Gobierno de Biden anuncia nuevo plan fronterizo para frenar cruce ilegal de indocumentados
La nueva política, similar a la implementada con venezolanos en octubre del año pasado, regulará la entrada de refugiados procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes solo podrán ingresar a EEUU en avión y sean pedidos por familiares legales, gestión que que puede durar varios meses.
Por:
Jorge Cancino.
Este jueves el presidente Joe Biden anunció su plan para regularizar el flujo de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití que contempla la deportación inmediata de aquellos indocumentados de estas nacionalidades que crucen la frontera con México irregularmente. Ante esto, Helena Olea, de Alianza Américas, asegura que “hay que crear vías para la migración legal, pero no castigando a las personas que ya están en la ruta migratoria”. Puedes ver en ViX más noticias gratis.
Video “Es una hipocresía”: críticas por uso del Título 42 contra cubanos, haitianos y nicaragüenses que no se acojan al parole
El gobierno del presidente Joe Biden anunció este jueves una nueva estrategia migratoria para contener el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera sur. El plan es similar a otros dos anunciados en abril y octubre del año pasado que limita la entrada de ucranianos y venezolanos por medio de peticionarios.
"No llegue a la frontera, quédese donde está", advirtió el mandatario en un discurso desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde confirmó que su gobierno concederá 30,000 visas por mes a nacionales de Cuba, Nicaragua y Haití dentro de un programa de visados humanitarios que desde octubre del año pasado aplicaba a venezolanos.
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El plan exige que inmigrantes originarios de Nicaragua, Cuba y Haití sólo puedan ingresar a Estados Unidos a través de un proceso de petición iniciada por un familiar o patrocinador que resida legalmente en Estados Unidos.
En el anuncio, Biden dijo que los tres países añadidos al programa, Cuba, Haití, Nicaragua, contabilizan la mayoría de personas que tratan de cruzar la frontera sur.
Los beneficiarios del programa humanitario podrán permanecer legalmente en el país por un período de dos años y serán elegibles para solicitar una autorización de empleo temporal válido por el tiempo de permanencia autorizado.
El programa pretende aumentar la seguridad en la frontera y reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Las nuevas medidas “ampliarán y agilizarán las vías legales para una migración ordenada y tendrán nuevas consecuencias para quienes no utilicen esas vías legales”, advirtió.
El gobierno dijo que el lanzamiento del programa “se basa en el éxito de la iniciativa de Venezuela, anunciada el 12 de octubre del año pasado, y plan que de acuerdo con la Casa Blanca “ha resultado en una caída dramática en la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos”.
La estrategia permite que inmigrantes originarios de Cuba, Haití Nicaragua sólo puedan ingresar a Estados Unidos a través de un proceso de petición iniciada por un familiar o patrocinador que resida legalmente en Estados Unidos.
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Los beneficiarios reclamados y autorizados podrán viajar en avión a Estados Unidos y permanecer legalmente por un período de dos años. La admisión de los titulares se llevará a cabo previo la entrega de una visa una vez concluido el trámite de la petición de refugiado.
El programa aceptará hasta 30,000 migrantes por mes procedentes de los tres países designados. A su vez, el el gobierno dijo que seguirá en sus esfuerzos por eliminar el Título 42, pero que mientras tant9 lo seguirá implementando tal y como lo han dispuesto los tribunales de justicia.
La herramienta del Título 42, que permite a las autoridades federales de inmigración expulsar de manera expedita a extranjeros por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, fue activada en marzo de 2020 por el gobierno anterior. A la fecha ha permitido la expulsi´pon de más de 2.7 millones de extranjeros.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que la expansión del proceso de Venezuela a Cuba, Haití y Nicaragua "está supeditada a la voluntad del Gobierno de México de aceptar la devolución o expulsión de nacionales de esos países". Y que también responde "a una solicitud del Gobierno de México de proporcionar vías legales adicionales para los migrantes, y promueve los intereses de ambos países de abordar los efectos en todo el hemisferio del deterioro de las condiciones en estos países".
Seria advertencia
La Casa Blanca advirtió que “estas medidas ampliarán y agilizarán las vías legales para una migración ordenada y tendrán nuevas consecuencias para quienes no utilicen esas vías legales”.
