Fallo de Corte Suprema podría ser una “sentencia de muerte” para migrantes que piden asilo
Amnistía Internacional dijo que la próxima semana viajará al sur de Texas para poder ingresar a los tribunales que el gobierno instalará en carpas, donde procederá a celebrar juicios acelerados a migrantes que ya pidieron asilo en la frontera.
Por:
Jorge Cancino.
Llevan meses esperando en México, haciendo fila para tomar un número, poder procesar su solicitud de asilo a EEUU y entrar legalmente. Pero la reciente decisión de la Corte Suprema de permitir negarles el asilo si no lo pidieron antes en los países por los que pasaron los ha dejado con su futuro aún más incierto.
Video Esperando meses en México "para nada": Así se sienten los migrantes tras el fallo de la Corte Suprema
El dictamen emitido el miércoles por la Corte Suprema de Estados Unidos, que autoriza temporalmente la implementación de una nueva regla de asilo en la frontera con México, fue condenada por Amnistía Internacional (AI).
El fallo (7-2) permite al gobierno de Donald Trump negar asilos a migrantes que cruzan por un tercer país y no hayan solicitado la protección en este antes de hacerlo en Estados Unidos.
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“La prohibición de asilo que ha confirmado la Corte Suprema podría ser una sentencia de muerte para las personas que buscan seguridad y protección”, dijo Charanya Krishnaswami, directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional. “La prohibición de asilo se basa en una ideología de odio y xenofobia y no puede sostenerse”, agregó.
El dictamen fue en respuesta a un recurso de emergencia presentado por el Departamento de Justicia a finales de agosto. El recurso fue entregado una semana después de la implementación de un fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que le permitió al gobierno de Donald Trump negar asilos excepto en Arizona y California.
La Corte de Apelaciones había dictado que el gobierno podía aplicar la política denominada Regla Final Interina (IFR) anunciada a mediados de julio, que exige que los migrantes que buscan obtener condición de refugiado tengan que hacerlo en el primer país al que ingresan, al que se denomina ‘tercer país seguro’.
Krishnaswami indicó que "toda persona tiene derecho a buscar seguridad: este es un momento que demostrará ser infame, cuando el país le dio la espalda a los que solía recibir y decidió ignorar a estas personas".
Amnistía Internacional dijo además que la próxima semana viajará al sur de Texas para poder ingresar a los tribunales que el gobierno instalará en carpas, donde procederá a celebrar juicios acelerados a migrantes que ya pidieron asilo en la frontera y han sido regresados a México, en el marco de una política implementada en enero.
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El grupo de derechos humanos denunció que los juicios se celebrarán en secreto. El gobierno de Trump ha dicho que no permitirá el ingreso de observadores independientes a estos procesos.
Las audiencias de estos migrantes serán similares a las diseñadas bajo el operativo Streamline, un sistema de juicios acelerados donde un juez procesa vía circuito cerrado de televisión a grupos de migrantes bajo una misma causa.
Abogados han denunciado que estos procesos impersonales no le dan oportunidad a los inmigrantes para defender sus permanencias, y violan el debido proceso migratorio.
AI indicó que ha documentado los peligros que enfrentan las personas que buscan asilo, no solo en sus países de origen, sino también en sus viajes hacia la frontera sur de Estados Unidos.
“Anteriormente hemos descubierto que los solicitantes de asilo que identifican como miembros de la comunidad LGBTI de Guatemala, El Salvador y Honduras enfrentan enormes riesgos de agresión sexual, violencia y daños en su viaje hacia el norte”, dijo Krishnaswami.
La prohibición dictada por el máximo tribunal de justicia “podría significar que las personas que identifican LGBTI se verían obligadas a buscar protección en lugares donde corren un grave riesgo y daños”, agregó.
El grupo de derechos humanos dijo que también había descubierto que el sistema de asilo de México “está mal equipado para responder a la cantidad de personas que podrían verse obligadas a buscar protección allí”.
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“La investigación de Amnistía Internacional descubrió que, lejos de proporcionar seguridad a los solicitantes de asilo, el gobierno mexicano los detiene y deporta de manera rutinaria”, indicó.
Dijo además que las recientes acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluido el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en todo el país para tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo, “han hecho que la situación sea aún más peligrosa para los que huyen”.
Desde que el Programa Permanecer en México (MPP) fue activado en enero, más de 42,000 migrantes han sido enviados a ese país por las autoridades migratorias estadounidenses.
Según cifras oficiales del gobierno de México, las cifras de deportaciones en ese país aumentaron de 53,747 de enero a junio de 2018 a 71,376 en el mismo período en 2019.
La organización Families Belong Together , en Tijuana, dijo a Univision Noticias que México no tiene infraestructura para atender la crisis migratoria, y que los casos de asilo pueden demorare años.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
