Trump ordena al Censo no contar a los indocumentados en un memo de dudosa legalidad y difícil de cumplir

El presidente Donald Trump firmó este martes un memorándum para impedir que los indocumentados sean considerados dentro del Censo 2020 a la hora de definir los distritos del Congreso, una medida que no se sabe cómo podría hacerse efectiva y que de paso choca con lo que establece la Constitución sobre la manera cómo se define la representación popular parlamentaria.

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En lo que algunos ven como un intento de reactivar para efectos de representación política la polémica pregunta sobre ciudadanía que el gobierno intentó incluir en el cuestionario del Censo 2020 y que la Corte Suprema determinó que era improcedente porque los argumentos de la Casa Blanca eran una “invención”, Trump firmó este memorándum dirigido al secretario de Comercio, cuyo departamento administra el conteo de población.

El Censo decenal sirve, entre otras cosas, para dibujar distritos electorales en los niveles estatal y federal. En ambos casos se considera el número total de habitantes independientemente de su condición migratoria o estado legal.

Para la distribución de asientos en el Congreso federal la idea se topa con la Constitución que dice de manera explícita en la Sección 2 de la Enmienda 14 que “(los) representantes serán repartidos entre los varios estados de acuerdo con sus respectivos números, contando el número completo de personas en cada estado”.

En efecto, Thomas Wolf, abogado del Brennan Center for Justice dijo que "el nuevo memorándum del gobierno de Trump establece un camino evidentemente inconstitucional. La Decimocuarta Enmienda de la Constitución requiere que el censo cuente a todas las 'personas'. La Constitución significa lo que dice: todos deben ser contados en el censo de este año. No algunas personas, todas las personas".

En los argumentos iniciales del documento distribuido por la Casa Blanca, el presidente indica que “la Constitución no define específicamente qué personas deben ser incluidas en la base de repartición (de escaños en el Congreso)”.

Aunque en el texto se reconoce la orden constitucional de contar a todas las personas de un estado, asegura que no puede entenderse como “cada individuo físicamente presente dentro de las fronteras del estado al momento del censo” y asegura que al final del proceso "el presidente, por ley, toma la determinación final sobre el 'número completo de personas en cada estado'".

“La discreción delegada en la rama ejecutiva para determinar quién califica como habitante incluye la autoridad para excluir de la base de repartición a extranjeros que están sin un estatus migratorio legal”, reza el texto.

Cómo se sabe quién es indocumentado

Algunos destacan que conocer el estado migratorio de los habitantes no es posible porque el Censo no puede hacer esa pregunta, pero el memorándum de la Casa Blanca parece indicar que esos “estimados” se lograrán con el cruce de información resultante del conteo nacional con datos que varias agencias gubernamentales han estado recabando sobre la condición migratoria.

En julio de 2019, tras verse impedido de incluir la polémica pregunta de ciudadanía', Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Comercio obtuviera esa informacion por otras vías más allá del Censo 2020.

En su memorándum del martes el presidente incluso asoma el ejemplo de “un estado es hogar de más de 2.2 millones de extranjeros ilegales, constituyendo más del 6 por ciento de toda la población de ese estado. Incluyendo esos extranjeros ilegales en la población del estado para propósitos de repartición podría resultar en la adjudicación de dos o tres asientos congresionales más de los que le serían adjudicados de otra manera”.

Para eso, Trump ordena al secretario de Comercio que cuando presente su informe final sobre el Censo 2020 a la Casa Blanca incluya “información tabulada de acuerdo con la metodología adelantada en los ´Criterios Finales del Censo 2020 sobre Residencia”.

Existe una corriente que propone “un ciudadano, un voto” que propone que solo las personas legalmente habilitadas para votar sean contadas en el dibujo de los distritos, de manera que no existan zonas que, aunque puedan tener menos votantes, tengan mayor peso en la representación.

El Censo también se usa como base de cálculo para el diseño de políticas públicas, como ampliación de zonas escolares o dotación de servicios públicos que respondan a la demanda del crecimiento (o decrecimiento) de la población.

Aunque la derrotada "pregunta de ciudadanía" habría potencialmente afectado el conteo real de las personas que residen en un distrito y que requieren servicios públicos adecuados, este memorandum no parece buscar la exclusión para esos fines sino únicamente para efectos del conteo de la representación política en asambleas estatales y Congreso.

Estados fuertemente demócratas como California (aparentemente al que se refiere Trump en el documento) o Nueva York perderían presencia en el Capitolio en Washington, al igual que estados republicanos como Texas u oscilantes como Florida, donde reside una gran cantidad de extranjeros no documentados.