Para evitar deportaciones sin base, juez ordena al gobierno no retrasar la entrega de expedientes de inmigrantes
“Esto ayudará a miles de inmigrantes en juicio de deportación, sobre todo cuando los expedientes demuestran que no fueron ellos quienes se equivocaron durante un caso que los puso en proceso de expulsión del país”, dicen abogados.
Por:
Jorge Cancino.
Un juez federal de Manhattan, Nueva York, bloqueó este viernes la polémica regulación que el gobierno de Donald Trump anunció en octubre del año pasado y que en agosto se publicó en el registro federal como versión final para entrar en vigor el próximo 15 de octubre.
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Una corte federal de San Francisco, California, ordenó al gobierno de Donald Trump que no retrase la entrega de expedientes a inmigrantes para no retrasar innecesariamente sus casos y con ello provocar sus deportaciones de Estados Unidos.
En el dictamen, el juez William H. Orrick, de la corte federal del Distrito Norte de California, dispuso que tanto la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), deben respetar los plazos establecidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA), y responder los pedidos de información en un plazo no mayor de 30 días.
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Según la FOIA, las personas deben recibir una determinación sobre sus solicitudes de información en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, los inmigrantes y los abogados que presentan FOIA ante LA USCIS para obtener copias de los archivos de inmigración, conocidos como o ‘A-Files’, “enfrentan tiempos de espera superiores a ese tiempo y en algunos casos las demoras pueden ser de meses”, argumentaron en la demanda el Consejo Estadounidense de Inmigración (CIS) y sus socios, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP) y las Oficinas Legales de la firma de abogados Stacy Tolchin.
“El dictamen obliga al servicio de inmigración (USCIS) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, agencia federal encargada de las deportaciones) que respeten los plazos del FOIA, y respondan las peticiones de pedido de documentación de inmigrantes en los plazos establecidos”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“Esto ayudará a miles de inmigrantes en juicio de deportación, sobre todo cuando los expedientes demuestran que no fueron ellos quienes se equivocaron durante un caso que los puso en proceso de expulsión del país”, añadió.
En el fallo, el juez Orrick determinó que tanto la USCIS como ICE tienen un patrón y una práctica sistémicos de no proporcionar acceso a registros de casos de inmigración dentro de los plazos establecidos por la FOIA.
El CIS indicó que los expedientes o registros de los inmigrantes, conocidos como Archivos A, “contienen información sobre el historial de inmigración de las personas en Estados Unidos”, y que esta es la primera vez que una corte “certifica una clase en una demanda alegando un patrón y práctica de violación de lo estipulado por el FOIA”.
La demanda, que fue presentada en junio, solicitó al tribunal que “obligue a las agencias de inmigración a proporcionar acceso oportuno a los archivos de inmigración, que son fundamentales para evaluar las opciones legales de inmigración en Estados Unidos y defenderse contra la deportación”.
El dictamen “indica que el gobierno es responsable de responder como señala la ley, y no puede incumplir el mandato del Congreso”, dijo a Univision Noticias Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington, una de las organizaciones demandantes.
“Ahora el gobierno deberá responder dentro del plazo de 30 días. El fallo protege a inmigrantes en todo el país”, agregó Adams.
Clase USCIS: Todas las personas que presentaron, o presentarán, solicitudes A-File FOIA con USCIS que han estado pendientes, o estarán pendientes con USCIS durante más de 30 días hábiles sin una determinación.
Clase de referencia de ICE: Todas las personas que presentaron, o presentarán, A-File FOIA solicitan a USCIS que USCIS haya remitido, o lo haga, a ICE y que haya estado pendiente, o estará pendiente durante más de 30 días hábiles a partir de la fecha de presentación inicial ante el USCIS sin una determinación.
“En muchos casos, cuando el abogado y el cliente reciben el A-File, descubren por ejemplo que no fue el inmigrante el que se equivocó durante el proceso que lo colocó en deportación, sino que fue el propio gobierno o un gestor no autorizado”, explicó Guerrero. “Por eso la importancia del fallo, porque con esa información a tiempo uno puede rearmar el caso y luchar por los derechos de permanencia del cliente”, añadió. “También se han visto casos en que fue el gobierno cometió el error al enviar una Notificación de Comparecencia (NTA) a una dirección incorrecta. Pero como el gobierno algunas veces demora meses en responder a un pedido de FOIA, los casos de complican. El fallo no pudo llegar en mejor momento”, indicó.
Los demandantes señalaron que “tanto USCIS como ICE toman habitualmente varios meses para responder las solicitudes de información FOIA”, y que al final del año fiscal 2018 “el servicio de inmigración tenía acumuladas 41,320 solicitudes”.
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El juez Orrick, en la decisión, dijo que los no ciudadanos tienen derecho “a obtener copias oportunas de sus A-Files”, y que en este caso las mismas agencias que demoran las entregas “son las mismas que se encargan de acelerar los procesos de deportación”.
"Las demoras rutinarias y excesivas del gobierno causan dificultades emocionales y financieras innecesarias para los no ciudadanos que quedan en el limbo legal mientras esperan obtener sus registros", dijo Emily Creighton, abogada directora del Consejo Estadounidense de Inmigración. "Esta decisión permite a los miembros de la clase una oportunidad significativa para desafiar las prácticas actuales".
“El gobierno viola la ley al retrasar su respuesta a casi todas las solicitudes de FOIA que he presentado para mis clientes. No hay otra forma de obtener esos registros, por lo que esta violación reiterada debe ser correjida", dijo Zachary Nightingale, un abogado de inmigración de San Francisco y que fue parte de la demanda.
Zachary dijo además que “la demora ilegal es particularmente perjudicial para los clientes en los procedimientos de deportación que necesitan acceder a sus propios registros para defenderse en los tribunales. Resolver este problema a nivel de clase mejorará fundamentalmente todo el proceso legal”, apuntó.
“Los retrasos costaron a mis clientes innumerables horas de frustración y preocupación”, dijo el abogado de inmigración Courtney McDermed, quien ejerce en Oakland, California y que también formó parte del grupo de demandantes. “Si pudiéramos obtener los archivos de manera oportuna, nuestra representación será más eficiente y efectiva", concluyó.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
