Piden al Congreso investigar cortes secretas de inmigración levantadas en carpas en la frontera

Un grupo de organizaciones pidió al Congreso que investigue las cortes de inmigración que el gobierno de Donald Trump levantó en carpas en la frontera con México y lo que denominan juicios secretos que se están llevando a cabo para procesar miles de solicitudes de asilo acumuladas en los últimos meses.

En una carta enviada a los principales comités del legislativo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Amnistía Internacional Estados Unidos, El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Comisión de mujeres refugiadas, urgieron llevar a cabo “una supervisión significativa” de los migrantes que están siendo regresados a México y uso de los tribunales en carpas por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ).

Los firmantes del documento exigen al Congreso “que aborde las graves violaciones de derechos humanos y al debido proceso migratorio”, resultado de la celebración de audiencias celebradas a través de teleconferencias en video y no en persona ante un juez de inmigración.

La mayoría de los afectados corresponden a migrantes que pidieron asilo y fueron regresados a México bajo el amparo del programa Protocolos de Protección del Migrante (MPP), que entró en vigor el pasado 24 de enero.

A finales de septiembre la organización de derechos humanos Human Right Watch (HRW) denunció que los migrantes devueltos a México tras pedir asilo en Estados Unidos quedan expuestos a “secuestro, extorsión y violencia” porque son enviados a lugares sonde no hay suficiente capacidad de albergue y con altas tasas de criminalidad mientras esperan sus audiencias.

Juicios secretos

La misiva relata que el DHS construyó instalaciones temporales en carpas ubicadas en Laredo y Brownsville, y los juicios se celebran con jueces “que aparecen de forma remota” y bajo el manto del secretismo. Estos tribunales, añade, comenzaron operaciones “sin previo aviso a la comunidad legal”.

Los denunciantes señalan además que la celebración de juicios secretos en Laredo y Brownsville “obliga a los solicitantes de asilo a esperar en dos de las ciudades más peligrosas del mundo: Nuevo Laredo y Matamoros”. Y que ambas ciudades “han sido designadas por el Departamento de Estado con una advertencia de nivel cuatro para ‘No viajar’ debido a los altos niveles de delincuencia y secuestro”.

Además de esperar en zonas de alto riesgo, las organizaciones dicen estar “profundamente preocupadas por la incapacidad del DHS de proporcionar información al público (principalmente los migrantes que buscan asilo sobre las operaciones básicas y procedimientos en los tribunales de inmigración” que operan temporalmente en tiendas de campaña.

Las cuatro organizaciones denunciaron además que el gobierno impidió la entrada de abogados a los juicios para observar las audiencias, y tildaron la denegación de acceso como un acto “inaceptable”.

“El DHS ha sugerido que observadores abogados pueden asistir a los procedimientos judiciales de forma remota. (…) Pero el acceso remoto no es un sustituto adecuado del acceso en persona.
Los observadores a cientos de millas de distancia del tribunal no pueden evaluar cómo se llevan a cabo los procedimientos”, indicaron.

Problemas adicionales

A la lista de preocupaciones y quejas, el grupo describió otra serie de problemas derivados de la política migratoria de Trump en la frontera para tratar los casos de asilo. “En Matamoros, los abogados se ven obligados a ejecutar asistencia legal en clínicas al aire libre donde los migrantes sujetos a permanecer en México están varados”, señalan.

A su vez, en las carpas erigidas en Laredo y Brownsville, “el DHS restringe el tiempo y la forma de contacto permitidos entre abogados y sus clientes”, revelan. Los abogados también deben dejar computadoras portátiles y teléfonos celulares en casilleros, mientras que los abogados del DHS tienen acceso a teléfonos celulares y computadoras portátiles durante la corte”, se lee en la carta.

El grupo dice además que “estas prácticas constituyen violaciones del debido proceso y comprometen la legitimidad de estos procedimientos”. Y que los tribunales de inmigración “no son una rama judicial independiente, sino un componente del Departamento de Justicia, un elemento inherente que falla en la estructura de los tribunales de inmigración”.

“Los jueces de inmigración ya son vulnerables a los ataques”, precisan.

Otra denuncia indica que el DHS “ejerce un control casi total sobre el acceso a las instalaciones, y está a cargo de las decisiones procesales y operativas que se toman dentro de los tribunales temporales”.

Las exigencias

Además de pedirle al Congreso que investigue los juicios secretos, el grupo exige al DHS “terminar inmediatamente el programa MPP”. Y que mientras el programa permanezca
operacional, el DHS y DOJ deben:

• Permitir el acceso de abogados y periodistas a los tribunales secretos;
• Permitir que los abogados asistan a la corte en nombre de sus clientes, incluso si los clientes no se han presentado con éxito en el puerto de entrada antes de la audiencia;
• Acceso a los migrantes a abogados probono;
• Identificar los nombres de los jueces de inmigración que han sido asignados para presidir los juicios secretos;
• Permitir que los abogados usen dispositivos (teléfonos y computadoras) dentro de las cartas;
• Permitir que los abogados acompañen a sus clientes durante las entrevistas previas a la devolución a México;
• Que los abogados tengan tiempo para hablar y asesorar a sus clientes antes de la audiencia;
• Visitar las carpas donde permanecen migrantes deten idos en espera de sus casos de asilo;

El grupo agradeció a los miembros de los comités Judicial, de Seguridad Nacional, de Supervisión y Reforma, de Asignaciones, y de Asuntos exteriores de ambas cámaras por las atenciones que brinden a las exigencias contenidas en la carta.