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Para ser elegibles al programa, los inmigrantes de los tres países designados este jueves deben:
Tener un patrocinador en Estados Unidos que les proporcione apoyo económico y de otro tipo;
Aprobar rigurosas verificaciones e investigaciones biométricas y biográficas de seguridad nacional y seguridad pública; y
Completar los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) como el Departamento de Estado (DOS), anunciaron que a partir del viernes activarán el proceso a través de su página digital. Entre los requisitos para convertirse en patrocinador, el programa exige:
Ser ciudadano estadounidense; o
Ser un residente legal en Estados Unidos (green card); o
Estar amparado bajo un Estatus de Protección Temporal (TPS); o
Ser asilado en Estados Unidos; o
Ser refugiado en Estados Unidos; o
Tener cualquier otro estado de permanencia legal permanente o temporal en Estados Unidos.
El gobierno también dijo que estaba aumentando “los recursos adicionales” para la frontera y la región, “ampliando sus operaciones contra el contrabando y ampliando la coordinación y el apoyo para las ciudades fronterizas y las organizaciones no gubernamentales”.
A su vez, destacó que la nueva estrategia “está siendo implementada en estrecha colaboración con (el gobierno de México) y los gobiernos de todo el hemisferio occidental”.
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“Si bien estos pasos ayudarán a abordar algunos de los desafíos más agudos en la frontera suroeste, no resolverán todos los problemas en un sistema de inmigración que ha estado roto durante demasiado tiempo”, señala el comunicado.
La Casa Blanca indicó que “para facilitar el procesamiento y deportación de todos extranjeros (no ciudadanos) bajo la autoridad del Título 8 de la Ley de Inmigración y del Titulo 42 (hasta que sea eliminado), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se prepara para:
Aumentar el uso de la deportación acelerada. Con vigencia inmediata, las personas que intenten ingresar a los Estados Unidos sin permiso, que no tengan una base legal para permanecer y que no puedan ser expulsadas de conformidad con el Título 42, estarán cada vez más sujetas a una expulsión acelerada a su país de origen y sujetas a un plazo de castigo de cinco años con prohibición de reingreso.
Anunciar nuevas medidas para alentar a las personas a buscar vías ordenadas y legales para la migración. El DHS y el Departamento de Justicia anunciaron hoy su intención de proponer una nueva regulación que alentaría a las personas a buscar vías ordenadas y legales para migrar y reducir el hacinamiento a lo largo de la frontera suroeste y la presión sobre el sistema de inmigración.
De acuerdo con las versiones preliminares, los migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que lleguen a la frontera sur del país se enfrentarían a la expulsión inmediata a México bajo el Título 42.
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La expansión del Título 42 para incluir a migrantes de estos tres países sería un cambio radical sen la política migratoria del gobierno de Biden, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de los miles de cubanos y nicaragüenses procesados a lo largo de la frontera con México el año pasado han sido procesados y luego puestos en el Programa Alternativo de Detención (ATD), para que esperen en libertad la resolución de sus casos de asilo.
Cabe destacar que, la detención masiva de inmigrantes de estos tres países hay llevado al registro de récords sucesivos en la frontera sur, poniendo en evidencia la falta de capacidad de respuesta del gobierno para enfrentar esta crisis que fue advertida por primera vez en 2013.
El gobierno dijo que aquellos extranjeros de los opaíses seleccionados "tengan un patrocinador elegible y pasen la verificación de antecedentes, pueden venir a los Estados Unidos por un período de dos años y recibir autorización de trabajo". Y que las personas que crucen irregularmente la frontera de Panamá, México o los Estados Unidos después de la fecha de este anuncio (5 de enero de 2023, "no serán elegibles para el proceso de libertad condicional y estarán sujetos a expulsión a México".
Quiénes no califican al programa
De acuerdo con el reglamento, no califican:
Quienes se ha ordenado su deportación de Estados Unidos en los últimos cinco años; o
Han cruzado sin autorización a territorio estadounidense entre puertos de entrada después de la fecha de este anuncio, es decir, el 12 de octubre de 2022; o
Actualmente tienen estatus de refugiado en cualquier otro país; o
Quienes hayan cruzado ilegalmente la frontera de Panamá, México o Estados Unidos después del 5 de enero de 2023; o,
No han completado las vacunas y otros requisitos de salud pública.
