Jueces de inmigración "profundamente preocupados" por juicios secretos en la frontera ordenados por el gobierno
Argumentan que los juicios "han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.
Por:
Jorge Cancino.
Continúa la larga espera en México para los migrantes que aspiran a recibir asilo en Estados Unidos. Muchos llevan meses en albergues y confiesan lo difícil que es la situación, especialmente para los niños.
Video Llanto y desesperación: migrantes narran cómo son las noches en los albergues en México
Los jueces de inmigración están “profundamente preocupados” por los juicios secretos implementados en la frontera por el gobierno de Donald Trump, y advierten graves violaciones al debido proceso de los migrantes que huyen de sus países y llegan en busca de asilo en la frontera.
Así lo expresó a Univision Noticias la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) por medio de una nota enviada por correo electrónico.
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“La NAIJ cree firmemente que la transparencia y el acceso público a nuestros procedimientos, son esenciales para garantizar que cada persona que se presente ante nuestros tribunales reciba el debido proceso requerido por la ley”, señala la asociación.
Los jueces indican además que “estamos profundamente preocupados porque los procedimientos acelerados que se llevan a cabo en la frontera han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos, e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.
La NAIJ denunció además que “actualmente, menos del 2% de las personas” que están siendo procesadas bajo el Programa de Protección de Migrantes (MPP) “han podido obtener abogados”, situación critica que les dificulta sus casos de asilo.
El MPP fue implementado por el gobierno de Trump a finales de enero en respuesta a la negativa del gobierno mexicano de declararse Tercer País Seguro, término basado en los principios de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y que permitiría a Estados Unidos negar asilos y remitir a las personas a México.
Desde que el programa fue implementado más de 52,000 migrantes han sido regresados a México tras pedir asilo a esperar sus citas en una corte de inmigración estadounidense, que en algunos casos pueden demorar meses bajo condiciones de inseguridad y pobreza extrema peores que aquellas que generaron la búsqueda de asilo.
Los jueces de inmigración también recomendaron al gobierno de Trump “encarecidamente que se haga todo lo posible para ayudar a las personas en los procedimientos de deportación para que tengan acceso completo y significativo a los servicios legales, y que se eliminen todos los impedimentos para la representación legal, particularmente porque las solicitudes (de asilo) deben completarse en inglés, así como todos los documentos (que acompañan una solicitud deben ser) traducidos al inglés”.
La semana pasada un grupo de organizaciones pidió al Congreso que investigue las cortes de inmigración que el gobierno levantó en carpas en la frontera con México y lo que denominan juicios secretos, procesos que se están llevando a cabo para enjuiciar miles de solicitudes de asilo acumuladas en los últimos meses.
En una carta enviada a los principales comités del legislativo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Amnistía Internacional Estados Unidos, El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Comisión de mujeres refugiadas, urgieron a los legisladores llevar a cabo “una supervisión significativa” de los migrantes que están siendo regresados a México y uso de los tribunales en carpas por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ).
A finales de septiembre la organización de derechos humanos Human Right Watch (HRW) denunció que los migrantes devueltos a México tras pedir asilo quedan expuestos a “secuestro, extorsión y violencia” porque son enviados a lugares sonde no hay suficiente capacidad de albergue y con altas tasas de criminalidad mientras esperan sus audiencias.
Pero no so solo la inseguridad preocupa a los jueces de inmigración. “Se han planteado preguntas legales por el hecho de que, a menudo, no hay una dirección en México donde se pueda contactar a los inmigrantes que piden asilo, e incluso se nos ha informado que personas han sido secuestradas o extorsionadas mientras estaban en México esperando sus audiencias”, revelan en la respuesta enviada a Univision Noticias.
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Agregan que “en las audiencias, las sesiones son tan grandes como 100 casos por juicio, lo que arroja serias dudas de que los jueces tengan el tiempo y la capacidad de abordar individualmente los problemas y preocupaciones”.
En los juicios secretos ordenados por el gobierno las audiencias se llevan a cabo por un sistema de circuito cerrado de televisión, donde en un extremo se presentan los migrantes en grandes grupos frente a una cámara, y en el otro extremo a decenas o cientos de millas de distancia, está un juez que decide sus futuros en Estados unidos.
“Además, el hecho de que a los observadores de la prensa y las organizaciones de servicios legales se les haya negado el acceso para ver lo que está ocurriendo dentro de estas instalaciones, es muy problemático y también es un tema de gran preocupación para NAIJ”, indican los jueces.
Agregan que la asociación “continuará trabajando tan duro como podamos para mejorar estas deficiencias, y convencer al Congreso de que este es solo otro ejemplo de por qué los Tribunales de Inmigración no deben ser administrados por el fiscal general de la nación, sino que deben ser trasladados a una estructura judicial verdaderamente independiente como El Tribunal Fiscal de los Estados Unidos”.
A principios de abril Trump amenazó con “deshacerse” de los jueces de inmigración para dar vía libre a su política de ‘tolerancia cero’ en la frontera. Pero los jueces le respondieron que "Es obvio que no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración".
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Para abogados de inmigración y profesores universitarios, la amenaza lanzada en ese momento por el presidente queda solo en eso, una amenaza, pero dijeron temer que las palabras debiliten el debido proceso migratorio, bajo ataque desde que el mandatario se instaló en la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.
“No creo que Trump pueda eliminar a los jueces, ni el sistema administrativo ni las cortes, que están contenidos en la ley de inmigración vigente”, dijo Bárbara Hines, profesora retirada de la clínica legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas, en Austin. Sin embargo, la amenaza “es una forma de debilitar el proceso de asilo y de protección” que existe para los inmigrantes.
“Atacar el sistema judicial ha sido la manera de fortalecer su base electoral”, indicó Hines. “Sería un desastre para el sistema (si cumple su amenaza), y como muchas de sus políticas ilegales que ha tratado de implementar”, apuntó.
Para la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, quien durante 15 años se desempeñó como fiscal de inmigración bajo tres gobiernos, “Trump piensa que los jueces de inmigración, de alguna manera, le impiden que pueda deportar a todos los inmigrantes sin el debido proceso”.
“El mandatario, simplemente, quisiera que no exista el debido proceso, la ley de asilo y los compromisos humanitarios internacionales. Aparentemente piensa que los jueces de inmigración, de alguna manera, impiden que él simplemente deporte a todo inmigrante sin que tengan derecho a pelear sus permanencias en una corte”.
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La
deportación expedita o acelerada es una ley aprobada por el Congreso Federal de Estados Unidos en 1996 que faculta a oficiales de inmigración a deportar a personas sin que comparezcan ante un juez, explica el abogado Raed González.
