TAMPA, Florida.- En Florida, los contratistas que emplean a personas sin estatus migratorio legal enfrentan multas, delitos menores e incluso cárcel. El operativo migratorio realizado el 29 de mayo en Tallahassee evidenció la disposición de las autoridades para aplicar estas normas, al detener a más de 100 trabajadores en un sitio de construcción.
Redada de ICE en Tallahassee: cuáles son las sanciones para contratistas que contratan trabajadores sin estatus legal
Las sanciones por contratar trabajadores sin estatus legal van desde multas hasta cárcel si hay reincidencia. Sectores clave como construcción y agricultura dependen en gran parte de trabajadores inmigrantes, muchos sin papeles.
La redada, llevada a cabo por agentes de ICE, la Patrulla de Caminos de Florida y otras agencias estatales y federales, se realizó en un complejo habitacional estudiantil en construcción cerca de la Universidad Estatal de Florida. La ley estatal prohíbe expresamente contratar, reclutar o referir a trabajadores indocumentados, y establece penalizaciones que se agravan en caso de reincidencia.
Según las autoridades, es una de las operaciones migratorias más grandes en un solo día en el estado. Apenas dos semanas antes, un operativo similar en Wildwood había dejado más de 20 detenidos, en su mayoría originarios de México, Guatemala y Honduras, algunos de ellos con antecedentes de deportación.
Las leyes de Florida, reforzadas en los últimos años por el gobernador Ron DeSantis, buscan frenar el empleo de personas sin autorización para trabajar. El Estatuto §448.09 del estado establece que una primera infracción, sin importar cuántos trabajadores estén involucrados, se castiga con una multa de hasta 500 dólares. Aunque esta falta es considerada no criminal, una segunda violación ya se tipifica como delito menor de segundo grado, con penas de hasta 60 días de cárcel. Las infracciones posteriores se sancionan como delitos separados por cada trabajador implicado.
En paralelo, el estado ha promovido el uso obligatorio del sistema federal E-Verify, que permite verificar el estatus migratorio de los empleados. Desde 2020, es obligatorio para entidades públicas y empresas con contratos estatales que tengan 25 o más empleados. En 2023, se amplió a empresas privadas con el mismo número mínimo.
Sin embargo, este umbral deja fuera del sistema E-Verify a la mayoría de las pequeñas empresas del estado. Un intento legislativo reciente por eliminar esa excepción fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero quedó estancado en el Senado por disputas presupuestarias.
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El problema de fondo, no obstante, radica en la estructura del mercado laboral en Florida. Sectores como la construcción, la agricultura y la hospitalidad han dependido históricamente de mano de obra inmigrante, muchas veces sin estatus legal.
Un estudio de la Kaiser Family Foundation reveló que en 2022, los inmigrantes no ciudadanos representaban el 34% de la fuerza laboral en la construcción y el 47% en agricultura y pesca. Muchos de estos trabajadores son pagados en efectivo, fuera de nómina, lo que complica su rastreo y fomenta la informalidad.
Aunque el gobernador DeSantis ha defendido las recientes redadas como una forma de reforzar la ley, persiste la tensión entre la aplicación de políticas migratorias estrictas y la realidad de una economía que sigue requiriendo mano de obra migrante para operar.
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