Exigen al gobierno recortar el presupuesto que ICE usa para "atacar, encarcelar y deportar" migrantes

El gobierno debe reducir significativamente el presupuesto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) para poner fin "al sufrimiento y las consecuencias traumáticas y mortales” de inmigrantes detenidos, pide una coalición integrada por al menos 190 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

En una carta enviada a los líderes del Congreso, que este lunes regresan del receso de primavera y retoman el debate del plan de gasto social, el grupo alega que ambas dependencias cuentan con un abultado presupuesto anual que les permite “atacar, encarcelar y deportar a seres queridos” de otros inmigrantes que pagan impuestos.

“La financiación federal debe centrarse en la dignidad y el bienestar de todas las personas”, lee la misiva. Señala, además, que el presupuesto asignado cada año no solo ha sido utilizado para encarcelar, sino también para "perseguir a miembros de la comunidad y militarizar las comunidades que millones llaman hogar”, en referencia a los 11 millones de indocumentados.

El Congreso terminará su receso

Este lunes, ambas Cámaras del Congreso regresan a Washington para reanudar sus tareas después del receso de primavera. En medio de una inflación acelerada y la latente pandemia del covid-19, los legisladores se enfrascarán en batallas pendientes sobre ambos temas, al tiempo de los demócratas insistirán en la aprobación de emergencia de una partida de $10,000 millones para combatir la pandemia.

A su vez, se esforzarán por reacondicionar el plan de gasto social del presidente Joe Biden, que hasta el momento no reúne los 50 votos demócratas (la totalidad de la bancada) y aprobarlo en el marzo usando el llamado 'paquete de reconciliación' que le permitiría avanzarlo sin el apoyo republicano.

De conseguirlo, el partido en la Casa Blanca planea agregar una enmienda de inmigración para legalizar a millones de indocumentados. Pero algunos demócratas, entre ellos los senadores Kyrsten Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de West Virginia, no están de acuerdo con el plan de gastos. Una de las condiciones para respaldar la ayuda sanitaria es que el gobierno asegure que no eliminará Título 42 en la frontera, previsto para el 23 de mayo, una exigencia que la semana pasada rechazó la Casa Blanca.

Denuncian que el gobierno tiene promesas migratorias incumplidas

La coalición dice, además, en la carta enviada a los líderes del Congreso, que la administración Biden asumió el cargo haciendo promesas “de las que muchos en el Congreso se hicieron eco y dieron esperanza a las comunidades inmigrantes y fronterizas”, de que este ciclo dañino de gasto punitivo en la ejecución de la ley llegaría a su fin.

“Pero nos consternó ver que los daños mortales de la aplicación masiva de la ley de inmigración continúan e incluso se expanden”, advierten. "El Congreso aprobó un proyecto de ley de asignaciones del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para el año fiscal 2022 que aumentó los fondos para la detención de inmigrantes, vigilancia y militarización fronteriza después de meses de negociaciones en la trastienda”, agregan.

“Personas detenidas y sus seres queridos, defensores de los derechos de los inmigrantes e incluso organismos de supervisión del gobierno han estado haciendo sonar la alarma sobre el abuso endémico en los centros de detención de ICE durante casi dos décadas”, afirma la carta sobre las condiciones que describen como inodoros que no funcionan y moho en la instalación del condado Torrance de Nuevo México.

¿Doble discurso?

El grupo agrega una serie de preocupaciones registradas que estarían comprometiendo la política migratoria de la Casa Blanca anunciada el 20 de enero del 2021. Indica que “a pesar de que el abrumador banco de evidencia que detalla la crueldad inherente e irreparable de la detención de ICE crece, e incluso cuando el gobierno se mueve para cerrar un puñado de centros de detención, el sistema continúa expandiéndose”.

Entre los casos que cita la carta, se incluyen:

• En septiembre del 2021 ICE firmó un contrato para operar el Valle de Moshannon Correctional Center, una antigua cárcel de la Oficina de Prisiones (BOP) en Pensilvania con capacidad para casi 2,000 personas.
• Meses después, la agencia firmó otro acuerdo para expandir el procesamiento de ICE de Folkston, Georgia, creando el centro de detención más grande del país con capacidad para más de 3,000 personas.
• La capacidad de detención de cada estado se duplicó aproximadamente; las poblaciones de inmigrantes negros enfrentan tasas más altas de detención y deportación, así como tasas desproporcionadas de castigo dentro de la detención que otros grupos, mientras que los refugiados del sudeste asiático son de tres a cuatro veces más probabilidades de ser deportados por antiguas condenas penales.
• Otra área que ha experimentado un crecimiento enorme y alarmante en el último año es la financiación e implementación de tecnologías de vigilancia invasivas con fines de cumplimiento.
• Aumento de los programas de vigilancia a extranjeros que esperan en libertad la resolución de sus casos. (Al 12 de marzo había 191,988 personas inscritas en los programas alternativos de detención, ATD).
• Expansión de la infraestructura de vigilancia fronteriza invasiva.
• Continúa la construcción de barreras físicas además de la vigilancia regional masiva.

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