Juez federal bloquea la moratoria de deportaciones de 100 días anunciada por el gobierno de Biden
El juez federal Drew Tipton, quien preside la Corte de Distrito del Sureste de Texas, aceptó los alegatos presentados por el estado de Texas y otorgó una solicitud de emergencia ordenando al gobierno de Biden dejar sin efecto la moratoria de deportaciones.
Por:
Jorge Cancino.
La moratoria de deportaciones de Biden queda ahora sin efecto.
Imagen Emilio Espejel/AP
El juez federal Drew Tipton, quien preside la Corte de Distrito del Sureste de Texas, aceptó los alegatos presentados por el estado de Texas y deja sin efecto la moratoria de deportaciones por 100 días anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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El juez otorgó una solicitud de emergencia ordenando al gobierno y sus respectivos funcionarios que deben rechazar y restringir el cumplimiento de las políticas contenidas en el memorando del 20 de enero.
Tipton dijo que la orden tiene alcance nacional y “prohíbe el cumplimiento e implementación de las políticas del 20 de enero en la Sección C, titulada Pausa inmediata de 100 días en las deportaciones".
Dos días después de anunciada la moratoria, el estado de Texas entabló una demanda para impedir que Biden ejecute la moratoria, demostrando de esa forma su antagonismo a la nueva política tras cuatro años de apoyar y aplaudir las medidas decretadas por Trump.
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la decisión de la corte de Texas constituye un duro golpe para la política migratoria de Biden que, desde el miércoles de la semana pasada, busca deshacer la política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump.
“Acaban de bloquear la orden ejecutiva que paraba por 100 días las deportaciones y da luz verde a las jurisdicciones que están sujetas a cumplir la ley que deben hacerlo y seguir con las deportaciones”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
“Ahora todos los inmigrantes que estaban protegidos por el memorando del 20 de enero deben ser cautelosos. Y si están pensando que no podían ser deportados, ojo que ahora si pueden hacerlo. Deben ponerse en contacto con sus abogados para que revisen sus expedientes y estudien opciones”, agregó.
A su vez, Bárbara Hines, una exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Austin, dijo que “la corte de Texas, en vez de poner la atención en el país, fija la mirada en la política migratoria de Donald Trump”.
“Es una lástima vivir en este estado. Lo que pienso es que el gobierno de Biden va a apelar y ojalá que la Corte de Apelaciones del 2º Circuito ponga fin a la intervención del estado de Texas en la política federal de inmigración”.
El 20 de enero, el mismo día que Biden tomó posesión del cargo, el director interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Pekoske, firmó memorandodirigido a todas las dependencias bajo su mando anunciando la medida, que se basa en la revocatoria de la Orden Ejecutiva 13768 del 25 de enero de 2017 (Mejora de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos), decreto que había establecido severas prioridades de deportación, que la permanencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos y castigaba a las ciudades o jurisdicciones santuario.
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El memorando ordena a las agencias que operan bajo el mando del DHS y que participan en el proceso migratorio (USCIS, ICE y CBP) llevar a cabo una revisión de políticas y prácticas relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración” y que fueron dictadas durante el gobierno de Donald Trump.
Pekoske indicó que principalmente deben ser revisadas las prioridades de deportación.
El 25 de enero de 2017, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario, estableció las siguientes prioridades de deportación:
Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
Fuentes demócratas dijeron a Univision que el presidente Biden quiere volver a establecer las prioridades establecidas por Obama el 20 de noviembre de 2014:
Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
Prioridad 2B: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
Prioridad 3: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
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El memo explica, además que “el jefe de personal coordinará una revisión de políticas y prácticas en todo el DHS en relación con la aplicación de la ley de inmigración”. Una vez revisadas, cada dependencia desarrollará recomendaciones para abordar aspectos de la aplicación de la ley de inmigración, entre ellas:
Priorización del uso de personal de ejecución de la ley;
Espacios de detención;
Personal (contrataciones o despidos);
Uso de la discrecionalidad;
Políticas de detención;
Políticas de interacción entre agencias federales y colaboración de agencias estatales y locales de aplicación de la ley.
Qué dice Texas
Tras el fallo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que “la decisión de la Corte de impedir que la Administración Biden ponga a un lado las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso es un remedio muy necesario para la acción ilegal del DHS”.
“Una suspensión casi completa de las deportaciones sólo serviría para poner en peligro a los texanos y socavar la ley federal", indicó.
Paxton dijo además que, “no se puede permitir que las amenazas a la seguridad ilegales se mantengan, y la ley debe ser respetada”.
El fiscal general texano indicó además que “felicito a la Corte por dar prioridad a la ley y la seguridad de nuestros ciudadanos, y continuaré defendiendo a Texas contra las acciones ilegales e inconstitucionales del presidente Biden y su administración".
La orden del juez Tipton solo se refiere a la moratoria y no afecta al resto de las instrucciones establecidas en el memorando.
