El gobierno de Biden supera al de Trump en condenas a traficantes de indocumentados
El transporte o albergue de ciertos inmigrantes indocumentados a Estados Unidos es un crimen estipulado en el Título 8 de la Ley de Inmigración e incluye multas y penas de cárcel severas en caso de lesiones o muerte de personas.
Por:
Jorge Cancino.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, en el último mes el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado tres autobuses hacia Los Ángeles, California. Al respecto, Yanira Arias, gerente de campañas de Alianza Américas, explicó que la ciudad está respondiendo a todas las necesidades de esta población; sin embargo, resaltó que muchos inmigrantes son trasladados con engaños y con la esperanza de tener un futuro mejor en otro estado, pero se encuentran con otras realidades. Puedes ver en ViX más contenido gratis.
Video “Su situación es incierta”: llega a Los Ángeles otro autobús con inmigrantes procedentes de Texas
A pesar de contar con un discurso basado en el respeto al debido proceso y no en una abierta ‘cacería’ de indocumentados como ocurrió en el gobierno anterior bajo una cuestionada política de ‘tolerancia cero’, la administración de Joe Biden registra un récord de nuevas condenas a traficantes de inmigrantes, también conocidos como ‘coyotes’, en los primeros ocho meses del año fiscal 2023.
“Los últimos datos disponibles del Departamento de Justicia (DoJ) muestran que durante los primeros ocho meses del año fiscal 2023, el gobierno reportó un récord de 3,894 nuevas condenas por traer o albergar inmigrantes indocumentados”, revela un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
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El transporte o albergue de ciertos inmigrantes indocumentados a Estados Unidos es un crimen estipulado en el Título 8 Sección 1324 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta señala que “cualquier persona que a sabiendas trae a un extranjero o intenta traer a Estados Unidos de cualquier manera a dicha persona en un lugar que no sea un puerto de entrada designado o un lugar que no sea el designado por el Comisionado, independientemente de si dicho extranjero ha recibido autorización oficial previa para venir, ingresar o residir en Estados Unidos e independientemente de cualquier acción oficial futura que pueda tomarse con respecto a dicho extranjero, es una violación de la ley”.
También sanciona a personas que “sabiendo o ignorando imprudentemente el hecho de que un extranjero ha venido, ingresado o permanece en Estados Unidos en violación de la ley, transporta o mueve o intenta transportar o mover a dicho extranjero dentro de Estados Unidos por medio de transporte o de otro modo, en cumplimiento de dicha violación de la ley”.
El reporte del TRAC agrega que la sentencia de prisión promedio bajo este cargo principal en los ocho primeros meses del año fiscal en curso “fue de 11 meses, mientras que la sentencia mediana (la mitad recibió sentencias más largas y la mitad recibió sentencias más cortas) fue de 6 meses”.
El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.
Los investigadores del TRAC hallaron en los documentos entregados por el DoJ que las condenas mensuales con este cargo principal (transporte y alojamiento ilegal de indocumentados) “aumentaron a un máximo histórico de 708 en enero de 2023”, cifra que supera con creces “el máximo anterior de 476 en enero de 2020 bajo el expresidente Trump”.
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Los registros indican además que de continuar este ritmo, “las condenas registradas serán 5,841 para este año fiscal (2023 que termina el 30 de septiembre)”. De ser así, “representaría un aumento del 37% con respecto al año fiscal 2022, cuando el número de condenas totalizó 4,273”, precisa el estudio.
El TRAC explicó que las comparaciones de la cantidad de acusados condenados por estos delitos “se compilaron en función de los datos caso por caso obtenidos después de un litigio judicial exitoso en virtud de la Ley de libertad de información (FOIA)”.
El Título 8 de la INA, Sección 1324, también sanciona a personas que a sabiendas o ignorando imprudentemente el hecho de que un extranjero ha venido, ingresado o permanece en Estados Unidos en violación de la ley, “oculta, alberga o protege de la detección, o intenta ocultar, albergar o proteger de detección, tal extranjero en cualquier lugar, incluyendo cualquier edificio o cualquier medio de transporte”.
Quienes alientan o induzcan a un extranjero a venir, ingresar o residir en Estados Unidos, a sabiendas o con desprecio imprudente del hecho de que dicha llegada, entrada o residencia es o será una violación de la ley, también constituye un delito.
Incluso la sección menciona que quienes participan “en cualquier conspiración para cometer cualquiera de los actos anteriores, o ayude o sea cómplice en la comisión de cualquiera de los actos anteriores, será castigado.
