Dos años después de la cancelación de DACA, los dreamers se preparan para la "batalla final" en la Corte Suprema
Si bien el programa se mantiene vigente por orden de los tribunales, el 12 de noviembre se librará una de las batallas más importantes, cuando la Corte Suprema de Justicia escuche los argumentos de los abogados defensores y del Departamento de Justicia. Se espera una decisión final entre enero y junio del 2020.
Por:
Jorge Cancino.
José Muñoz, director de comunicaciones de ‘United We Dream’ pide a los amparados bajo DACA que renueven de inmediato sus permisos y que consulten cuáles son los recursos de los que disponen para ello. La decisión final sobre el programa se espera entre enero y junio de 2020.
Video A dos años de la cancelación de DACA, dreamers piden seguir unidos e informados mientras decide la Corte Suprema
El anuncio fue hecho por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, luego de varios meses de rumores e incertidumbre. Ese día, gobierno de Donald Trumpcumplió uno de los peores presagios que circulaban por aquel entonces: rescindió un programa de la era Barack Obamaque, además de frenar las expulsiones, le otorga a los soñadores un permiso de trabajo.
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El gobierno de Trump justificó su decisión diciendo que se encontraban ante dos alternativas: reducir DACA de una forma ordenada que permitiera proteger a los beneficiarios actuales en el corto plazo mientras el Congreso trabaja para aprobar una alternativa, o arriesgarse a que los tribunales eliminaran programa por completo. "Elegimos la opción menos perjudicial", dijo Elaine Duke, en ese momento secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En enero de 2018, cuatro meses después de cancelado el programa, una corte federal de California revirtió la decisión del mandatario y ordenó al DHS restituir el beneficio en los mismos términos en que se encontraba antes de ser caducado, excepto para aquellos jóvenes que no se habían inscrito.
Entre los meses de febrero y abril, otros dos tribunales, uno de Brooklyn y otro de Washington DC, también fallaron a favor de DACA en un claro revés a la política migratoria de 'tolerancia cero' del presidente Trump.
En respuesta a los fallos favorable a DACA, Texas y otros 9 estados gobernados por republicanos demandaron al programa en una corte federal de Houston, Texas, pero este tribunal no dio curso a la demanda dejando al programa vigente tal y como habían dictaminado los otros tribunales de California, Nueva York Washington DC.
Y en noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno no podía cancelar la Acción Diferida de 2012, decisión que le abrió la puerta al gobierno para acudir a la Corte Suprema y pedir que revise el programa. En ese dictamen, un panel de tres jueces concluyó que la decisión del gobierno de cancelar DACA era "arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley".
“Hemos librado una larga batalla judicial y hasta ahora hemos ganado”, dice a Univision Noticias Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país. "Pero este 12 de noviembre libraremos la batalla final, cuando los abogados que defienden el programa y los del gobierno acudan a una audiencia convocada por la Corte Suprema para presentar los argumentos finales en esta disputa”, agrega.
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“Estamos conscientes de que no sabemos cuál será la decisión final. Los jueces entregarán su decisión entre enero y junio del 2020. Mientras, lo que le decimos a la comunidad protegida por DACA es que renueven sus permisos de trabajo a tiempo, que no se descuiden, que tengan vigente sus protecciones de deportación y sus permisos de empleo”, dice Guzmán.
“Y no importando el resultado del veredicto, seguiremos batallando, porque esta guerra declarada por el gobierno de Trump en contra de DACA continuará mientras siga instalado en la Casa Blanca”.
700,000 en riesgo
“DACA ha sido un programa exitoso y ha brindado la oportunidad para trabajar y protecciones temporales contra la deportación a más de 700,000 jóvenes”, dice el grupo de presión FWD.us, formado por directores de empresas de la industria de alta tecnología. “Esto ha beneficiado tanto a los dreamers como a sus familias, nuestras comunidades y nuestra economía”, agrega.
Sin embargo, la organización advierte que ahora el futuro del programa no está en los tribunales inferiores, sino en las manos “y consideración de los magistrados de la Corte Suprema”.
Cancelar DACA “sería un error, un desastre económico y es contrario a los valores más arraigados de nuestro país”, añade. Y precisa que “estamos seguros de que la Corte Suprema estará́ de acuerdo con lo fallado por los tribunales de todo el país, quienes han estipulado claramente que la decisión del gobierno de terminar DACA fue ilegal”.
Para la FWD.us la cancelación de DACA forma parte de la política de separación de familias del gobierno de Trump y se trata de una medida “cruel” e “inhumana”.
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“Es como separar familias en la frontera y enjaular a niños, dejarlos prácticamente huérfanos luego de hacer redadas en centros de trabajo”.
El grupo cita además un estudio publicado por United We Dream, con datos de una investigación hecha por Tom K. Wong, de la Universidad de California en San Diego y el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC), que estableció de forma clara que:
91% de los beneficiarios de DACA tienen empleo.
69% consiguió un trabajo con mejor remuneración luego de recibir DACA.
5% abrió su propio negocio luego de recibir DACA, un porcentaje más alto que el del resto de la población (3.1%).
La mayoría después consiguió trabajos que eran más compatibles con su experiencia académica y preparación (54%).
56% tenía mejores condiciones laborales después de recibir DACA.
El 56% obtuvo su primer carro.
16% adquirió́ un hogar después de recibir DACA.
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2010 | Un grupo de jóvenes indocumentados de Massachusetts y Nueva York protestaban en julio de 2010 ante la Casa Blanca para que el Dream Act se aprobara. Era el nombre que recibió un proyecto de ley presentado en 2001 pero estancado en el Senado para legalizar a aquellos que no habían cumplido 16 años y llevaban cinco consecutivos en el país. Nunca se aprobó.
