Con una alta desconfianza ante los dos candidatos, Guatemala elige al sucesor del presidente Jimmy Morales

CIUDAD DE GUATEMALA.- Los guatemaltecos llegan este domingo a las urnas con gran desencanto por los dos candidatos que se disputan la presidencia y que relevarán a Jimmy Morales en el poder: la exprimera dama Sandra Torresy Alejandro Giammattei.

Tras una primera vuelta en la que casi el 60% de los guatemaltecos votaron a un candidato que no estará este domingo en las papeletas, las últimas encuestas publicadas dan una ligera ventaja a Giammattei, de Vamos, sobre Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sin embargo, ninguna de las dos opciones políticas, tiene la confianza de la ciudadanía, según los sondeos. De acuerdo con el estudio de la Fundación Libertad y Desarrollo, un 30.9% de los encuestados indicaron que “ninguno de los dos candidatos les parece adecuados”.

En esta misma línea, la encuesta de Prensa Libre apunta a la desconfianza hacia ambos aspirantes. A la pregunta de '¿qué tan buen presidente cree que sería? el 50% de los entrevistados considera que Giammattei sería un presidente regular, y un 15% malo; mientras que un 35% considera que Torres sería una presidenta regular y un 39% mala.

Ambos candidatos son viejos conocidos de los guatemaltecos y tienen un largo historial político. Giammattei, de 63 años y médico de profesión, disputa la presidencia por cuarta ocasión, en cada oportunidad por un partido diferente. También buscó sin éxito la alcaldía de la capital de Guatemala en dos ocasiones.

Por otra parte, Torres compite por segunda vez por la presidencia. Alcanzó la segunda ronda en 2015, cuando enfrentó al actual presidente, Jimmy Morales. Previamente había intentado inscribirse como candidata presidencial en 2011, pero una resolución adversa de la Corte de Constitucionalidad impidió su elección al considerar que violaba la normativa constitucional que prohíbe a familiares del presidente en activo competir por la presidencia. Torres se había divorciado del entonces presidente Álvaro Colom pocos meses antes.

Una campaña marcada por las decisiones judiciales

El desencanto con las elecciones de este domingo no es un fenómeno reciente. Desde el inicio de la campaña electoral el 18 de marzo la controversia estuvo presente por la incertidumbre en la participación electoral de dos de las principales candidatas en los sondeos: las aspirantes Zury Ríos y Thelma Aldana, que figuraban en el segundo y tercer lugar en intención de voto en diferentes sondeos previos a la primera vuelta.

Ríos, la hija del exgeneral golpista Efraín Ríos Montt, llegó a ser inscrita pero su candidatura fue revocada por una prohibición constitucional de participación para descendientes de gobernantes de facto; mientras que la exfiscal general Aldana no pudo inscribirse formalmente por una controversial denuncia en su contra presentada días antes del cierre del plazo.

La campaña electoral guatemalteca también se vio condicionada por otros conflictos políticos que han dominado la agenda. La controversia por el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuya misión finaliza el 3 de septiembre, y la crisis política por la firma del acuerdo de 'tercer país seguro' han dominado la discusión pública relegando en varios momentos a la campaña electoral.

Pese a la polémica por la posibilidad de que Guatemala reciba, por el acuerdo con EEUU, a solicitantes de asilo de Honduras y Guatemala, los candidatos a la presidencia tuvieron tibios posicionamientos al repecto.

Luego de conocerse la firma del acuerdo de 'tercer país seguro', Giammattei y Torres censuraron la ratificación del convenio por parte del gobierno de Jimmy Morales por no haberlo discutido públicamente, pero se han cuidado de no posicionarse en contra del contenido de éste.

En la encuesta encargada por Prensa Libre sobre el proceso electoral también se consultó sobre este acuerdo. El 82% de los entrevistados indicó "no estar de acuerdo con que el gobierno acepte recibir migrantes de otros países para que esperen autorización para ingresar a EEUU".

Voto en el extranjero e historial de candidatos

Las elecciones de este domingo convocan a 8.15 millones de ciudadanos empadronados, una cifra que no esta depurada de la población migrante que no ha cambio su domicilio electoral.

Se estima que de los más de dos millones los guatemaltecos en el extranjero únicamente se empadronaron fuera de Guatemala 63,695 personas. Según reportes del Tribunal Supremo Electoral, en la primera vuelta únicamente votaron en Estados Unidos 734 personas, en los centros establecidos en Los Ángeles, Nueva York, Virginia y Houston.

Ambos candidatos llegan al balotaje luego de una primera vuelta en la que se eligió al Congreso de la República y a los alcaldes de todo el país, salvo en dos municipios donde se deberán repetir las elecciones. En la primera ronda el partido de Torres, la UNE, obtuvo 52 diputaciones, casi un tercio del Legislativo, mientras que la agrupación de Giammattei, Vamos alcanzó 17 curules.

El escenario de gobernabilidad para cualquiera de los candidatos que sea electo es incierto. La UNE tendrá un mayor peso en el Congreso que se integre el próximo año, pero deberá lidiar con un Legislativo con 19 bancadas. En el caso de ser Vamos el partido oficial, apenas suma alrededor del 10 por ciento de los congresistas, por lo que requerirá de múltiples alianzas para sacar adelante proyectos de ley del Ejecutivo.

La UNE además enfrenta una denuncia por financiamiento electoral ilícito. Este viernes 9, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, contraparte de la Cicig presentó una solicitud para que inicie el proceso de cancelación del partido al finalizar el proceso electoral.

Los comicios de este domingo se perfilan con escala en medio de una convulsa situación política. Más de un centenar de altos funcionarios, diputados, jueces, magistrados y directivos de grandes empresas del país han sido procesados en los últimos años por casos de corrupción acompañados por la Cicig. El cuestionamiento al sistema político por una “captura del Estado”, por parte de organizaciones sociales y amplios sectores de la ciudadanía, empaña un proceso electoral que no se presenta como una salida a la crisis de confianza.