Después del 23 de mayo seguirán las deportaciones, pero no bajo el Título 42. Te explicamos cómo
El retiro de la polémica regla activada durante el gobierno de Donald Trump para frenar el avance de la pandemia no pondrá fin a las deportaciones, aunque obligará al DHS a gastar más tiempo y recursos.
Por:
Jorge Cancino.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el levantamiento del Título 42, el cual permitía, argumentando razones de salud pública por la pandemia del coronavirus, las expulsiones inmediatas de los indocumentados que llegaban a través de la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional informó que ahora aplicará el Título 8 para procesar a las familias e inmigrantes que entren al país de manera irregular. Más información aquí.
Video Los CDC ponen fin al Título 42: se acaban restricciones para pedir asilo en la frontera implementadas por la pandemia
El anuncio del término de la vigencia del Titulo 42 a partir del 23 de mayo hecho el viernes por los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) da tranquilidad a miles de inmigrantes que buscan pedir asilo o entrar a Estados Unidos, pero también debería preocuparlos porque el gobierno seguirá expulsando, solo que bajo otras vías legales disponibles.
La cuestionada política que data de 1944 y fue activada en marzo de 2020 durante el gobierno de Donald Trump para deportar de forma acelerada a inmigrantes por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia, ha facilitado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la expulsión expedida de unos 2 millones de extranjeros.
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Pero las deportaciones inmediatas son fuertemente rechazadas por la comunidad inmigrante, sectores religiosos, abogados, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y la mayoría de legisladores demócratas en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, a pesar de las críticas y exigencias para que el gobierno elimine cuanto antes esta herencia dejada por el gobierno de Trump, algunos de los principales detractores temen que la desaparición de la polémica regla, en vez de restablecer el debido proceso y apaciguar la crisis en la frontera con México, cauce una nueva crisis en un año electoral clave en el que demócratas y republicanos se juegan el Control de ambas cámaras del Congreso.
“Hacemos un llamado a la Administración para que redoble sus esfuerzos para resolver las crisis que están impulsando niveles sin precedentes de migración en todo nuestro hemisferio. Muchos de nuestros hermanos y hermanas cubanos, haitianos, venezolanos, colombianos y nicaragüenses, junto con otros en este hemisferio, enfrentan amenazas directas e inmediatas a sus vidas”, dijeron los senadores Robert Menéndez y Cory Booker (ambos demócratas por Nueva jersey) en un comunicado.
Pero ni siquiera redoblando los esfuerzos el gobierno tendrá la suficiente capacidad de respuesta para atender el enorme flujo de inmigrantes que se avecina. Reportes filtrados por funcionarios del DHS al diario The Washington Post y ABC News esta semana, mencionan escenarios que van desde los 6,000 a los 18,000 inmigrantes diarios. “Y cada entrevista de asilo puede demorar hasta dos horas”, advirtió Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
Hasta ahora el DHS no ha dicho que comenzará a modificar el escenario antes del 23 de mayo, como piden algunos demócratas anticipando la crisis que se avecina.
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“El Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública utilizada por los CDC para proteger contra la propagación de enfermedades transmisibles”, dijo el viernes Alejandro Mayorkas, secretario del DHS.
La regla “permanecerá vigente hasta el 23 de mayo y, hasta entonces, el DHS continuará expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste”, precisó.
El secretario agregó que “una vez que la orden del Título 42 ya no esté vigente (esto es a partir del 23 de mayo), el DHS procesará a las personas encontradas en la frontera de conformidad con el Título 8, que es el procedimiento estándar que utilizamos para colocar a las personas en procedimientos de deportación”, apuntó.
“No obstante, sabemos que los contrabandistas difundirán información errónea para aprovecharse de los migrantes vulnerables. Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados”, advirtió. Es decir, quien no tenga una causa probable de asilo será procesado y deportado.
Mayorkas reiteró lo que funcionarios habían anticipado a mediados de esta semana, que el DHS elaboraba estrategias para escenarios difíciles con la entrada de miles de inmigrantes en busca de asilo en la frontera con México.
