Juez federal da luz verde a demanda de 16 estados contra la cancelación de DACA

Una Corte Federal de Nueva York dictaminó el jueves que la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar gradualmente la Acción Diferida de 2012 (DACA) puede ser objeto de una revisión judicial.

El fallo, emitido por el juez federal de distrito Nicholas Garaufis, da luz verde para que se mantengan vigentes dos demandas en contra de la decisión del presidente, una de ellas presentada por 16 estados y el Distrito de Columbia, mientras se decide el curso de una apelación.

Garaufis consideró que “el argumento (del gobierno) de que la decisión de cancelar el programa DACA no es revisable... no es convincente”. Este es uno de los principales argumentos esgrimidos por los abogados del Departamento de Justicia, que piden a los tribunales desestimar las demandas.

El juez también rechazó las afirmaciones de los abogados del gobierno, de que la decisión constituye “un ejercicio de criterio del ejercicio de la ley” que es inmune a una revisión judicial.

El octubre, durante el desarrollo de una audiencia en la que los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos orales, Hashim M. Mooppan, vicefiscal general, acusó a los abogados de los estados que demandaron al gobierno, de lanzar una estrategia cuyo objetivo es buscar documentos y testimonios para revelar, de manera inapropiada, detalles sobre la toma de decisiones de los niveles más altos del gobierno federal que dieron por resultado la cancelación de DACA, una decisión que está dentro de las atribuciones ejecutivas del presidente.

La primera demanda

El 6 de septiembre, un día después de que el fiscal general, Jeff Sessions, anunció el fin de DACA, los fiscales generales de 15 Estados y el Distrito de Columbia (DC) presentaron una demanda contra el presidente Trump y la jefa interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke.

Los demandantes alegan que el mandatario violó la cláusula de igual protección de la Constitución discriminando a los mexicanos, que representan el 78% de los receptores de DACA. También argumentan que la revocación de DACA viola componentes de la 5ta Enmienda de la Constitución e indican que el DHS podría llevar a cabo un papel “arbitrario, inconstitucional y contrario a la ley”.

Los fiscales generales que demandaron la decisión del presidente precisan que la cancelación de DACA causaría daño a miles de residentes, provocaría pérdidas a universidades, alteraría lugares de trabajo y perturbaría los intereses legales y reglamentarios de los Estados.

La cancelación de DACA dejó al borde de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos, y que el gobierno de Barack Obama, por medio de una acción ejecutiva, amparó sus deportaciones.

Opiniones previas

A finales de septiembre Garaifus había declarado, en respuesta a la postura del gobierno, que “esto es una democracia y esas personas han crecido en Estados Unidos… Nadie debería apoyar una decisión tan insensible. Tengo 68 años, he trabajado en todas las ramas del gobierno y jamás me había enfrentado a algo tan despiadado”.

“Como ser humano y como ciudadano estadounidense todo esto me resulta inaceptable, y doy gracias a Dios por haber nacido en Patterson, Nueva Jersey, y no en la Ciudad de México”, añadió.

En octubre una corte federal de apelaciones en Manhattan instruyó a un tribunal menor decidir si es que los jueces pueden revisar la decisión de poner fin a DACA.

El gobierno, tras cancelar DACA, fijó un plazo hasta el 5 de octubre para que todos aquellos beneficiarios del programa, cuyos permisos de trabajo vencieran entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, solicitaran un nuevo amparo de deportación por otros dos años.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) estimó que la medida benefició a los 154,000 dreamers. Tras el vencimiento del plazo, la agencia dijo que había recibido alrededor de 132,000 solicitudes.

Además de la demanda de los 15 Estados y el Distrito de Columbia, el gobierno de Trump enfrenta otra entablada por la Universidad de California, una tercera presentada por los procuradores de justicia de California, Maine, Maryland y Minnesota, una cuarta por parte de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), la quinta por un grupo de seis dreamers, y la semana pasada una sexta entablada por la Universidad de Princeton, Microsoft y una estudiante protegida por el programa.

Todas ellas argumentan que el gobierno de Trump viola la 5ta Enmienda de la Constitución que garantiza que la ley debe proteger a todos por igual.

A su vez, la Universidad de Princeton y la empresa tecnológica argumentan que el fin de DACA los perjudica, ya que dependen y se benefician de la contribución de los dreamers.