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NOTA: El DHS advierte además que los inmigrantes de los países seleccionados para el programa temporal de refugiados, incluyendo a Venezuela, no deben viajar a México para intentar entrar a Estados Unidos. La Casa Blanca también dijo incrementará la asistencia humanitaria a México y Centroamérica en unos $23 millones de dólares para "ayudar a los gobiernos de la región a responder a las crecientes necesidades humanitarias y de protección de los migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables bajo su cuidado".
Critican el plan
Tras el anuncio del plan, las críticas no se hicieron esperar. ” “Ampliar el Título 42 lleva la política estadounidense precisamente en la dirección equivocada, bloqueando el acceso al asilo para aún más personas que necesitan protección”, dijo Joan Rosenhauer, directora ejecutiva del Servicio Jesuita a Refugiados de Estados Unidos.
“Como ha argumentado la propia Administración, el Título 42 es una política de la era COVID sin base científica y, en cambio, se ha utilizado como una herramienta para eludir nuestros sistemas legales y socavar el derecho de las personas y las familias a solicitar asilo”, agregó.
Por su parte, Krish O'Mara Vignarajah, presidente y director ejecutivo del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dijo que “con las crisis humanitarias en Cuba, Haití y Nicaragua cada vez más graves, es vital crear nuevas vías de protección. Pero el acceso limitado a la libertad condicional humanitaria no puede ser un reemplazo de las protecciones de asilo garantizadas por Estados Unidos y el derecho internacional”.
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O'Mara Vignarajah agregó que el pan anunciado este jueves por la Casa Blanca “proporcionará solo protección temporal a un pequeño subconjunto de los millones de personas obligadas a huir de sus hogares” que buscan asilo en Estados Unidos.
En os mismos términos se refirió Mary Miller Flowers, analista sénior de políticas del Centro Juvenil para los Derechos de los Niños Inmigrantes. “El anuncio del presidente Biden de hoy está muy lejos de los compromisos que hizo el primer día (de su gobierno) para luchar por la justicia racial, los derechos de los inmigrantes y la protección de la familia”.
Al expandir el Título 42 y limitar el número de inmigrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos elegibles para buscar asilo en Estados Unidos, “la Administración está negando explícitamente a los niños, familias y adultos negros y latinos el acceso a su derecho a la seguridad”, apuntó.
La Unión Americana de Libertades civiles (ACLU) se sumó a las críticas e insistió en la eliminación del Título 42. “El presidente Biden reconoció correctamente hoy que buscar asilo es un derecho legal y habló con simpatía sobre las personas que huyen de la persecución. Pero el plan que anunció vincula aún más a su administración con las venenosas políticas antiinmigrantes de la era Trump en lugar de restaurar el acceso justo a las protecciones de asilo”, dijo Jonathan Blazer, director de estrategias fronterizas de la ACLU.
“Las expulsiones del Título 42 ya eran un mal uso injustificable de las leyes de salud pública; esta expansión instintiva pondrá más vidas en grave peligro. Seamos claros: nada requiere que la administración amplíe el Título 42 mientras afirma estar preparándose para su finalización. Simplemente no hay razón para que los beneficios de un nuevo programa de libertad condicional para cubanos, nicaragüenses y haitianos deban estar condicionados a la expansión de expulsiones peligrosas”, apuntó.
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El 21 de diciembre
queda sin efecto Título 42, la política sanitaria implementada en la frontera al inicio de la pandemia para frenar la llegada de migrantes y así evitar la propagación del virus. A medida que se acerca la fecha, la frontera sur ha comenzado a llenarse masivamente de migrantes que se entregan para ser procesados.
Aún no se han conocido las cifras de noviembre, pero
en octubre, primer mes del año fiscal 2023, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestó a 230,678 migrantes, el mayor número mensual registrado desde mayo del año fiscal 2022.
La imagen es del 13 de diciembre de 2022. Muestra a migrantes cruzando el río Grande para llegar desde Ciudad Juárez, México, a El Paso, en Estados Unidos, y así entregarse a las autoridades migratorias.
