La policía lo retuvo en la cárcel para que ICE lo deportara, pero él tenía una 'green card'

Una demanda interpuesta en una corte federal de Florida alega que policías de ese estado retuvieron injustificadamente durante varias horas a un enfermero jamaiquino con una tarjeta de residente permanente ( green card) por creer que era un indocumentado cuya custodia debía ser transferida al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La querella afirma que Neville Christopher Brooks, quien llegó a Estados Unidos con un estatus de residente permanente en 2017, fue víctima de perfil racial porque los agentes de la oficina de alguaciles del condado Marion (MCSO), en el norte de Florida, se basaron únicamente en su lugar de nacimiento para proceder con el proceso de entregarlo a las autoridades migratorias.

Brooks fue arrestado al filo de la medianoche del 11 de agosto de 2020 acusado de agresión, un delito menor que fue desestimado. La mañana siguiente sus familiares pagaron una fianza de 100 dólares, que el juez le impuso para no exponerlo a la pandemia en la cárcel. Pero los agentes no lo liberaron inmediatamente y enviaron a ICE mensajes preguntando si había alguna orden para retenerlo.

“El recluso Neville Brooks ha pagado la fianza y está listo para ICE", se lee en un correo electrónico que un policía envió a dicha dependencia federal, describe la demanda. Por la noche, un oficial migratorio respondió que no tenían ninguna orden de deportación pendiente. Pero tampoco bastó para sacarlo de la cárcel. Esperaron hasta la mañana del 13 de agosto, cuando el mismo agente de ICE indicó que Brooks “tenía una tarjeta verde y no podía ser deportado”. Hasta las 8:22 am le permitieron irse.

La demanda asegura que Brooks fue obligado a permanecer 20 horas más después de que pagaron su fianza y durante más de 11 horas luego de que ICE verificó que no lo tenía en su lista de prioridades. Permaneció en un lugar con decenas de reclusos, cinco días después de su liberación tuvo síntomas de coronavirus y terminó con neumonía en la sala de emergencias de un hospital.

“Pensé que me deportarían como delincuente a Jamaica y que la vida sería muy dura para mí allí… Nadie me preguntó sobre mi estatus migratorio; simplemente asumieron que ICE me quería”, le dijo Brooks a la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que interpuso la demanda junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida.

La colaboración entre ICE y los alguaciles

Los alguaciles de Marion y ICE tienen un acuerdo para garantizar la transferencia de reos indocumentados. Además, la legislación estatal SB 168, promulgada en 2019, les exige a policías municipales y alguaciles hacer cumplir la ley federal de inmigración y colaborar ampliamente con ICE.

Timothy T McCourt, consejero general de la oficina de alguaciles de Marion, dijo a Univision Noticias que eso fue precisamente lo que hicieron los agentes que retuvieron a Brooks.

“Ninguna política o práctica de los alguaciles está motivada por animosidad o una intención deliberada de causar daño a cualquier tipo de personas”, dijo en una declaración enviada a este medio.

“Nosotros juramos defender los derechos constitucionales de todas las personas, ciudadanos y no ciudadanos por igual, y la adhesión a este deber fundamental es lo que en última instancia nos motiva y guía”, agrega McCourt.

“Además de este deber, la oficina del Alguacil, como agencia de aplicación de la ley, está obligada por la ley de Florida, específicamente el Estatuto de Florida 908.104(1), a hacer todo lo posible para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración”, enfatizó. “Continuaremos haciéndolo en el futuro”.

Un vocero de ICE pidió referir todas las preguntas sobre dicho incidente a los alguaciles de Marion ya que su agencia no ha sido mencionada en la querella de Brooks.

La “extralimitación” de la policía

De acuerdo con el SPLC, el caso de Brooks no es único, pues desde 2019 han sucedido al menos otros seis incidentes semejantes en los que los alguaciles de Marion prolongaron la detención de residentes permanentes y ciudadanos por creer que no tenían un estatus que les permitiera permanecer en este país.

“En un estado donde al menos una de cada cinco personas nació en el extranjero, este es el triste pero predecible resultado de la proliferación de falsas narrativas antiinmigrantes en la política de Florida y la consiguiente adopción de medidas demasiado agresivas como la SB 168”, dijo Amien Kacou, abogado de ACLU de Florida, en un comunicado.

“Año tras año, vemos los efectos dañinos de la continua extralimitación de las fuerzas del orden público de Florida en la política de inmigración”, agregó.

En Florida, más del 21% de la población nació en otro país, incluidos casi 2.6 millones de naturalizados y más de 1.3 millones de residentes permanentes.

Brooks ha trabajado como asistente de enfermero desde noviembre de 2017. Hasta enero de 2022, vivió y trabajó en la ciudad de Ocala, en el condado Marion. Actualmente estudia para obtener un título de enfermero registrado de la Universidad de Herzing, en Orlando.

Tras su arresto 2020 él “ha tratado de evitar en la medida de lo posible estar en la carretera, incluso minimizando los viajes para comprar alimentos y otros suministros, para evitar la posibilidad de cualquier contacto con la policía”, alega la demanda, que pide una compensación no especificada.

“(Los alguaciles) tenía mi licencia de conducir que contiene toda la información que necesitaban para verificar mi estatus. Pero ni siquiera lo pidieron. Todo lo que necesitaban estaba frente a ellos. Simplemente asumieron; eso es lo que me enojó, me enojó mucho”, le dijo Winston al SPLC.

“Lo que digo es: si vas a detener a alguien, primero debes realizar una investigación”.