La estafa telefónica en la que cayeron más de 30,000 hispanos recién llegados a EEUU

La trampa consistía en venderles tabletas electrónicas para aprender inglés y luego les inventaban deudas. De esa manera, los defraudados pagaron 15 millones de dólares ante las amenazas de que los meterían a la cárcel o los deportarían.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
Las autoridades aseguran que estafadores envían correos a sus potenciales víctimas para que ingresen datos personales con el fin de robárselos y después usarlos fraudulentamente. Te explicamos cómo evitar que te pase y cuáles productos estos delincuentes dicen ofrecerte gratuitamente. Más noticias en Univision
Video ¿Te ha llegado con correo electrónico ofreciéndote un regalo? Cuidado porque puedes ser víctima de estafa

Este era el perfil de las víctimas que buscaba Luis Enrique Rendón Cárdenas: inmigrantes mexicanos y centroamericanos que tuvieran poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos. El gobierno dice que era porque los consideraba “particularmente vulnerables” y más susceptibles a un fraude.

Rendón Cárdenas, de 60 años y residente de Harbor City, California, hacía una lista con información de las personas a las que podían estafar y la enviaba a sus cómplices en Perú, “trabajadores sociales” que luego les llamaban para ofrecerles una tableta electrónica programada para enseñarles inglés.

PUBLICIDAD

Les endulzaban el oído vendiéndoles el sueño americano, la necesidad de aprender el idioma inglés para progresar en “el país de las oportunidades”, todo eso que los migrantes vienen buscando.

De 2011 a noviembre de 2017, más de 30,000 personas de habla hispana cayeron en esa trampa y les robaron unos 15 millones de dólares, describe una acusación contra Rendón Cárdenas y sus diez cómplices, que fue interpuesta en el Distrito Sur de Florida de la Fiscalía federal.

Los supuestos telefonistas del ‘Hispanic Help Center’ o Centro de Ayuda Hispano llamaban más tarde para advertirles que tenían una deuda por el envío de un aparato prácticamente inservible y que debían saldarla para evitar demandas, que los encarcelaran o incluso los deportaran.

En un punto llamaban falsos abogados de la empresa de envío de paquetería FedEx, supuestos agentes federales estadounidenses y representantes del “juzgado de delitos menores”.

“Las personas que llamaron amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, registros negativos en sus informes crediticios, encarcelamiento y consecuencias migratorias, si no pagaban de inmediato los productos entregados y las tarifas de liquidación”, señala un comunicado del Departamento de Justicia.

Fueron las denuncias de las víctimas las que lograron desarticular a esta banda internacional de estafadores, integrada por siete propietarios de centros de llamadas en Perú y cuatro operadores de centros de distribución que procesaron pagos y facilitaron el fraude en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Muchos de los acusados colaboraron y compartieron estrategias sobre cómo defraudar a los residentes de habla hispana en Estados Unidos”, indica el comunicado.

Largas condenas para los estafadores

Rendón Cárdenas, quien tenía una empresa de distribución llamada ‘International Latin Market’ y que operaba desde su casa en el condado de Los Ángeles, es uno de los últimos acusados en este caso que se ha declarado culpable.

Su audiencia condenatoria se fijó para el próximo el 16 de febrero de 2023. Él enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

“Rendón colaboró en el plan proporcionando listas de posibles víctimas a los centros de llamadas en Perú, procesando los pagos con tarjetas de las víctimas y enviando tabletas de computadora de baja calidad precargadas con cursos de inglés a víctimas en Miami y todo Estados Unidos”, señala la Fiscalía.

Siete cómplices de Rendón Cárdenas fueron extraditados de Perú y confesaron haber participado en una conspiración para cometer fraude postal y electrónico.

Se trata de Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Rentería, Fernán Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza. Un juez federal les impuso condenas que van de siete a nueve años de cárcel.

Angel Adrianzen, quien tenía otro centro de distribución en EEUU, colaboró en el esquema contratando a los call center peruanos para que llamaran y engañaran a las víctimas. Él se declaró culpable de cargos similares en 2020 y ahora purga una condena de 10 años tras las rejas.

PUBLICIDAD

Este hombre de 48 años se encuentra en la prisión de baja seguridad Coleman Low FCI, en Florida, y se espera que sea liberado hasta el 19 de abril de 2028.

Mira también:

Este martes el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la llamada Ley Olimpia que sanciona la violencia digital.
<br>
A través de un 
<a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/el-congreso-capitalino-aprobo-reformas-para-sancionar-la-violenciadigital-contra-las-mujeres/" target="_blank">comunicado</a>, las autoridades locales de la capital mexicana informaron que, la nueva ley busca castigar a quienes compartan imágenes intimas y con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento. 
<br>
Aprobada con 56 votos a favor de los legisladores de la Ciudad de México, la ley plantea que quienes realicen este delito deberán cumplir una sentencia de entre cuatro y seis años de cárcel. 
<br>
Esta ley se originó en 2014, luego de que Olimpia Coral Melo, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad fuera víctima de este delito, cuando su expareja difundió un video íntimo de la mujer en sus redes sociales.
<br>
En honor a su creadora e impulsora, la nueva legislación fue nombrada ‘Ley Olimpia’, que en 2018 fue aprobada por primera vez en el Congreso local del estado de Puebla. 
<br>
La Ley Olimpia contempla actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos, información privada y la difusión de contenido sexual como fotos, video, audios sin consentimiento a través de redes sociales.
<br>
Se trata de una ley que reformó la normatividad en la capital mexicana con lo que se reconocen los delitos contra la intimidad, destaca el concepto de ciberacoso y genera conciencia entre las instituciones sobre el tema de los derechos sexuales. 
<br>
Además de una posible pena de prisión que va de cuatro a seis años, las personas que resulten culpables de un delito de difusión de material sexual sin consentimiento serán blanco de una multa de un máximo de 9,469 dólares (84,490 pesos).
<br>
Asimismo, la pena se agravará cuando el responsable sea un familiar de la víctima o tenga una relación de noviazgo, matrimonio o laboral.
<br>
Hasta ahora la ley se ha aprobrado en los estados mexicanos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México. 
<br>
1 / 10
Este martes el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la llamada Ley Olimpia que sanciona la violencia digital.
Imagen Congreso de la Ciudad de México
En alianza con
civicScienceLogo