump interpretó erróneamente la Ley de Conciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales (PRWORA, por sus siglas en inglés) , aplicándola a programas enteros en lugar de beneficios individuales.

La coalición está solicitando al tribunal que declare ilegales las nuevas reglas, detenga su implementación mediante medidas cautelares preliminares y permanentes, anule las reglas y restablezca la práctica de larga data.

Qué estados demandan al gobierno federal

Además de Nueva York, se unieron a la demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

La demanda está dirigida contra el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), representado por Pamela Bondi, Fiscal General de los Estados Unidos.

También se incluye como demandado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), encabezado por Robert F. Kennedy, Jr., quien actúa como Secretario de dicha institución federal.

El Departamento de Educación de EE.UU. (ED) es otro de los demandados, con Linda McMahon como representante de la Secretaria del Departamento de Educación.

Finalmente, la demanda incluye al Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL), representado por Lori Chavez-DeRemer, Secretaria del Departamento de Trabajo.

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