Juez extiende hasta el 23 de febrero bloqueo de la moratoria de deportaciones de Biden
Drew Tripton, quien preside la corte del Sur de Texas, extendió por otras dos semanas la suspensión de la moratoria de deportaciones de 100 días anunciada por el gobierno de Biden el pasado 20 de enero.
Por:
Jorge Cancino.
Según expertos en inmigración, los agentes de ICE tienen aún la potestad de tomar decisiones sobre las deportaciones, pero el gobierno de Biden seguirá peleando el caso en corte. Se espera que el próximo martes el presidente anuncie la creación de un equipo de trabajo encargado de reunificaciones familiares. El Congreso aún no discute el plan de reforma migratoria propuesto por el mandatario. Más información aquí.
Video Otro revés para Biden: Un juez de Texas ordena que las deportaciones podrán seguir hasta finales de febrero
El juez que en enero bloqueó la moratoria de deportaciones por 100 días anunciada por gobierno de Joe Biden fue extendida hasta el 23 de febrero mientras continúa en curso una demanda entablada por el estado de Texas.
Accediendo a los argumentos presentados por el Procurador General Ken Paxton, de que la moratoria viola la ley federal e incumple un acuerdo alcanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el Estado de Texas (al término del gobierno de Donald Trump), el juez Drew Tripton, quien preside la corte del Sur de ese estado, había ordenado suspenser por dos semanas la moratoria mientras revisaba el caso.
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La semana pasada el tribunal celebró una audiencia donde tanto el estado de Texas como el gobierno federal presentaron sus argumentos. En esa ocasión, la oficina de Paxton solicitó al tribunal extender el plazo de la suspensión por otros 14 días.
Paxton ha descrito el freno de deportaciones, anunciado el 20 de enero por el secretario interino del DHS David Pekoske, como una "abdicación total" de las responsabilidades del gobierno federal para hacer cumplir directivas precisas sobre el tema.
El viernes Paxton dijo al tribunal que la moratoria concede "al menos una amnistía temporal a decenas de millones" de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales, según fiscal, tienen antecedentes o cargos penales pendientes.
Según la demanda presentada por Paxton, la moratoria “impide hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos y promueva el retorno al país de extranjeros inadmisibles y deportables”.
Texas argumenta además que la moratoria “es “arbitraria, caprichosa, un abuso de discreción y no está de acuerdo con la ley”, además de exceder la autoridad que el DHS” en la materia.
Durante el gobierno de Trump la permanencia indocumentada fue decretada como una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
La primera orden de dejar sin efecto la moratoria de deportaciones tenía un plazo de 14 días que vencen esta semana. En vista que la corte no ha emitido una sentencia definitiva sobre la demanda y a solicitud de Paxton, el juez Tripton extendió el lunes la suspensión del beneficio por otros 14 días.
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Texas también argumenta que con la moratoria, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) podría perder el control de los extranjeros con antecedentes criminales que se encuentran en el país o que tienen órdenes de deportación final.
De acuerdo con documentos de la corte, el gobierno federal tiene hasta el 12 de febrero para responder a la moción preliminar presentada por el fiscal general de Texas. El 19 de febrero esta agendada otra audiencia sobre la moción.
En el fallo del 23 de enero el juez Tipton dijo que la orden tenía alcance nacional y “prohíbe el cumplimiento e implementación de las políticas del 20 de enero en la Sección C, titulada Pausa inmediata de 100 días en las deportaciones".
El 20 de enero, el mismo día que Biden tomó posesión del cargo, el director interino del DHS firmó memorando dirigido a todas las dependencias bajo su mando anunciando la medida, que se basa en la revocatoria de la Orden Ejecutiva 13768 del 25 de enero de 2017 (Mejora de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos), decreto que había establecido severas prioridades de deportación, que la permanencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos y castigaba a las ciudades o jurisdicciones santuario.
El memorando ordenó a las agencias que operan bajo el mando del DHS y que participan en el proceso migratorio (USCIS, ICE y CBP) llevar a cabo una revisión de políticas y prácticas relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración” y que fueron dictadas durante el gobierno de Trump.
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El documento indica que principalmente deben ser revisadas las prioridades de deportación.
El 25 de enero de 2017, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario, estableció las siguientes prioridades de deportación:
Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
Fuentes demócratas dijeron a Univision que el presidente Biden quiere volver a establecer las prioridades establecidas por Obama el 20 de noviembre de 2014:
Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
Prioridad 2B: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
Prioridad 3: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
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El memo explica, además que “el jefe de personal coordinará una revisión de políticas y prácticas en todo el DHS en relación con la aplicación de la ley de inmigración”. Una vez revisadas, cada dependencia desarrollará recomendaciones para abordar aspectos de la aplicación de la ley de inmigración.
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