Más de 10 estados bajo control republicano prometen ofensiva contra DACA si no hay pacto en el Congreso

Las probabilidades de que el gobierno federal vuelva a cerrar por falta de dinero el 8 de febrero son mínimas. Un acuerdo bipartidista para extender por otras cuatro semanas el presupuesto está en curso y será entregado en las próximas horas. Lo que no está claro es qué va a suceder con los dreamers.

De no probarse una enmienda antes del 5 de marzo que les otorgue una residencia provisional por 12 años y luego la ciudadanía, como ofrece el presidente Donald Trump, los procuradores generales de Texas, otros 10 estados y un gobernador, todos ellos republicanos, presentarán una demanda similar a la que detuvo la ampliación de DACA y DAPA en febrero de 2015.

“No hay que olvidar que la razón de la fecha del 5 de marzo la definió el presidente por la amenaza del procurador general de Texas, Ken Paxton, y otros 10 procuradores, de enjuiciar al gobierno federal por permitir DACA”, dijo a Univision Noticias una fuente republicana conocedora de las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso.

La historia de DACA y DAPA

DACA fue activado en 2012 por el presidente Barack Obama. El programa otorga un amparo temporal de deportación y un permiso de trabajo renovable cada dos años. Los beneficiarios debían demostrar que tenían menos de 30 años al 15 de junio de 2012.

El 20 de noviembre de 2014 Obama firmó una segunda orden ejecutiva para ampliar los beneficios de DACA, extender la edad mínima y conceder a unos 5 millones de indocumentados padres de residentes legales y ciudadanos (DAPA) la misma protección, pero por tres años.

Texas y otros 26 estados demandaron la acción ejecutiva de Obama bajo el argumento que el presidente violó la Constitución al cambiar la ley de inmigración, algo que le compete únicamente al Congreso.

A finales de junio del año pasado, cinco meses después que Trump llegara a la Casa Blanca, 11 procuradores generales encabezados por Texas y un gobernador amenazaron al gobierno con acudir a los tribunales por “permitir” que DACA siguiera funcionando.

“Se llegó a un acuerdo para cancelarlo y darle un plazo al Congreso para que resolviera el dilema antes del 5 de marzo”, reiteró la fuente. “Nadie contaba que una corte anularía la cancelación y el programa siguiera vigente a nivel nacional. Ahora los demandantes dicen que como nada cambió, la demanda puede activarse en cualquier momento a partir de esa fecha.

Qué dice Trump

El viernes el presidente escribió en su cuenta de Twitter que los demócratas "se han rendido en el Congreso respecto a DACA y se supone que ese es su tema, pero es nuestro porque somos nosotros (los republicanos) los que estamos ocupándonos de DACA, no ellos".

Los demócratas rechazaron los comentarios del mandatario. La oficina de la senadora Catherine Cortez Masto (Nevada) aseguró que en la Cámara Alta continúan las negociaciones “para llegar a un acuerdo”.

En la Cámara de Representantes también se llevan a cabo reuniones bipartidistas a puertas cerradas, reconoce una fuente demócrata que pidió mantener su nombre en reserva porque no está autorizada a revelar detalles.

¿Por qué entonces Trump dijo el viernes que los demócratas se rindieron? ¿Espera el presidente que fracasen las negociaciones para que llegue el 5 de marzo sin ninguna clase de acuerdo y los 11 estados encabezados por Texas demanden DACA en el mismo tribunal que frenó la ampliación del programa y DAPA?

El viernes por la noche la Casa Blanca no negó la versión consultada por Univision Noticias respecto a la amenaza de Texas. Señaló que “el presidente Trump busca un acuerdo que le provea un camino hacia la ciudadanía para los que están bajo DACA”. Tampoco mencionó que las negociaciones estén en un punto muerto.

Pero reconoció que a la fecha no se han alcanzado acuerdos sobre el tema. “Esto requiere un acuerdo bipartidista y bicameral, y los demócratas tienen que poner de su parte, si bien es cierto que quieren una solución oportuna y permanente para los beneficiados de DACA”, dijo Helen Aguirre Ferré, directa de medios y asistente especial del presidente.

