Jueces de inmigración "indignados" por fallo que les quita el derecho a sindicalizarse

Cuatro meses después que la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) determinara que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general, un panel de la misma entidad revirtió el fallo y aceptó los argumentos presentados por el gobierno.

El segundo dictamen, entregado el lunes de 2 noviembre, un día antes de la elección presidencial, indica que los jueces no pueden sindicalizarse porque son "funcionarios del gobierno" y, por lo tanto, no pueden formar ni ser miembros de una organización laboral.

La decisión despojó a más de 450 empleados federales de sus derechos de negociación colectiva.

En el fallo, el panel de tres miembros la FLRA, dos de ellos nombrados durante el gobierno de Trump, revirtieron la decisión adoptada por la Dirección Regional (RD) de la Autoridad, negaron la petición de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y excluyó a todos sus miembros de pertenecer a un sindicato bajo el argumento de que son “funcionarios de la gerencia” y, por lo tanto, “no son miembros apropiados para sindicalizarse según el Estatuto de Relaciones Laborales-Gerenciales del Servicio Federal”.

“Después de una revisión exhaustiva del expediente, incluida la oposición del Sindicato y el Amicus Curiae de la Asociación de Jueces de Derecho Administrativo, la Autoridad considera que la jurisprudencia existente merece una reconsideración”, se lee en el dictamen. “Como tal, otorgamos la solicitud de revisión, determinamos que los Jueces de Inmigración son funcionarios administrativos y, por lo tanto, los excluimos de la unidad de negociación”, agrega.

La descertificación del sindicato de jueces forma parte de la polìtica migratoria de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump.

Qué dice la NAIJ

Un día después y cuando los estadounidenses acudían a las urnas para elegir presidente, la NAIJ emitió un comunicado indicando que se encontraba “indignada, aunque no sorprendida” por la reversión del fallo de julio y la falta de análisis jurídico.

La Asociación de jueces denunció además los asaltos permanentes por parte del gobierno de Donald Trump para deshacer el sindicato y “diezmar los derechos de negociación” de los jueces en un esfuerzo diseñado para “transformar la fuerza laboral federal en un organismo a voluntad y profundamente politizada”.

“Hemos perdido esta batalla, pero ganaremos la guerra”, señala el sindicato. Y agrega que “estábamos preparados para este día, seguiremos luchando y estamos estudiando todas y cada una de las opciones legales y de otro tipo disponibles”.

La NAIJ advirtió además que sus miembros seguirán trabajando para rechazar lo que denominan “políticas equivocadas” que en los últimos cuatro años han afectado el debido proceso migratorio. Asegura además que sus miembros seguirán trabajando para la creación de un sistema de justicia migratoria “independiente”.

La apelación

En octubre el Departamento de Justicia (DOJ) apeló el fallo de julio a favor de la NAIJ y solicitó a la FLRA que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados "funcionarios administrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.

A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia. Pero la treta emprendida por el gobierno para dejar sin voz a los jueces de inmigración de inmediato fue cuestionada por abogados del gremio.

“Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “El gobierno está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de ellos para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.

La postura de los jueces

La NAIJ ha argumentado que el sindicato les ha permitido actuar con independencia y no afectar el debido proceso migratorio. Y señala que la descertificación no solo acabaría con esa autonomía al momento de decidir un caso, sino que también debilitaría a otros sindicatos federales”.

En junio la presidenta honoraria de la NAIJ, Dana Marks, dijo a Univision Noticias que el sindicato seguirá batallando en contra de las maniobras del ejecutivo para “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”.

"Esta decisión es extremadamente importante para nuestro sindicato, porque es solo con la protección de ser un sindicato que hemos tenido la libertad de hablar con la prensa y con el público sobre lo que ocurre detrás de escena en la corte de inmigración", agregó.

“También permite que nuestro sindicato continúe nuestro trabajo protegiendo a los jueces de inmigración de presiones políticas inadecuadas que dirigen el resultado de los casos que tenemos ante nosotros, y nos permite hablar en voz alta para proteger la salud y la seguridad de los jueces, nuestros compañeros de trabajo y el público durante la pandemia”, apuntó.

En su plan de gobierno, el presidente electo Joe Biden prometió restituir y proteger el poder discrecional de los jueces y de la Corte de Inmigración (EOIR).