Abogados consultados por Univision Noticias reiteraron que, de acuerdo con la ley, si durante un contrabando de personas se causan lesiones corporales graves o se pone en peligro la vida de un individuo puede ser multado, encarcelado no más de 20 años de prisión o ambos castigos. Y si resulta en la muerte de un inmigrante, el castigo incluso pudiera ser la pena de muerte o cadena perpetua.
El informe del TRAC precisa que las convicciones bajo la Sección 1324 “no se limitan al contrabando de inmigrantes indocumentados a través de la frontera de Estados Unidos” y que en comparación con este cargo (contrabando humano hacia Estados Unidos), “casi tres veces la cantidad de condenas desde el año fiscal 2018 fueron bajo una subsección de 1324 que hace que sea ilegal transportar o intentar transportar a tales personas dentro (del territorio) de Estados Unidos”.
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Los investigadores, sin embargo, advierten que la diferencia entre el contrabando de inmigrantes a través de la frontera y el transporte de inmigrantes indocumentados dentro del territorio de Estados Unidos “no está bien definido, ya que el contrabando puede involucrar tanto el cruce de la frontera como el transporte fuera de la frontera”.
Sin embargo, agrega el reporte que “también se produjeron casi un millar de condenas para acusados que simplemente ocultaron a inmigrantes indocumentados o los ayudaron a evadir a las autoridades” y que las condenas por alentar o inducir a un inmigrante indocumentado a venir, ingresar o residir en Estados Unidos “siguen siendo relativamente raras”.
Otros datos contenidos en los documentos revisados por los investigadores del TRAC:
Entre los 90 distritos judiciales federales dentro de los 50 estados, 67 distritos más el Distrito de Columbia registraron al menos una condena con este cargo principal desde el año fiscal 2017.
Solo 27 distritos registraron al menos 10 condenas, y solo siete distritos registraron 100 o más condenas durante este período.
A pesar de la distribución generalizada de inmigrantes indocumentados en todo el país, dichas condenas fuera de los distritos fronterizos y costeros aún son relativamente raras.
Arizona tuvo la tasa más alta de condenas en relación con su población hasta ahora durante el año fiscal 2023.
En el año fiscal 2022 Nuevo México tuvo la tasa más alta en relación con el tamaño de su población, mientras que la tasa relativa más alta se encontró en el Distrito Sur de California ( San Diego) hace cinco y veinte años.
El DHS ha señalado que seguirá adelante con la Operación Sting para la ubicación, detención de captura de traficantes que integran redes de tráfico de inmigrantes en el hemisferio.
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La primera vez que su nombre se mencionó fue el pasado 10 de junio al término de la Cumbre de Las Américas celebrada en Los Ángeles, California. Un documento de la Casa Blanca reveló que Estados Unidos lleva a cabo una operación encubierta multilateral para interrumpir las redes de contrabando de personas en todo el Continente.
Se trata, según el documento, de la primera campaña de este tipo, “sin precedentes en escala, para interrumpir y desmantelar las redes de contrabando humano en América”. Lo que nadie sabía hasta ese momento era que la operación había iniciado al menos ocho semanas antes (dos meses) en total, en secreto.
La operación, bautizada con el nombre de ‘Sting’ (aguijón o picadura en inglés), está liderada por el DHS y la integraban a mediados del año pasado 1,300 personas (entre agentes, empleados y oficiales) en toda la región. Y se habían invertido hasta ese momento “más de $50 millones para apoyar estas actividades”, de acuerdo con una nota de prensa al finalizar la Cumbre.
Los primeros reportes indicaron que el gobierno, hasta fines de mayo del año pasado, frenó aproximadamente 20,000 acciones de interrupción total que incluyeron arrestos y enjuiciamientos, incautaciones de propiedades como casas y vehículos utilizados para esconder y contrabandear personas e investigaciones criminales.
La Casa Blanca sostiene que “apenas estamos comenzando” y señala que “Estados Unidos buscará ampliará los esfuerzos con otros gobiernos de la región para mejorar el intercambio de información, desarrollar capacidades y avanzar en las investigaciones criminales”.
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El 12 de mayo, tras el levantamiento del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades por la pandemia, herramienta que en más de tres años permitió la deportación acelerada de más de 2.5 millones de extranjeros por razones de seguridad sanitaria (la mayoría de ellos solicitantes de asilo), el gobierno de Biden advirtió que continuará expulsando a extranjeros que no tienen una causa legal para permanecer en el país bajo el Título 8, que incluye a quienes sean señalados como traficantes reciban cargos de tráfico de indocumentados.
