La compañía de transporte compartido Uber, con sede en California -donde tiene uno de sus principales mercados-, amenazó este miércoles con dejar de operar temporalmente en esa entidad si la Justicia no "reconsidera" un fallo contrario a los intereses de la compañía.
Uber y Lyft advierten que podrían dejar de operar en California tras el fallo judicial que les obliga a emplear a sus conductores
Un juez de la Corte Superior de San Francisco emitió el pasado lunes una orden que obliga a las compañías de transporte compartido a clasificar a sus conductores como empleados, por lo que tendrían que hacerles un contrato, pagarles un salario fijo y ofrecerles beneficios como el seguro médico. Las compañías dicen que la decisión va contra su modelo de negocio.
En una entrevista en el canal económico CNBC, el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo que la empresa probablemente "cerrará de forma temporal durante varios meses" si se mantiene la decisión que la obliga a contratar formalmente a sus conductores, que actualmente son autónomos.
"Si la Corte no lo reconsidera, resulta difícil imaginar que seremos capaces de cambiar nuestro modelo a jornada completa en California de forma rápida", apuntó Khosrowshahi.
El lunes pasado, el magistrado Ethan Schulman de la Corte Superior de San Francisco emitió una orden que obliga a las compañías de transporte compartido como Uber y su competidor Lyft a clasificar a sus conductores como empleados, lo que podría disparar los costos de personal de estas dos firmas y poner en duda su modelo de negocio.
La decisión responde a una demanda presentada por el Gobierno de California y, por tanto, se circunscribe exclusivamente a ese estado, el más poblado de Estados Unidos.
Clasificar a sus conductores como empleados asalariados en lugar de contratistas (su estatus actual) supondría para Uber y Lyft, entre otras cosas, tener que hacerles un contrato, pagarles un salario fijo y ofrecerles beneficios como el seguro médico, días de vacaciones y de enfermedad.
En su fallo, el juez declaró una moratoria de diez días a partir del pasado lunes hasta que entre en vigor la orden, para dar así tiempo suficiente a las empresas de apelar la decisión en caso de que lo consideren oportuno.
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