Firmó una salida voluntaria, se quedó y no sabe qué pasará si lo arresta ICE: respondemos tus preguntas de inmigración
La salida voluntaria es una opción que se usa si el extranjero no constituye una amenaza para la seguridad pública. Pero si no se cumple y el extranjero no sale en la hora y fecha señaladas, la situación es cuesta arriba.
Por:
Jorge Cancino.
El Servicio de Inmigración pone en vigor nuevas reglas acerca del 'buen carácter moral' cuya violación negará cualquier tipo de beneficio migratorio. Incluso será suficiente para que el gobierno inicie un proceso de deportación de Estados Unidos.
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La advertencia lanzada por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que entre sus prioridades de arresto se encuentran “todos aquellos que infrinjan las leyes de inmigración o tengan una orden final de deportación”, tiene a Luis con los nervios de punta.
“Yo recibí una orden de deportación cuando tenía 15 años. Pero firmé una salida voluntaria y no me fui. Ahora tengo 12 años viviendo aquí. ¿Qué haré en caso de tener un encuentro con inmigración y me detengan?”, quiere saber.
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Seguimos respondiendo las preguntas que nos envían a la redacción de Univision Noticias. Puedes mandarnos la tuya a: jcancino@univision.net.
Lo primero que debe tener en cuenta una persona que firmó una salida voluntaria y se quedó, “es que cuando se cumple la fecha y la hora de la salida y no se fue, la salida se convierte automáticamente en una orden final de deportación”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
En segundo lugar, “que al individuo le cae encima la denominada Ley del Castigo”, agregó.
La Ley del Castigo mencionada por Guerrero sanciona por tres años fuera al inmigrante que pasa más de 180 días indocumentado en Estados Unidos, y con 10 años si la permanencia no autorizada pasa de los 365 días.
Cumplida la penitencia, el inmigrante debe iniciar un trámite consular para tramitar un perdón y solicitar una visa que le autorice viajar nuevamente a Estados Unidos.
Para esta pregunta “puede haber otras respuestas”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
“Primero, si la persona que firmó la salida voluntaria está casada con un ciudadano, éste puede pedir su ajuste de estatus (la residencia)”.
Y si el indocumentado entró sin visa, puede gestionar un Perdón Provisional 601-A para hacer el trámite consular en su país de origen y luego volver con una visa y esperar la residencia legal permanente.
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“Pero si el cónyuge entró con visa, no deberá salir del país”, dice Hernández.
La segunda opción es si el indocumentado está casado con un residente legal permanente. En ese caso, el cónyuge puede pedirlo dependiendo de cuándo contrajo matrimonio. “Si ya hizo las gestiones para el ajuste de estatus como residente legal permanente y le avisaron que su visa está disponible, puede entonces pedir un perdón provisional 601-A para salir y hacer el trámite consular”, indicó.
“Pero en estos momentos y bajo la política de tolerancia cero, no hay garantías de que le vayan a otorgar los perdones”, advierte Guerrero. “A menos que demuestre que si lo deportan, el cónyuge o el hijo estadounidense sufrirá en extremo. Sólo en esos casos le aprobarán el trámite”.
Los abogados consultados también recordaron tener presente las prioridades de deportación estipuladas por el gobierno desde el 25 de enero de 2017, cuando fue promulgada la orden Ejecutiva sobre las jurisdicciones (o ciudades) santuario.
En esa fecha el gobierno de Trump determinó que los siguientes extranjeros integran la categoría de deportables:
Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.
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El asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, es conocido por su férrea posición en contra de la inmigración, incluso es reconocido como uno de los ideólogos del gobierno en su política antiinmigrante. Uno de sus puntos más polémicos los expuso durante una rueda de prensa en la Casa Blanca donde, en una discusión con el reportero de CNN Jim Acosta, insistió que para aceptar a un inmigrante uno de los requisitos principales debe ser que hable inglés.
