Catorce estados republicanos piden a la Corte Suprema revisar la carga pública de Biden que eliminó restricciones de Trump
Un grupo de 14 estados gobernados por republicanos y encabezado por Texas presentaron un recurso de 308 páginas al máximo tribunal de justicia para que revise la regla de carga pública reactivada por Biden y verifique la legalidad de la norma aprobada por Trump el año pasado y que restringía los beneficios migratorios, entre ellos la Green Card.
Por:
Jorge Cancino.
Luego de que el gobierno de Joe Biden desestimara la ley implementada durante la administración del expresidente Trump, miles de personas, que han recibido beneficios federales, podrán continuar o retomar sus solicitudes migratorias sin preocupación. Según activistas, la polémica regla había sembrado miedo y terminó afectando a miles de inmigrantes.
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Una coalición de 14 estados liderados por republicanos y encabezada por Texas pidió este martes a la Corte Suprema que revise la regla de carga pública revertida por el presidenteJoe Biden y que prohíba que los inmigrantes dependan del Estado.
La acción legal, encabezada por el procurador general de Texas, Ken Paxton, alega defender la regla de carga pública activada el año pasado por el expresidente Donald Trump, que limitaba el uso de fondos públicos, entre ellos a inmigrantes que gestionaban la residencia legal permanente.
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En la demanda, los estados le piden al máximo tribunal de justicia que “defienda” la regla de la administración anterior, la que define como una ley federal que prohibía y sancionaba a los inmigrantes extranjeros “que probablemente dependieran de programas gubernamentales financiados por los contribuyentes”.
Los estados demandantes son: Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas y West Virginia.
A principios de noviembre del año pasado un juez de distrito de Illinois bloqueó la regla de carga pública que implementó el gobierno Trump, una medida que dificultaba a inmigrantes obtener beneficios migratorios.
Fue la segunda vez que el juez Gary Feinerman, designado durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), rechazó la norma, que había sido reactivada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) el 22 de septiembre tras una batalla legal que terminó en la Corte Suprema.
La reactivación significó que, antes de aprobar cualquier beneficio migratorio, el gobierno determinaría primero si el solicitante de un beneficio, como por ejemplo la Green Card, podría ser una carga para el estado.
El pasado 24 de febrero el máximo tribunal de justicia ordenó revisar la norma de Trump, pero el 9 de marzo el Departamento de Justicia le informó a la Corte Suprema que el Ejecutivo ya no defenderá la norma que había aprobado el exmandatario bajo el amparo de su política de 'tolerancia cero'.
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Poco después de la notificación, el tribunal anunció que desestimaba el caso (dismissed) dándole al gobierno de Joe Biden libertad para decidir anularla, modificarla o recuperar la antigua versión de la regla.
La medida de Trump modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determina si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
Tres semanas más tarde, los demandantes dicen en la demanda de 308 páginas que la reversión de la regla obliga a los contribuyentes de Texas “a pagar cientos de millones de dólares cada año para mantener los servicios que nuestro estado debe proporcionar a los extranjeros indocumentados”, razón por la cual el tribunal debe revisar su legalidad.
“Sin la regla de carga pública, nuestro presupuesto de Medicaid y otros servicios vitales aumentarán y se distribuirán muy escasamente, costando a los contribuyentes más millones y reduce la calidad del servicio que podemos proporcionar", dijo Paxton en un comunicado.
"El presidente Biden no logró trabajar a través del proceso administrativo de elaboración de reglas y dejó a Texas, junto con nuestros estados vecinos, vulnerables. Este es un intento desconsiderado para deshacer las políticas de inmigración de sentido común favorecidas por una fuerte mayoría de los texanos, y no puede mantenerse", agregó.
La demanda vuelve a poner el tema sobre el tapete. “Ahora vamos a tener que esperar si la Corte Suprema acepta la demanda, y en caso lo haga, que determine la legalidad de la regla de carga pública de Trump”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
“El problema es que existe una corte con seis votos conservadores y tres liberales. Y durante la larga batalla jurídica sobre la norma que hemos visto, los argumentos republicanos han sido validados por tribunales inferiores y de apelaciones”, indicó.
Guerrero dijo además que “hasta ahora todo se revirtió porque Trump perdió la elección y Biden llegó a la Casa Blanca. No me sorprendería si esto vuelve a rodar nuevamente”.
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En cuanto a aquellos inmigrantes con casos pendientes o que esté pensando someter la petición de un beneficio migratorio, como la Green Card, Guerrero dijo que “hágalo lo antes posible porque no sabemos qué decidirá la Corte Suprema sobre este tema”.
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