El gobierno contempla otorgar a los fiscales de inmigración poderes discrecionales para que desestimen la deportación de inmigrantes de baja prioridad que no constituyan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, revela un reporte del diario The New York Times este lunes.
Gobierno otorgará poderes extras a fiscales de inmigración para desestimar deportaciones
El gobierno contempla otorgar a los fiscales de inmigración poderes discrecionales para que desestimen la deportación de inmigrantes de baja prioridad que no constituyan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, revela un reporte del diario The New York Times este lunes.
La decisión forma parte de una estrategia que elabora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que será implementada en respuesta a la eliminación del Título 42 en la frontera con México a partir del 23 de mayo.
El gobierno y los detractores de la decisión de revertir la política de salud pública activada en marzo de 2020 por el gobierno de Donald Trump anticipan una crisis en la frontera sur con la llegada de miles de migramtes en busca de asilo.
El otorgamiento de poderes adicionales a los fiscales de inmigración no solo evitaría aumentar el atasco en la Corte de Inmigración (EOIR) que a finales de febrero acumulaba más de 1.7 millones de casos, sino que “podría reducir significativamente la acumulación de casos de asilo y deportación, ya que la administración de Biden anticipa una gran oleada de inmigrantes que cruzan la frontera”, dijo el periódico.
La medida se suma a otras que viene elaborando el DHS como parte del esfuerzo del gobierno para evitar una crisis sin precedentes en la frontera y al mismo tiempo respetar y protreger el debido proceso migratorio.
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El memorando
La ampliación de poderes a los fiscales de inmigración está contenida en un memorando fechado el domingo. El documento señala que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ordenó a sus abogados que revisaran los casos y trataran de aclarar aquellos considerados de baja prioridad según las pautas de cumplimiento que la administración estableció el año pasado.
Un reporte de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración estima que hay al menos 700,000 casos de este tipo, alrededor del 40 por ciento de la acumulación de casos en los tribunales de inmigración.
En noviembre del año pasado, durante una comparecencia ante los miembros del Comité Judicial del Senado, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo que a esa fecha había 1.2 millones de órdenes de deportación que no se han cumplido y que el gobierno tenía serias duras en cuando a que todas ellas fueron emitidas conforme el debido proceso.
Mayorkas indicó que en muchos casos las órdenes de expulsión fueron la culminación de un proceso iniciado por una infracción o una falta menor que no representaba una amenaza a la seguridad pública de los estadounidenses.
The New York Times dijo que ICE no proporcionó una estimación de cuántos casos se aclararían bajo la directiva o cuánto tiempo tomaría hacerlo.
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Contrario a lo hecho por Trump
La decisión de otorgar poderes extraordinarios a los fiscales de inmigración para detener deportaciones es contrario a la política de tolerancia cero del gobierno anterior que puso todos los recursos a su alcance para acelerar las deportaciones.
En 2018 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció el retiro a los jueces de inmigración de la discrecionalidad administrativa que poseían para evitar el cierre de casos y aceleraran las deportaciones, incluso de aquellos inmigrantes que no constituían una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En abril de 2017 Sessions también ordenó a los fiscales de inmigración que presentaran cargos criminales contra inmigrantes que cruzaban por zonas no autorizadas al país en busca de asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
La decisión, recién conocida entre mayo y junio de 2018, causó la separación de miles de familias. Cientos de los padres afectados fueron luego deportados solos a sus países de origen.
Un grupo de trabajo convocado por el presidente Joe Biden en febrero del 2021 ha logrado ubicar e iniciar la reunificación de unas 500 familias, pero tras 1,500 al menos no han sido localizadas todavía.
Un informe del Inspector General del DHS en enero de 2019 reveló que, debido a la falta de protocolos en el programa ordenado por el gobierno anterior, nunca se sabrá con certeza cuántas familias fueron separadas forzosamente en la frontera con México.
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Las otras medidas
Además de otorgar poderes extras a los fiscales de inmigración, el DHS anunció la semana pasada que también otorgará poderes especiales a los oficiales de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para que otorguen este beneficio a los migrantes que llegan a la frontera y demuestren miedo o temor creíble.
La medida también permitirá descongestionar la frontera y no sobrecargar la Corte de Inmigración.
Los casos que sean desestimados por los oficiales de asilo de la USCIS serán colocados inmediatamente en un proceso de deportación acelerada y remitidos a un tribunal del EOIR para que un juez de inmigración decida el futuro en el país del extranjero.
“Una vez que la orden del Título 42 ya no esté vigente (esto es a partir del 23 de mayo), el DHS procesará a las personas encontradas en la frontera de conformidad con el Título 8, que es el procedimiento estándar que utilizamos, dijo Mayorkas el viernes.
“No obstante, sabemos que los contrabandistas difundirán información errónea para aprovecharse de los migrantes vulnerables. Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados”, advirtió.
El DHS también elabora planes para ampliar la capacidad de centros de detención en la frontera y construir nuevos espacios para procesar miles de solicitudes de asilo.
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Detalles del procedimiento
Citando declaraciones de una fuente ICE, el diario dijo que los abogados revisarían cada caso ante la corte para ver si cumplía con las prioridades de aplicación de la administración. Entre ellos, casos que involucran una amenaza a la seguridad pública o nacional, así como aquellos involucrando a personas que recientemente cruzaron la frontera sin documentación.
En la actualidad hay unos 300,000 “casos cerrados administrativamente”, según datos del Departamento de Justicia. En 2018 el gobierno de Trump revirtió los procesos, pero volvieron a ser cerrados en junio del año pasado por el fiscal general Marrick Garland, quien restituyó a los jueces el poder discrecional de cierre administrativo.
Mayorkas reiteró este lunes que los esfuerzos del gobierno están centrados en proteger la seguridad pública, la seguridad de nuestras fronteras y nuestra seguridad nacional. Y que “el memorando emitido empodera aún más a nuestros abogados encargados de hacer cumplir la ley para que se concentren en estas prioridades, y ayudará a despejar una acumulación de casos de larga data que ha obstruido el sistema judicial de inmigración y obstaculizado la eliminación rápida de las mayores amenazas”.
Cerrar, desestimar y simplificar los casos de baja prioridad, dijo el funcionario de ICE, es una forma justa y eficiente de abordar lo que ha sido un atraso insuperable.
Se desconoce el tiempo que requerirán los abogados para la revisión de cada caso.











