Jueces de inmigración advierten que la 'tolerancia cero' en la frontera tendrá consecuencias “tremendas”
La estrategia para el manejo de la política migratoria oficializada por el gobierno en abril podría convertir en un caos el debido proceso migratorio, advierten magistrados especializados.
Por:
Jorge Cancino.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el traslado a gran escala será temporal y que está colaborando con US Marshals (USMS), el Buró Federal de Prisiones (BOP), operadores privados de centros de detención y agencias de gobiernos locales para este fin.
Video Los posibles efectos de que ICE transfiera 1,600 inmigrantes indocumentados a prisiones federales
La dura política migratoria implementada por el presidente Donald Trump en la frontera, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, tiene alarmados a los magistrados de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por su sigla en inglés).
Y las preocupaciones aumentaron después de la primera semana de abril cuando por el fiscal general, Jeff Sessions, anunció la puesta en marcha de una estrategia de ‘tolerancia cero’ dirigida a contener y frenar la inmigración indocumentada.
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“El impacto que va a tener esta estrategia puede ser tremendo”, previno a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la NAIJ.
Marks advirtió que la asociación “no puede comentar sobre decisiones tales como levantar cargos criminales (contra los indocumentados que cruzan por zonas no autorizadas de la frontera), porque se trata de política y no comentamos sobre la política (desarrollada por el gobierno federal). Pero sí sobre el impacto” que causarán estas decisiones, apuntó.
“No tenemos la capacidad para atender los casos que ya manejamos en un período apropiado”, indicó.
Un reciente reporte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), al que tuvo acceso Univision Noticias, revela que al 31 de marzo las cortes de inmigración tenían 697,777 casos acumulados.
En EOIR dijo en abril que existían unos 300 jueces activos, presupuesto para 374 y había unas 50 solicitudes en diversas etapas del proceso de contratación. En algunos casos, esta fase puede demorar hasta 12 meses.
La política de ‘tolerancia cero’ oficializada por Sessions está dirigida a detener y formular cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país, complicar la entrada por las garitas fronterizas, aumentar el escrutinio a los que se entregan y vienen sin visa, eliminar la política de capturar y liberar ( catch and release) y acelerar las deportaciones.
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“ Ahora imponen cargos criminales a los padres que ingresan por fuera de un puerto fronterizo. Los niños no pueden estar encarcelados con los padres mientras ellos enfrentan este proceso criminal y por eso los separan”, explica Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington.
“Desafortunadamente, muestro cuerpo de jueces es insuficiente en número, y el tiempo que toma añadir y entrenar más jueces es demasiado largo para responder a esa crisis”, apuntó Marks.
Las últimas medidas tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la frontera no apacigua las preocupaciones de los jueces de inmigración.
El viernes, respondiendo a una pregunta hecha por la redacción de Univision Noticias, dijo que seguirá separando familias en la frontera, una estrategia basada en “una política de larga data del gobierno anterior”.
Agregó el DHS que las separaciones “pueden ocurrir sólo cuando no podemos determinar la relación de custodia, cuando determinamos que un niño puede estar en riesgo con el custodio o cuando el custodio es transferido a un entorno de detención criminal debido a (la formulación de) cargos criminales”.
La orden fue impartida el 4 de mayo por la secretaria Kirstjen Nielsen, quien pidió a los agentes “aumentar los referidos al Departamento de Justicia para enjuiciamientos criminales contra aquellos que violan la soberanía de nuestro país”, indicó el DHS en la respuesta enviada a Univision en un correo electrónico.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump para contener la crisis en la frontera, las detenciones de inmigrantes indocumentados no cesan. Para mayo el número continuó en ascenso y alcanzó los 51,912 arrestos, según cifras de la Patrulla Fronteriza (CBP) proporcionadas el miércoles.
Las cifras oficiales de mayo marcan un incremento de 160% en relación con el mismo mes del año pasado, cuando se registró el nivel más bajo apenas meses después de la llegada de Trump a la Casa Blanca.
En abril de 2018, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por su sigla en inglés) realizó 50,925 aprehensiones. De ellas, 4,302 corresponden a niños que cruzaron sin sus familias; en mayo, la cifra alcanzó los 6,406. Mientras, las familias cayeron levemente: de 9,653 en abril a 9,485 en mayo.
La crisis de la frontera se origina “en los países de donde viven los niños y las familias (el denominado Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras). La gente, los adultos y las familias, huyen por las mismas razones que los niños y las niñas: la inseguridad y la violencia, que incluye abuso doméstico, la pobreza extrema y la reunificación familiar”, explica Elizabeth Kennedy, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara.
Kennedy advirtió la crisis en marzo de 2013, un año antes del crecimiento del flujo de inmigrantes centroamericanos indocumentados hacia la frontera con Estados la crisis, pero el gobierno federal estadounidense no tomó medidas para aumentar su capacidad de respuesta a la emergencia humanitaria.
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Cinco años más tarde, las causas que originaron la emergencia no han desaparecido.
En respuesta a la formulación de cargos criminales a los inmigrantes que vienen en busca de asilo y cruzan indocumentados la frontera, y la separación de menores, un grupo de senadores demócratas presentó el viernes un proyecto de ley que, de ser aprobado por el pleno, luego por la Cámara de Representantes y finalmente promulgado por Trump, prevendría que los agentes del DHS quiten los niños a sus padres y los entreguen al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HSS), como ha venido ocurriendo desde principios de abril.
El proyecto de ley, conocido como ' Keep Families Together', es patrocinado por 30 legisladores y exige garantizar que el gobierno federal actúe “en el mejor interés de los menores”.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Academia Estadounidense de Pediatría, el Kids In Need of Defense (KIND), la Coalición por los Derechos de Inmigrantes Humanitarios de Los Ángeles (CHIRLA) y el Children's Law Center y el Young Center for Immigrant Rights.
“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras que la administración Trump continúa buscando más formas de separar forzosamente a familias inmigrantes que buscan asilo en nuestro país. Quitarle un hijo a una madre que busca asilo es algo repugnante,” dijo el Senador Bob Menéndez (demócrata por Illinois).
Menéndez dijo además que “tenemos la responsabilidad de asegurar que los niños y sus familias puedan aplicar para recibir asilo político, protección de tráfico humano y otras formas de alivio sin el miedo de que serán separados de sus hijos y enviados a centros en diferentes lugares del país”.
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La iniciativa de ley demócrata no cuenta con apoyo de republicanos. Para ser aprobada en el Senado, requiere de 60 votos y los demócratas solo cuentan con 47.
La Cámara de Representantes está controlada por los republicanos. Para aprobar una iniciativa se necesitan 218 votos y los demócratas solo cuentan con 194 de los 435 asientos del pleno.
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