Buscan resucitar el TPS: en qué consiste el recurso legal que pedirán activistas para que se revise decisión de jueces
Organizaciones de inmigrantes y de derechos civiles apelarán decisión de un panel de tres jueces y perirán a un tribunal de apelaciones que todos los magistrados revisen el caso y emitan un nuevo dictamen. Confían en que ganarán la batalla o de lo contrario irán a la Corte Suprema.
Por:
Jorge Cancino.
Reina Guerra llegó a Estados Unidos, procedente de El Salvador, cuando tenía 18 años, es madre de familia, beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS) y ha hecho gran parte de su vida en este país. Más información aquí.
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“Vamos a apelar la decisión y vamos a presentar un recurso para que el pleno de jueces revise la decisión”, dice Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
El dictamen puso en riesgo de deportación a unos 300,000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales tienen válido un permiso de trabajo hasta el 4 de septiembre de 2021.
“Utilizaremos el recurso conocido como ‘En Banc’, que se utiliza para forzar al tribunal a que todos sus jueces revisen la demanda y emitan un veredicto”, explicó Alvarado. “No estamos de acuerdo con el dictamen del lunes. Estamos convencidos que si lo miran todos los jueces, nosotros ganaremos esta batalla judicial y el TPS será restituido”.
El término proviene del francés, quiere decir “por todo el tribunal” y se aplica a las cortes de apelación. Se trata de un recurso que permite a los querellantes someter a revisión un caso cuando el fallo emitido por un no satisface a las partes.
De aceptar la petición, la Corte pudiera designar a la mitad de los 48 jueces que integran el tribunal para esta tarea que NDLON espera ocurra antes del 4 de enero del próximo año, fecha en que vencen la mayoría de las autorizaciones de empleo de los inmigrantes afectados por el fallo del lunes.
El capítulo de California de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que brinda apoyo legal a los demandantes del programa, entre los cuales se encuentra la NDLON, dijeron que están revisando las opciones, entre ellas escalar el caso hasta la Corte Suprema, a pesar de que en la decisión del lunes el panel escribió que la decisión no era revisable por ning-otro tribunal.
El recurso ‘En Banc’ será entregado el lunes, una semana después de emitido el dictamen, ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en Sacramento (California).
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“Una vez cumplamos con esto, iniciaremos una caravana en autobús para recorrer 54 ciudades en 32 estados”, anunció Alvarado.
Denominada “Jornada en Camino a la Justicia”, la estrategia tiene como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de que los miles de inmigrantes indocumentados favorecidos por el TPS “merecen la residencia legal permanente, se lo han ganado”, dijo el activista.
NDLON explicó además que, en el recorrido, que hará una veintena de activistas, entre ellos beneficiarios del TPS, se invitará a las personas a que voten el 3 de noviembre y elijan autoridades que tengan en cuenta el futuro de los inmigrantes y de los sectores más desprotegidos de la comunidad.
“El 3 de noviembre no se quede en casa”, dijo Alvarado. “Lo que está en la línea de meta es mas grande que nosotros como individuos. Se trata de nuestro pueblo, nuestra gente humilde y de bajos recursos, los que se están muriendo por el covid-19”.
La ACLU ha dicho que la decisión emitida el lunes ha puesto a unas 300,000 personas que viven legalmente en Estados Unidos durante décadas, al borde de la deportación.
“El fallo de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito confirmó el esfuerzo del gobierno de Donald Trump para terminar el TPS de personas que han vivido aquí legalmente, muchas de ellas durante décadas”, dijo el grupo de derechos civiles en un comunicado.
Agregó que, si la decisión se mantiene, “estos residentes legales desde hace mucho tiempo que fueron bienvenidos a Estados Unidos porque sus países estaban sumidos en la violencia o los desastres naturales, podrían ser devueltos. Debido a que tienen varios cientos de miles de niños estadounidenses, muchos de los cuales están en edad escolar, esta decisión obligaría a dividir a esas familias”.
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La Unión dijo además que el dictamen anuló un fallo de una corte de distrito que “citaba evidencia de que la terminación del TPS por parte de la Administración Trump estaba basada en la animadversión contra inmigrantes no blancos ni europeos en violación de la protección igual garantizada por la Constitución".
“Las viles declaraciones del presidente sobre los titulares de TPS dejaron perfectamente en claro que su administración actuó por animosidad racial”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado principal de la Fundación ACLU en el sur de California. “La Constitución no permite que la política sea impulsada por el racismo. Buscaremos una revisión adicional de la decisión del tribunal", precisó.
El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año. El programa concede estatus legal temporal a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, una guerra civil, huracanes, terremotos u otros desastres naturales.