“Hemos implementado una estrategia integral de todo el gobierno para gestionar cualquier aumento potencial en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera”, dijo. “Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección”, precisó.
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El funcionario reiteró además que “aumentaremos el personal y los recursos según sea necesario y ya hemos redistribuido a más de 600 agentes del orden público en la frontera”. Este despliegue no estará a cargo de procesar inmigrantes, sino que será para detener y procesar contrabandistas.
En cuanto a las medidas de prevención de salud pública, el DHS dijo que en los próximos dos meses se implementarán “protocolos de COVID-19 adicionales y apropiados, incluido el aumento del programa de vacunación”.
Mayorkas también citó que las causas que alimentan la migración irregular persisten, un problema que fue advertido en 2013 por un grupo de investigadores de la Universidad de California a la ONU en 2013 y que luego fue trasladada al gobierno de Barack Obama, instancia que reacciono tí9midamente un año después cuando las crisis había sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno federal.
Las deportaciones bajo el Título 8 mencionadas por Mayorkas no es algo nuevo. Se trata de la implementación de leyes vigentes que afectan la inmigración y naturalización, y que siguieron activas a pesar de la pandemia y la implementación del Título 42.
Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), codificada bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos, constituyen la base del derecho de inmigración Estados Unidos, explica un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York.
Explica además que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica Estados Unidos para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.
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Si bien la ley en algunos casos “ofrece” a ciertos extranjeros indocumentados elegibles la posibilidad de solicitar el estado de residente temporal, también sanciona con la deportación, por ejemplo, a aquellos extranjeros que cometen fraude de matrimonio o estafan al sistema.
“Las parejas deben estar preparadas para presentar pruebas de la legitimidad del matrimonio”, señala el reglamento. De lo contrario podrían ser procesados y deportados.
No solo personas que no pueden probar un matrimonio válido o que intentan estafar el sistema están en blanco de las deportaciones del DHS bajo el Título 8. Y el DHS advierte que bajo este Título de la Ley “todos los extranjeros inadmisibles están sujetos a una deportación acelerada” y que “todas las personas que lleguen a un puerto de entrada serán detenidas hasta que un oficial del servicio lo admita”.
La lista de deportables incluye, entre otros:
Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a EEUU sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad;
Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración.
Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo;
Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos;
Personas que han cometido delitos de bajeza moral;
Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de admisión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más;
Personas que tengan múltiples condenas penales.
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“La lista es enorme”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“La ley incluye una larga lista de motivos por los cuales un extranjero puede no ser admitido y deportado de manera acelerada en la frontera bajo el Título 8”, indicó.
De acuerdo con lo que ha explicado hasta ahora el DHS, a partir del 23 de mayo el debido proceso de asilo será implementado de manera distinta a cómo se hace ahora. “El sistema actual, desde que entró en vigor el Título 42, permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza deportar de manera acelerara sin derecho a nada por razones de salud pública”, dice Guerrero.
La nueva estrategia anunciada esta semana “revela que volveremos al proceso normal bajo el debido proceso migratorio, pero con un ligero cambio”, agrega. “Los inmigrantes, durante la detención y procesamiento de su entrada, podrán pedir asilo y ser entrevistados por un agente de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)”, explicó.
De acuerdo con la nueva estrategia, el agente de asilo de USCIS tendrá la discrecionalidad de aprobar el asilo en base a los méritos y evidencias del caso. Y aquellas peticiones que rechace serán enviados a un tribunal de inmigración para que sea un juez quien decida la permanencia del extranjero en Estados Unidos o emita una orden de deportación.
“Se implementará la ley federal tal como estaba antes del Título 42, con la excepción aquella del poder extraordinario de asignación otorgado a agente de asilo en la frontera”, reiteró Guerrero.
Republicanos y algunos demócratas han criticado la nueva estrategia. Los primeros temen que el retiro del Título 42 genere una crisis mayor a la que el gobierno ha enfrentado en el Último año, mientras que los segundos temen que una avalancha incontrolable de inmigrantes en la frontera impacte en el resultado de las elecciones de medio término del primer martes de noviembre y la oposición (los republicanos) recuperen el control de una o ambas cámaras del Congreso.
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