Guerra de posturas

La oposición insiste en que grupos bicamerales siguen negociando para alcanzar un acuerdo antes del 8 de febrero, cuando vence el plazo de tres semanas fijado en enero para que el gobierno federal continúe operando. Añaden que esta semana en el Senado asomaría ¡un plan de presupuesto temporal por otras cuatro semanas mientras se sigue debatiendo el futuro de los dreamers.

De las negociaciones, los demócratas acusan al presidente de obstruir las conversaciones bipartidistas. “Es la única persona a la que no le interesan los dreamers”, dice Reynaldo Benítez, vocero de la senadora de Nevada Cortes Masto. “Prefiere sabotear desde sus campos de golf los esfuerzos bipartidistas en el senado”, agrega.

Las fuentes republicanas insisten, sin embargo, que las negociaciones se llevan a cabo “de buena fe”. Y que “el número que dio el presidente (de darle la ciudadanía a 1.8 millones de dreamers) es más que generoso, aún más de lo que los republicanos esperaban y pedimos que los demócratas hagan lo mismo”.

Pero por otro lado algunos republicanos moderados reconocen que el sector ultraconservador del partido no está de acuerdo con el plan migratorio del presidente, al que tilda de “amnistía”. Y reiteran la preocupación de que, si no se llega a un acuerdo antes del 5 de marzo, Texas y los otros 10 estados presentarán la demanda para acabar con DACA.

“La demanda se presentará en la corte del juez Andrew S. Hanen, en Brownsville, el mismo tribunal que en febrero de 2015 detuvo la ampliación de DACA y DAPA. En teoría, utilizarán el mismo argumento legal. Por eso las negociaciones en el Congreso son claves y esperemos que todos negocien en buena fe”, dijo la fuente republicana.

Que dicen los dreamers

“Nosotros hemos sido y seguimos siendo bien claros en nuestra postura, la respuesta (oferta de plan migratorio) del presidente Trump no la aceptamos (la ciudadanía a cambio de $25,000 millones para la construcción del muro en la frontera con México, además de aumentar los arrestos y acelerar las deportaciones del resto de indocumentados)”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD)

“El querer acelerar las deportaciones y separarnos de nuestras familias, castigar a nuestros padres, no lo queremos. No estamos dispuestos a intercambiarlos a ellos por nosotros”, agregó.

A la pregunta sobre la intención de algunos sectores republicanos ultraconservadores de entorpecer las negociaciones para que venza el plazo del 5 de marzo y dejar la puerta abierta a la demanda de Texas contra DACA, Guzmán respondió que “no me sorprendería que Trump buscara esa estrategia para acabar el programa y echarle toda la culpa a los demócratas”.

“Y estamos claros en que la victoria para los republicanos y el presidente no es darnos algún tipo de protección a nosotros, sino cambiar el sistema migratorio vigente y acelerar las deportaciones de los otros 9 millones de indocumentados, incluyendo a nuestros padres. Eso es lo que ellos están buscando. El 5 de marzo sólo la miran como una fecha de intercambio”.

Los argumentos de Texas

Paxton y los otros 10 procuradores generales de Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Louisiana, Nebraska, Tennessee, Virginia Occidental e Idaho, además del gobernador de ese último estado, piden exigen que el gobierno de Trump “termine con el programa DACA, rescinda el memorando que lo creó en 2012, y se asegure de que no habrá nuevos permisos o renovaciones”.

Si bien Trump canceló DACA el pasado 5 de septiembre, permitió que unos 154,000 de los casi 800,000 beneficiarios del programa (aquellos cuyos permisos de trabajo vencieron entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018) renovaran los amparos de sus deportaciones por otros dos años. Y le pidió al Congreso que debatiera una manera de legalizar sus permanencias.

Tras el fallo de un juez federal el 9 de enero, que anuló la cancelación de DACA, los procuradores advirtieron que la demanda de 2014 sigue pendiente en tribunales federales porque no llegó a ser decidida por la Corte Suprema de Justicia.

De presentarse y DACA fuera cancelado, Trump deberá desistir de su oferta para darle la ciudadanía a 1.8 millones de dreamers a cambio de $25,000 millones para seguridad fronteriza incluyendo la construcción del muro en la frontera con México. Y nada detendrá su dura política migratoria definida el 25 de enero del año pasado, cuando firmó las órdenes ejecutivas sobre el muro en la frontera con México y las ciudades santuario, y decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.